Comunidad alcahueta e indolente

Los brotes de inseguridad que está viviendo la ciudad de Santa Marta están tomando connotaciones jamás vistas que requieren el más riguroso examen de todas las instituciones gubernamentales comprometidas en brindarle a la sociedad el sagrado derecho a la vida, pero además salvaguardar su honra y bienes como reza la Constitución Nacional.

Los índices de crímenes, hurtos, fleteos, extorsión, asaltos a comercios y residencias hablan por sí solos. No se necesita ser un erudito en criminalística ni estadígrafo para explicar que estamos ante una situación que ciertamente tiene desesperada a la comunidad y esos factores delincuenciales en jaque a las autoridades.

Cuando ocurre un hecho grave, por ejemplo, un asesinato, un atraco o hurto con herido a bordo, la primera reacción del ciudadano de a pie es reclamarle a la Policía por una mayor vigilancia, más operatividad y resultados contundentes contra la delincuencia. Y en este aspecto si es que hay mucho de largo y de ancho, como se dice en el argot popular y antes de cuestionar y señalar de manera injusta a una institución o a su comandante por lo que está ocurriendo, miremos la paja en nuestro propio ojo y no en el ajeno como lo estamos haciendo.

¡Claro!, desde luego que todos desearíamos tener un policía en cada esquina, y si está frente a nuestra residencia o negocio, mejor. Pero sabemos anticipadamente y por conclusión razonable que ello no es posible. ¡Jamás esperen que algo parecido ocurra!. Lo que si valdría la pena es ahondar en la crisis a la que hemos llegado para ver qué grado de responsabilidad nos corresponde a todos.

Lo primero que debemos señalar es que la ciudad está ante un fenómeno social por el cual ni el propio Estado ha querido ni responder ni asumir lo de su competencia: la migración ilegal venezolana. Aquí no se trata de acudir a eufemismos  patrioteros y exponer una verborrea adobada de humanismo cuando ni si quiera para con nuestros connacionales la tenemos. Sencillamente se debe actuar con sensatez y no exponer a la sociedad entera a que padezca las consecuencia de un núcleo humano que ha llegado a sobrevivir a como dé lugar, sin importar si para ello tengan que matar o robar, porque su condición de existir así se lo impone. El Estado colombiano abrió sus fronteras de par en par como el régimen de Maduro abrió las cárceles y comisarías para permitir la salida de sus delincuentes a quienes les cuesta alimentar como también expulsó a los cordones de miseria emparapetados en los cerros de Maracaibo y Caracas y los condujo a que ingresaran a territorio colombiano para dejárselos a un gobierno que como el de Santos lo considera hostil a sus intereses. Esa ha sido la venganza de Maduro contra Santos, promoverle una migración ilegal de proporciones incalculables y solo comparada con la de Siria y nuestras ciudades la han recibido y empezaron a pagar las consecuencias, que para el caso de Santa Marta, que entre otras cosas no es nada diferente a lo que están viviendo otras capitales; la criminalidad y los delitos se han disparado de tal manera que de cada 5 hurtos que se cometen, en 3 de ellos aparecen como autores delincuentes venezolanos. Y eso no es xenofobia. Sencillamente es una realidad que estamos viviendo de manera dramática y requiere de una atención integral donde quien lleve la mayor responsabilidad deba ser la Nación representada por el Gobierno central.

Ahora bien. Se queja con razón la Policía que no muy bien captura a un delincuente reincidente cuando en un par de horas está de regreso en las calles o con detención domiciliaria, la cual violenta para volver a cometer sus fechorías. Aquí algo está fallando entre Fiscalía y jueces. Y no se está haciendo la tarea bien. No se trata de violentar los derechos del criminal, que los tiene; pero la razonabilidad jurídica del hecho que amenaza con perturbar a la sociedad muchas veces se desconoce y el efecto garantista del sistema desborda esa capacidad sabia y certera del administrador de justicia para interpretar con inteligencia lo que debe ser. No se está logrando una interacción efectiva entre las instituciones del Estado y ello termina siendo fatal.

Finalmente, nos encontramos con el capítulo de una comunidad alcahueta e indolente. Y decepciona que así lo definamos porque no de otra manera se podría considerar lo que ocurrió el sábado por la noche cuando después de haberse perpetrado el atroz crimen de un ciudadano que se hallaba frente a la iglesia de Bavaria con su pequeño hijo en brazos, un delincuente le quitara la vida, huyera, lo persiguiera la policía, lo ubicara y en el procedimiento de captura, una enardecida turba, cómplice del criminal, se enfrentara a los uniformados que hacían cumplir la ley, inclusive, agrediéndoles hasta el punto que buscaron impedir su detención. Y después esa misma comunidad es la que pide protección y se queja de la falta de operatividad de la Policía. ¡Que cinismo y descaro!.

La comunidad de Santa Marte debe tener claro de qué lado está. O apadrina y alcahuetea a los criminales, o se pone del lado de la autoridad para que juntos podamos empujar y conseguir la seguridad y tranquilidad para todos. Lo sucedido en el barrio ´María Eugenia´ además de inaudito es una conducta que no debiera repetirse jamás y es el momento de llamar la atención de otros sectores residenciales que han tenido igual comportamiento.

Por otro lado, valga la pena expresarle al señor coronel Gustavo Berdugo Garavito comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta el respaldo y solidaridad de la inmensa mayoría de los samarios. Sabemos de sus esfuerzos, voluntad, capacidad de trabajo y profesionalismo por la labor que desarrolla en aras de brindarle seguridad a toda la ciudad, pero en esa tarea también es cierto que requiere del concurso de otras instituciones, pero sobre todo, el apoyo y decidida cooperación del ciudadano de a pie, que es usted. 

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