Las contradicciones del gobierno Santos frente al Fondo Paz

Hay mucha sospecha que los recursos de la cooperación internacional para financiar el posconflicto se los haya tragado la corrupción.

El ruido sobre el manejo de los recursos del fondo destinado para la paz ha generado contradicciones en la posición del Gobierno y en la del mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien luego de negar falta de transparencia en las inversiones, este jueves,  anunció que tomaría decisiones administrativas, después de pedir al fiscal Néstor Humberto Martínez que investigara los procesos al interior del fondo.

Al inicio de la semana, cuando se conoció que los embajadores de los países donantes de Noruega, Suecia y Suiza, a través de una carta, manifestaban su preocupación por la falta de una ruta “clara”  para la ejecución de los recursos destinados para proyectos de paz, el ministerio del Posconflicto, a través de una comunicación, afirmó que el pedido de los embajadores no hacía referencia a manejos irregulares.

 “Cuando se pide mayor transparencia, se hace referencia a la necesidad de poner a disposición del público la información sobre la operatividad de Colombia Sostenible, la cual estará disponible en la página www.posconflicto.gov.co, a partir del mes en curso. El contenido de las comunicaciones enviadas entre los miembros del comité no se puede interpretar como dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos”, se lee en el comunicado.

Luego, al tomar fuerza la teoría de que la salida de Marcela Huertas, de la dirección de la Unidad Técnica Consultiva (UTC) del Fondo Colombia en Paz estaría relacionada con irregularidades en el manejo de estos dineros y con la preocupación de los embajadores, Santos salió el miércoles al paso desde Guainía y de forma contundente negó estos hechos.

«Hay algunos que están levantado una voz de sospecha sobre la forma en la que esos recursos están siendo invertidos. Acabo de hablar con el embajador de Noruega (Johan Vibe) y le pregunté si él o los demás países garantes tenían algún cuestionamiento sobre el manejo de los recursos y me ha ratificado que no, que ya lo dijeron en un comunicado conjunto», dijo Santos.

El presidente agregó que no había señalamientos de corrupción o de falta de transparencia en el fondo Colombia en Paz. «Lo que sí queremos es avanzar con la mayor brevedad posible, pero también queremos avanzar haciendo las cosas bien y eso es lo que estamos haciendo», agregó.

Sin embargo, un día después el presidente agradeció la diligencia de la Fiscalía ante su pedido de investigar los procesos de contratación del fondo y aseguró que tomaría las decisiones necesarias.  “Gracias al fiscal por su rápida respuesta a mi solicitud. Actuaremos con contundencia y diligencia. Seguiremos trabajando juntos para garantizar la trasparecía y el correcto uso de los recursos públicos. Habrá decisiones pronto”, escribió.

En la mañana del jueves, el fiscal le manifestó al presidente de la República que “sin perjuicio de las investigaciones penales en curso y atendiendo a su solicitud” ponía en su conocimiento las posibles irregularidades advertidas hasta la fecha con especial énfasis en los proyectos de avicultura, agricultura, piscicultura e infraestructura.

Martínez le advirtió al presidente que la Fiscalía evidenció una red de intermediarios que estarían interesados en la adjudicación de proyectos destinados a empresarios a cambio de beneficios económicos o lo que es equivalente a decir que piden porcentajes sobre el valor de los mismos.

 “Sugiero al señor presidente se disponga la intervención de dichos procesos, con miras a asegurar que los mismos cumplen los dictados de una contratación objetiva, ajena a prácticas deshonrosas, que permita la totalidad de los recursos disponibles se invierta integralmente en el financiamiento de proyectos que faciliten la reinserción de los miembros de las FARC a la actividad productiva”, concluye el texto.

No obstante, tras el contundente pronunciamiento de Santos, el Ministerio de Relaciones Exteriores minutos después afirmó que las comunicaciones enviadas por los embajadores que hacen parte del Fondo Colombia Sostenible (apéndice del Fondo Colombia en Paz), administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, no se pueden interpretar como señalamientos de corrupción en el manejo de los recursos de este fondo de cooperación.

“Los comentarios hacen referencia a procedimientos, operatividad, funcionamiento y cumplimiento del reglamento del fondo. El Gobierno Nacional está revisando estos temas y mantiene su interlocución con los donantes para atender y resolver sus inquietudes”, ratificaron en la comunicación.

No obstante, también afirmó que teniendo en cuenta que Colombia junto con los cooperantes, las Naciones Unidas y las entidades del orden nacional, “cuentan con mecanismos de seguimiento para garantizar transparencia, eficacia y buena ejecución de la cooperación recibida, se recurrirá a estos para revisar el cumplimiento total de los compromisos adquiridos en el Fondo Colombia en Paz”.

 

¿OTRO CARTEL?

Durante una cumbre empresarial organizada por la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, Martínez dijo que “para hacer realidad esos propósitos, los intermediarios han tenido acceso a información privilegiada de esos proyectos en trámite de adjudicación”.

 “Se ha advertido que firmas ejecutarían algunas interventorías seleccionadas por los mismos intermediarios con el fin de evitar los controles debidos en la ejecución contractual acudiendo así a prácticas en el manejo de la contratación pública en Colombia», señaló.

Estas y otras irregularidades se las informó Martínez al presidente Juan Manuel Santos en una carta en que para “prevenir que esos recursos se desvíen del propósito de reinsertar a quienes dejaron las armas” el fiscal espera “que el presidente inicie una intervención a estos procesos contractuales” y celebró que el jefe de Estado “haya tomado el entusiasmo de indagar sobre estas circunstancias”.

Por su parte, en el mismo certamen el contralor general Edgardo Maya anunció una auditoría a los recursos manejados por la JEP provenientes de organismos internacionales.

 “Néstor Correa dijo que no había manejado dineros, que habían sido manejados por otra organización de la Presidencia, pero eso no exime que nosotros vayamos e intervengamos. Y si es necesario, tenemos funciones de policía judicial. Las ejerceremos para buscar las pruebas que necesitamos”, sostuvo.

Maya recordó que “la Contraloría le ha solicitado al secretario ejecutivo de la JEP y a la directora del Fondo Colombia en Paz, que maneja los fondos de las ayudas internacionales para la implementación de la paz, una serie de puntos concretos que tienen que responderlos, porque ellos son servidores públicos y han manejado unos recursos destinados para el Estado”.

Tras señalar que “es claro que estos fondos pueden ser objeto de vigilancia de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía”, el contralor Maya declaró que “ya estamos averiguando sobre el uso y destinación de estos recursos”, precisando que “tenemos la plena facultad legal para auditar los recursos del posconflicto, tanto los de ayuda internacionales como los aportados por el presupuesto nacional”.

 “Estos son unos dineros que tienen como destinatario al Estado colombiano, para su inversión, y es manejado por servidores públicos. Ahí hay una responsabilidad y el tema de su vigilancia se dirimió hace 12 años, cuando en su momento se empezó a vigilar el Plan Colombia, en este caso los recursos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos”, anotó.

A su turno, el procurador Fernando Carrillo dijo que “el único lujo que no se puede dar el país es que colapse el proceso de paz por mal manejo de dichos recursos. No vamos a permitir que se haga fiesta con los recursos del Estado”.

“Hoy estamos iniciando con toda contundencia la indagación de qué pasó con esos recursos de la implementación” de la JEP, “y por supuesto de toda esa contratación que se ha venido dando, en donde tenemos un gran compromiso internacional y es ser transparentes, eficientes, pero sobre todo, rendirle cuentas a la comunidad internacional y rendirle cuentas a los órganos de control en Colombia”, expresó Carrillo.

Carrillo indicó que “no hay territorios vedados ni fondos vedados para las instituciones de control en Colombia, para la Fiscalía, para la Contraloría ni para la Procuraduría”, concordando con Maya en que “lo que es claro, y el país tiene que saber, es que todos estos son fondos públicos, aquí no hay dineros vedados a los controles en Colombia, incluso los que tienen que ver con la puesta en marcha de la paz”.

Para el procurador Carrillo, la paz hay que financiarla e implementarla de cara al país, poniendo los recursos de manera absolutamente pública. “Aquí no caben ni bolsas confidenciales, ni secretismos alrededor del manejo de los recursos para la paz”, agregó.