No solo indispensable, sino urgente

 

Varias noticias confirman la necesidad de una profunda reforma al sistema de administración de Justicia.

Una, la decisión del Consejo de Estado de abrir investigaciones contra Álvaro Uribe e Iván Duque por no votar algunos proyectos de ley. Es obvio que no basta con contestar el llamado a lista y después irse. Esa costumbre, común por cierto, es una trampa a la norma que establece la pérdida de la investidura si no se asiste injustificadamente a seis sesiones plenarias. Como sanción adicional, quien pierde la investidura, no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. La demanda no es de poca monta y tiene una clarísima intencionalidad política dirigida a inhabilitar al senador más votado del país y al candidato presidencial que puntea, con distancia, en todas las encuestas. Pero ocurre que no hay parlamentarios más cumplidos que los del Centro Democrático. Salirse de las sesiones y no votar fue una decisión política y ética: no legitimar con sus votos las decisiones legislativas dirigidas a implementar el pacto con las Farc, pacto que, no sobra recordarlo porque es su fuente de ilegitimidad, fue rechazado en el plebiscito del dos de octubre del 2016.

En este caso retirarse de las sesiones fue una posición de principios, de conciencia, frente a un conjunto de decisiones legislativas que son contrarias a la democracia, a la voluntad soberana del pueblo. Sancionar a los senadores por su postura sería no solo un acto antijurídico, porque el espíritu de la obligación de asistencia es otro, sino claramente totalitario.

Dos, la sala penal de la Corte Suprema no solo desconoce las pruebas contra Iván Cepeda sino que, sin evidencia alguna, pide que se investigue a Álvaro Uribe por una supuesta manipulación de testigos. La decisión tiene claro sesgo político, como se deduce de las numerosas descalificaciones hechas a la figura del expresidente, y, en paralelo, se encumbra a Cepeda. Todo ello en los días previos a las elecciones parlamentarias. Las cortes están politizadas.

Tres, mientras tanto, se conoce el nombre de un tercer ex magistrado, vinculado al infame “cartel de la toga” y, por fin la Corte suspende a Gustavo Malo, pero lo hace permitiéndole que siga recibiendo su millonario salario. En las cortes la corrupción campea.

Cuatro, saltan por todas partes noticias de vanidades y corrupción en la JEP, donde las reglas de contratación no operan y, como en todo el Gobierno, hay derroche y despilfarro. Para rematar, de la JEP hace parte una antigua asesora de las Farc y esposa de Iván Cepeda. Más allá del conflicto de interés, una nueva prueba de la politización de la JEP.

Así las cosas, no es solo indispensable sino urgente reformar la Justicia. ¿Una sola corte como propone Iván Duque? En la inmensa mayoría de países solo hay una. ¿Sería eso suficiente para resolver los problemas señalados? No, sin duda. En cualquier caso, el debate está abierto y debe darse.

Abogado y analista político

 

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