Presidentes judicializados

Es inusitado. En todos los continentes, los Presidentes, o lo que comúnmente se denomina como Jefes de Estado o de Gobierno, están siendo judicializados. No pocos han ido a la cárcel o están en proceso de que ello ocurra.

 

Uno de los casos más alarmantes es el del Perú. Creímos que allá el caso de los Vladovideos había puesto punto final a la corrupción en los más altos niveles del Gobierno. ¿En qué país del mundo se habían filmado los comportamientos corruptos? Pues Vladimiro Montesinos, el hasta un cierto momento misterioso asesor de Fujimori, se tomó ese trabajo y, luego, en una serie de volúmenes recogió estos testimonios fílmicos.

 

Me hice la ilusión de que esos registros serían herramienta contundente en la lucha anticorrupción, en el mundo. Pero no. Como si nada hubiera pasado. Y más increíble aún, en el propio Perú, como si allá tampoco hubiera ocurrido nada.

 

La corrupción tiene esa característica. Es persistente. Se reproduce muy fácilmente. No aprende. Como que cada corrupto se dice a sí mismo: no supieron hacer la cosa. Les voy a demostrar que sí se puede. Que los grandes latrocinios son posibles sin que los detecten y, si ello ocurre, sin que surja una sanción, ni siquiera social.

 

Hay esperanza. Cada día es más notoria la indignación de los ciudadanos en distintas partes del mundo, que rechazan el abuso de poder y, sobre todo, el abuso que lleva al enriquecimiento personal. Por primera vez hemos sabido de grandes manifestaciones populares en contra de los funcionarios corruptos y de los fenómenos de corrupción. Que ya no son fenómenos convencionales, o sea, no son conductas individuales sino sofisticados esquemas que buscan capturar grandes sumas de dinero y, si es necesario y así resulta más cómodo, capturar agencias del Estado para que todo sea mucho más rentable.

 

Es el caso dramático del Departamento de Córdoba. O el del Carrusel de la Contratación en Bogotá, o el de la organización criminal llamada ‘La Línea’, en Guatemala, que comprometió al Presidente de ese país, su familia y sus principales colaboradores. Es la criminalización del Gobierno o de algunas agencias del Gobierno. Lo que el Contralor Édgar Maya ha denominado “empresas político-criminales”. Lo que él también ha designado como el “Partido Único de los Contratistas”, sin que ello haya tenido menor o mayor repercusión en el debate público.

 

¡Horror! Ni siquiera en el debate de los candidatos presidenciales, o de quienes compitieron por curules en el Senado o en la Cámara. Jamás, ningún alto funcionario se había atrevido a describir así el funcionamiento de los distintos niveles del Estado. ¿Cómo es posible que el tema no se debata, que no dé lugar a controversia? ¿Qué nos pasa? ¿Tan anestesiados estamos? ¿Tan resignados a semejante inadmisible situación?

 

Que la Presidenta de Corea del Sur; el expresidente de Francia Nicolás Sarkozy; altos funcionarios en España; el expresidente Berlusconi; una persona tan admirada en el mundo, y no sólo en la América Latina y en su propio país, como el expresidente Lula; que los Kirchner en Argentina; el Vicepresidente del Ecuador; cinco expresidentes en Perú, incluida una persona que todos considerábamos más allá del bien y el mal, como Pedro Pablo Kuczynski.

 

The Global Enforcement Report, 2017, trae datos históricos y actuales impresionantes.

 

​*ExMinistro de Estado