DIARIO DEL MAGDALENA
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Registrador levantó ´tierrero´ al pedir aplazamiento de elecciones

  El funcionario ve riesgos por violencia, pero luego dijo que el Gobierno da garantías. Le llovieron críticas. 

Las elecciones regionales previstas para el próximo 29 de octubre podrían estar en vilo después de que se dejó abierta la puerta a la posibilidad de aplazarlas. Esa eventual suspensión, que impacta los comicios de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles, la planteó el registrador Alexander Vega, quien aseguró que no están dadas las garantías de seguridad para su realización.

Aunque Vega argumentó que la Fuerza Pública se comprometió a garantizar la seguridad en los comicios, su declaración previa en torno a los problemas de orden público generó ruido y críticas porque señaló que se podrían “suspender los procesos electorales”, ante la posible incidencia de situaciones de violencia en el desarrollo de ese certamen electoral.

Pese a que el país ha atravesado por otras épocas de la historia en las que la violencia estuvo más recrudecida, Vega argumentó que hay situaciones de orden público adversas que podrían hacer que se suspendan los procesos electorales y, de paso, se lavó las manos al señalar que la Registraduría tiene garantizada la logística, pero depende de las condiciones de seguridad.

A esta posibilidad se opuso el senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, quien en diálogo con este diario señaló que es “absurdo y peligroso” pensar en suspender los comicios argumentando la situación de orden público del país, teniendo en cuenta que tiempo atrás no se aplazaron elecciones, pese a las complejas circunstancias de seguridad.

“Si hace 20 o 30 años no se detenía el proceso electoral, pese a que las Farc quemaban urnas y asesinaban candidatos, mucho menos ahora. Sencillamente la propuesta del registrador Vega, hecha junto a la procuradora Margarita Cabello, es absurda, ridícula, peligrosa y va en contra de la realidad”, cuestionó Ávila.

VEGA SE ESCUDA EN LA SEGURIDAD 

La primera advertencia el Registrador la hizo en el marco de la Asamblea de la Federación de Departamentos, realizada en Quindío. Desde allí, Vega señaló que hay alertas de seguridad que impedirían la normal realización de las elecciones en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá.

No obstante, aclaró que el Gobierno se comprometió a garantizar el orden público en esas regiones de acuerdo con el mapa de riesgo electoral. “El mensaje del presidente Gustavo Petro fue claro, donde haya riesgo, la Fuerza Pública ocupará el territorio, independientemente de los diálogos que se adelantan dentro de la paz total”, señaló el registrador Vega.

Pese a esa aclaración, 24 horas antes, Vega prendió las alarmas del posible aplazamiento de las elecciones y le hizo un llamado de atención al ministro de Defensa, Iván Velásquez para expresarle al Gobierno las preocupaciones de seguridad que se recogieron en la asamblea de gobernadores en la que también estuvo presente la procuradora Margarita Cabello. De allí salió una carta haciendo esta misma advertencia

Lo que llama la atención de esta situación es que el jefe de la Registraduría –respaldado por la Procuradora y la Federación de Departamentos–, contempla suspender las elecciones faltando poco más de siete meses para la cita en las urnas y pese a que esa fue la última opción en otros escenarios en los que el país enfrentaba graves situaciones de seguridad.

El caso más reciente se registró hace exactamente un año cuando se realizaron las elecciones legislativas. Para inicios de marzo de 2022, el país tenía un registro de 20 masacres en lo que iba del año según las cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), y solo ese mes cerró con 2.270 muertes violentas más que en febrero, según Medicina Legal. Ambas situaciones requirieron medidas de seguridad, pero no impidieron las elecciones.

Otro claro ejemplo fue en las elecciones presidenciales de 2001, que se realizaron en medio de amenazas de seguridad justo después del fracaso del Proceso de Negociación del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc. Pese a que en ese año se registraron 27.840 asesinatos, 1.301 más que en 2000, las elecciones se realizaron con un amplio despliegue de seguridad.

El presidente del partido Colombia Justa Libres, Ricardo Arias, aseguró que si la Registraduría cede a una suspensión de la cita electoral de octubre solo le daría gusto a los violentos. “Cuidado con pensar siquiera en aplazar las elecciones de octubre. Medidas de esa naturaleza serían el reflejo de un Estado que retrocede fruto de la intimidación. Es impensable”, advirtió Arias.

Por su parte, el senador opositor Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló que no se puede desconocer que el país atraviesa por una crisis de seguridad que, considera, no brinda garantías tanto a candidatos y electores. “Antes había una voluntad de combatir el crimen, hoy no la estamos viendo. Hoy no existen garantías y esto ya está advertido”, apuntó Motoa.

A la par de esta discusión, la Fiscalía advirtió que en Caquetá los ilegales están carnetizando civiles y mostró su preocupación por las elecciones.

Al respecto, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que tiene información sobre un grupo armado ilegal que estaría pidiendo carnets a la población para circular en el Caquetá y advirtió que esta situación afectaría las elecciones de octubre.

“La información en principio que tenemos es que son disidencias de esas organizaciones, disidencias de Farc y vamos a verificar exactamente a qué se refieren esos temas”, dijo Barbosa.

Entre tanto, el senador Ávila señaló que este tipo de situaciones se pueden enfrentar con el Plan Democracia y apuntó que “el hecho de que exista el riesgo no significa que uno tenga que suspender los procesos electorales. Una persona tan cuestionada como Alexánder Vega no debería ser registrador, esa propuesta es ridícula”./Colprensa