Por quinta vez fue aplazada la audiencia de juzgamiento

En estado ruinoso se encuentran las obras iniciales con las cuales se dio apertura al proyecto del Parque Taykú, ubicado entre las avenidas Santa Rita, Ferrocarril y Los Estudiantes, que ahora se ha convertido en un gran ‘Elefante Blanco’.

 

Los exfuncionarios de la Gobernación del Magdalena vinculados a la investigación por las irregularidades presentadas tras el frustrado proyecto del Parque Taykú, expresaron su indignación y molestia por la manera como la Fiscalía General de la Nación ha venido participando en el proceso.

 

´Este caso es inaudito, nosotros como encartados pedimos que nos juzguen para demostrar nuestra inocencia, pero la justicia no lo hace, y la Fiscalía no da el mejor ejemplo. Por ausencia del Fiscal que es el representante de la sociedad la audiencia de juzgamiento se ha aplazado por quinta vez´, dijo Pedro Bonilla Barreto exfuncionario del departamento.

El proceso se adelanta en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta,  donde el Fiscal del caso ha presentado en varias ocasiones excusas con las cuales se frustran las audiencias

Las personas que concurren a este juicio son Sandra Rubiano Layton, exgobernadora del Magdalena para la fecha de los hechos, Frank Noble Olivero, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda del Departamento; Omar Guerrero Orozco y Pedro Bonilla Barreto, todos exfuncionarios de la Gobernación en el 2007, cuando al frente del Palacio Tayrona se encontraba el exgobernador Trino Luna Correa.

El miércoles 4 de abril,  a las 9:30 de la mañana por quinta vez en menos de 10 meses, fue suspendida la audiencia porque Oscar de Jesús Hernández Peña, quien representa a la Fiscalía en este proceso, a través de Guillermo León Pérez Tapias, presentó al juez Carlos Julio Zagarra Silva una incapacidad médica, que le imposibilitaba asistir a la audiencia programada.

Ahora la audiencia quedó fijada para los días 21 y 22 de junio.

Los encartado Rubiano Layton, Noble Oliveros, Guerrero Orozco y Bonilla Barreto,  ante esta dilación del proceso, presentaron una solicitud ante el Consejo Seccional de la Judicatura, para que haga una vigilancia especial del caso.

Los implicados aseguran que la Fiscalía los viene perjudicando pues con las reiterativas inasistencias, no ha permitido que se expongan los alegatos con los cuales ante un posible vencimiento de términos el juez pueda dictar sentencia definitiva.

Los exfuncionarios mencionados fueron llamados a responder por la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades presentadas en el proyecto de construcción del Parque Tayku, ubicado entre las avenidas Santa Rita, Ferrocarril y Los Estudiantes de propiedad de la Gobernación del Magdalena. Fueron enviados a la Cárcel Judicial de Santa Marta.

 

ASI FUERON LAS COSAS

El proceso se remonta al año 2014 cuando Alejandro Pérez Prada en ejercicio de sus funciones como Contralor General del Departamento del Magdalena, emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra una serie de exfuncionarios del Departamento del Magdalena por lo que consideró una actuación “antieconómica e ineficiente que incidió en la producción del daño” de las obras del Parque Taykú, un espacio que serviría para la recreación pero que terminó, en obra negra, sin ninguna clase de ejecución.

Para la Contraloría, los exfuncionarios tenían dentro de sus funciones la obligación adquirida “por compromiso propio de llevar a cabo un proyecto diferente para la ciudad de Santa Marta y que por causa de la indebida supervisión, planeación, estudio y sin tener presente los requisitos de ley necesarios para desarrollar la obra, el mismo nunca llegó a buen término y por el contrario, los recursos inyectados al mismo, hoy se puede decir que fueron recursos mal invertidos”, dijo el ente de control en su debido momento

Frank Noble Oliveros, quien se desempeñaba como Secretario de Hacienda para la época de los explicó que no entiende por qué el fiscal no permite avanzar el proceso.

«Lo sospechoso es que el Fiscal se está enfermando en todas las audiencias públicas del Taykú porque para todo lo demás ha estado atendiendo en su oficina. En varias ocasiones, saliendo de alguna audiencia, lo hemos visto por aquí cerca, caminando por la Campo Serrano. El señor Fiscal debe decirnos que está pasando», advirtió Noble Olivero.

A su tueno Clever Barrios Núñez, abogado de la defensa consideró que, «esto es vulgarmente una mamadera de gallo», y no descarta la posibilidad de presentar denuncia penal contra el funcionario de la Fiscalía por prevaricato.

Sandra Rubiano Layton, quien para la fecha de los hechos fungía como gobernadora encargada,  defendió sus actuaciones y se declaró inocente por los hechos imputados.

Dijo que los están involucrando en un hecho escandaloso, en un proyecto que cuando se fueron de la administración en el mes de junio de 2007, estaba en construcción. Habían quedado 1.700 millones de pesos certificados en una cuenta y no saben por qué quienes paralizaron la obra, quienes estaban llamados a preservar esos recursos como la Contraloría, dejó que los embargaran.

«Al departamento no le embargaron solo los dineros del Parque Taykú, sino 43 mil millones de pesos, de vigencias y recursos de destinación específica y eso no lo han investigado. Están investigando este tema con las personas equivocadas», precisó la señora Rubiano Layton.

Para Pedro Bonilla Barreto, que pasó cuatro meses en la cárcel, consideró que ha sido un golpe duro para su moral. “Jamás había tenido una situación de estas características, soy un padre de familia, tengo mis dos hijos, eso fue algo muy dramático. La forma en la que procedió el Fiscal fue muy dura, sin habernos escuchado en su momento y hoy nos tienen el limbo”, anotó.

 

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

En el año 2006, el exgobernador Trino Luna Correa determinó la construcción de las obras del Parque Taykú. Para ello, por un valor de 3.200 millones de pesos, contrató la realización de las obras con la Unión Temporal Taykú, a la que le fueron girados 1.600 millones de pesos, que representaban el 50 por ciento del monto total del contrato.

El contrato establecía un plazo de seis meses con inicio de las obras el 8 de marzo de 2007.

Según el contrato de las obras, posteriormente, se determinó una adición de 741 millones de pesos, para la conclusión de la obra.

En el lugar ubicado entre las avenidas Santa Rita, Ferrocarril y Estudiantes, en el centro de la ciudad,  se hicieron obras por solamente 1.600 millones de pesos; sin embargo, el contrato se tramitó, se celebró y fue liquidado.