La ´normatitis´ al fogón

Colombia sufre de sobreproducción normativa. Esa no es ninguna novedad. Como tampoco lo es que todos los esfuerzos realizados en pos de una simplificación del número de leyes, decretos y otras reglamentaciones en las últimas décadas han resultado insuficientes, ya que casi que con la misma velocidad que se eliminan regulaciones legales de distinto tipo, se emiten o aprueban cantidades similares o mayores.

El actual gobierno, por ejemplo, ha emprendido varias estrategias de depuración normativa. A mediados de 2015 se eliminaron no menos de 10 mil decretos, muchos de ellos inaplicables ya fuera porque su objeto se había extinguido o simple y llanamente porque sus mandatos estaban contenidos, precisados o corregidos en otras regulaciones. Esa compilación legal permitió expedir 21 decretos únicos reglamentarios que contenían todo el andamiaje jurídico atinente a 15 ministerios y seis departamentos administrativos del orden nacional. Al decir de los expertos toda esta tarea, que se sustenta en un documento Conpes de 2014, si bien significó un avance sustancial en racionalización normativa, luego evidenció una serie de vacíos que fue necesario ir llenando con la expedición de nuevas regulaciones, eso sin contar las modificaciones ordenadas por sendos fallos de los tribunales y altas cortes.

Paralelo a lo anterior, en los últimos años se ha trabajado intensamente desde el Ejecutivo en la eliminación de trámites, bajo la tesis de que la proliferación de gestiones ante las entidades públicas no sólo es un caldo de cultivo para la corrupción y el desgreño administrativo, sino que va en contra de la formalización de las actividades económicas, administrativas, sociales e institucionales de la población. Aunque a cada tanto se anuncia la eliminación de decenas e incluso cientos de trámites, sin embargo al poco tiempo se hace necesario volver a revisar los sectores reformados, ya que así como se eliminan diligencias que se consideran prescindibles, se crean otras

Días atrás, el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Justicia, volvió a la carga en este frente, al radicar en el Congreso un nuevo proyecto de ley de depuración normativa que, según la exposición de motivos, busca dar cumplimiento a la estrategia de fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, dirigida a simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídico mediante la expulsión definitiva de normas obsoletas.

Tras un proceso casi de cuatro años, en el que se analizaron y clasificaron miles de normas existentes sobre 24 sectores de la administración pública, se encontró que hay 15.772 regulaciones potencialmente depurables. Se trata de 10.686 leyes, 1.355 decretos leyes y 3.731 decretos legislativos. Tras una revisión final se propuso eliminar 11.819. Según el titular de la cartera de Justicia algunas normas datan del siglo XIX, como la Ley 56 de 1878 por la cual se ordena educar por cuenta de la Nación a los hijos de Cecilio Torres, o la Ley 62 de 1887, en cuyo artículo 4º se prevé la prohibición de la “importación de chinos” para cualquier trabajo en el territorio colombiano.

Lo más llamativo de ese compilado de normas a eliminar es que el 67 por ciento corresponde a mandatos legales cuyo objeto se agotó o cesaron sus efectos. Es decir que eran ya inaplicables. El resto es posible sacarlas del ordenamiento jurídico por causales como derogatoria orgánica, no adopción como legislación permanente, obsolescencia, agotamiento del término definido en la norma o cambio de régimen constitucional. En cuanto a los sectores administrativos con mayor campo para pasar esta tijera normativa, el de hacienda y crédito público lleva una amplia delantera con el 44 por ciento de normas a derogar.

No deja de llamar la atención que un proyecto de tanta importancia para el ordenamiento y la seguridad jurídica en Colombia sólo sea llevado al Congreso cuando restan apenas dos meses y medio del cuatrienio legislativo y unas pocas semanas más para el relevo en la Casa de Nariño. Es evidente que le corresponderá al próximo Parlamento y Gobierno estudiar a fondo la iniciativa y darle vía libre lo más pronto posible. Ya países como Perú, Argentina o Francia han dado pasos sustanciales en depuración normativa y Colombia no puede ser inferior. Dado que se trata de un proceso de más de cuatro años, que tuvo la participación de 24 sectores administrativos así como de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y de expertos de la Universidad del Rosario, se puede prever que el filtro normativo fue exigente y que lo procedente es eliminar, de una vez por todas, esas 11.819 leyes y decretos innecesarios.