Más estado y menos empresas: las preocupaciones por impacto de las reformas

El futuro de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estaría en entredicho con las reformas que tiene en marcha el Gobierno Nacional.

Aunque se ha llevado a cabo un proceso de conciliación en el proyecto de salud para que las EPS no desaparezcan, su participación en el nuevo escenario se reduce de manera considerable porque solo tendrían acceso al 5 % de los recursos para la gestión del aseguramiento. El resto lo manejará el sector público.

Diego Escallón, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, considera que hasta ahora no es claro cuál sería el rol integral del sector privado, no solo en términos de aseguramiento en salud, sino de la prestación del servicio.

De igual manera, en la reforma pensional, las AFP ‘pierden’ el 80 % del ahorro de los afiliados, pues la propuesta prevé que todos los empleados coticen en Colpensiones (empresa del Estado) sobre los primeros 3 salarios que devengan. Es decir, la mayoría de quienes están en el sistema privado, tendrían que pasar sus ahorros al sector público que tendría que responder no solo por sus 7 millones de afiliados, sino los más de 18 millones que hoy están en los fondos y que ahora llegarían a Colpensiones.

“El Gobierno Nacional ha planteado distintas reformas donde implementa su visión de Estado y, además, por la que fue elegido. Un Estado más grande, prestador de servicios directos y con menor participación del sector privado”, dijo el académico.

Esa precisamente es la preocupación de muchos empresarios, lo que ha generado incertidumbre y ha frenado algunas inversiones en el país, en especial, en los sectores de hidrocarburos y eléctrico.

Sobre la reforma laboral, Juan Manuel Guerrero, socio Director de la firma legal Guerrero y Asociados, aseguró que es un proyecto “astutamente anti técnico que pone en riesgo a 2,5 millones de empleos formales en el país al apostarle a la estatización del sector privado, mediante discursos calcados de los gobiernos típicos de izquierda”.

Según el empresario, el proyecto del Gobierno atenta contra la estabilidad laboral al proponer la intervención de los sindicatos a la hora de adelantar un despido por faltas graves, persiguiendo el reintegro del trabajador previo permiso del Ministerio de Trabajo.

De igual manera, el jurista aseguró que al ampliar el horario de la jornada nocturna, encarecer los recargos de fin de semana y de las horas extras, se dejaría a las empresas en una situación muy compleja que, sin duda, les restaría su capacidad de contratación.

Ampliar presencia del Estado

Para John González, analista político, las reformas que ha presentado el Gobierno Petro (laboral, pensional, de salud y otras) parten de un diagnóstico equivocado y desafortunado, tanto del origen de la inequidad y de la pobreza del país como del mal funcionamiento del Estado y del Gobierno.

“Eso era palpable desde que presentaron hace un año el programa de gobierno de Gustavo Petro que es completamente estatista y de tendencia socialista. Así las cosas, las reformas que proponen tienen un común denominador y es buscar estatizar lo máximo posible los servicios y la economía y desincentivar el lucro o el margen de acción del sector privado y las empresas”, comentó.

Agregó el analista que el daño que se está haciendo es colosal e irreparable para el país. “Y claro que hay una detestable pobreza en Colombia que hay que atacar, pero eso no se soluciona aumentando, por ejemplo, los costos laborales para el sector privado, pues lo que se va a provocar es despidos y menos puestos de trabajo. El Gobierno se pega un tiro en el pie. Los problemas del país se solucionan en buena parte es impulsando la economía, creando empleos y oportunidades”, destacó.

De igual manera, Jorge Luis Yarce, analista político de la Universidad Central, explicó que lo que se está viendo a ocho meses de haber asumido la presidencia Gustavo Petro, no es nada diferente a lo que propuso desde que era candidato.

“Al parecer, el modelo que se quiere plantear, desde la Casa de Nariño, implica una mayor o absoluta participación del Estado, lo que es, por demás, un retroceso frente a lo que hicieron las administraciones anteriores”.

Añadió el académico que el Estado no es capaz por sí mismo de manejar de manera absoluta todos los servicios que requieren ser prestados a los ciudadanos. “Si bien ese parece ser el deseo, delk petrismo, el Congreso no le está siguiendo el paso del todo al Gobierno. Se logró una primera negociación con la reforma de la salud, donde se acepta un modelo mixto y coexistencia con las EPS que representan al sector privado”, afirmó.

Sin embargo, el Gobierno Nacional ha insistido en que tanto la reforma laboral como la pensional buscan proteger y reivindicar los derechos de 22 millones de ocupados en el país, además de cientos de adultos mayores que hoy no tienen un ingreso.

Este es uno de los puntos positivos que destaca Mario Cruz, experto en temas de seguridad social, la ampliación de cobertura con el programa de adulto mayor que permitirá que 3,5 millones de colombianos reciban una ayuda básica. “También creo que es positiva la propuesta de eliminar los subsidios a las pensiones altas”.

Por otro lado, el analista Cruz teme que el sistema no sea sostenible financieramente. “Lo que pasará con el ahorro de los colombianos en los fondos es algo que no es claro en el texto. Habrá una enorme discusión jurídica en torno a eso que parece una confiscación. Y que de ser así es inconstitucional”, comentó.

Para el representante a la Cámara Christian Garcés, las tres reformas (salud, pensión y laboral) aumentan cargas al sector privado, haciéndolo no competitivo a nivel nacional e internacional, lo que considera se traduce en mayores costos para las familias colombianas, servicios de menor calidad y pérdida de ingresos y empleo en general para el país.

“Las reformas presentadas por el Gobierno Nacional han buscado disminuir la participación del sector productivo en la prestación de servicios en Colombia. Buscando así un Estado centralizado, pesado y burocrático”, afirmó el representante.

Para John González, analista político, las reformas que ha presentado el Gobierno Petro (laboral, pensional, de salud y otras) parten de un diagnóstico equivocado y desafortunado, tanto del origen de la inequidad y de la pobreza del país como del mal funcionamiento del Estado y del Gobierno.

“Eso era palpable desde que presentaron hace un año el programa de gobierno de Gustavo Petro que es completamente estatista y de tendencia socialista. Así las cosas, las reformas que proponen tienen un común denominador y es buscar estatizar lo máximo posible los servicios y la economía y desincentivar el lucro o el margen de acción del sector privado y las empresas”, comentó.

Agregó el analista que el daño que se está haciendo es colosal e irreparable para el país. “Y claro que hay una detestable pobreza en Colombia que hay que atacar, pero eso no se soluciona aumentando, por ejemplo, los costos laborales para el sector privado, pues lo que se va a provocar es despidos y menos puestos de trabajo. El Gobierno se pega un tiro en el pie. Los problemas del país se solucionan en buena parte es impulsando la economía, creando empleos y oportunidades”, destacó.

De igual manera, Jorge Luis Yarce, analista político de la Universidad Central, explicó que lo que se está viendo a ocho meses de haber asumido la presidencia Gustavo Petro, no es nada diferente a lo que propuso desde que era candidato.

“Al parecer, el modelo que se quiere plantear, desde la Casa de Nariño, implica una mayor o absoluta participación del Estado, lo que es, por demás, un retroceso frente a lo que hicieron las administraciones anteriores”.

Añadió el académico que el Estado no es capaz por sí mismo de manejar de manera absoluta todos los servicios que requieren ser prestados a los ciudadanos. “Si bien ese parece ser el deseo, delk petrismo, el Congreso no le está siguiendo el paso del todo al Gobierno. Se logró una primera negociación con la reforma de la salud, donde se acepta un modelo mixto y coexistencia con las EPS que representan al sector privado”, afirmó.

Por ello, dice el analista, se esperaría que suceda lo mismo con la reforma laboral, es decir que se logre un punto intermedio porque el proyecto presentado implementa unas regulaciones extremadamente proteccionistas que van a limitar la capacidad de las empresas para generar empleo y sufragar las cuentas y “eso es una ataque frontal a la economía del país”.

Sin embargo, el Gobierno Nacional ha insistido en que tanto la reforma laboral como la pensional buscan proteger y reivindicar los derechos de 22 millones de ocupados en el país, además de cientos de adultos mayores que hoy no tienen un ingreso.

Este es uno de los puntos positivos que destaca Mario Cruz, experto en temas de seguridad social, la ampliación de cobertura con el programa de adulto mayor que permitirá que 3,5 millones de colombianos reciban una ayuda básica. “También creo que es positiva la propuesta de eliminar los subsidios a las pensiones altas”.

Por otro lado, el analista Cruz teme que el sistema no sea sostenible financieramente. “Lo que pasará con el ahorro de los colombianos en los fondos es algo que no es claro en el texto. Habrá una enorme discusión jurídica en torno a eso que parece una confiscación. Y que de ser así es inconstitucional”, comentó.

Para el representante a la Cámara Christian Garcés, las tres reformas (salud, pensión y laboral) aumentan cargas al sector privado, haciéndolo no competitivo a nivel nacional e internacional, lo que considera se traduce en mayores costos para las familias colombianas, servicios de menor calidad y pérdida de ingresos y empleo en general para el país.

“Las reformas presentadas por el Gobierno Nacional han buscado disminuir la participación del sector productivo en la prestación de servicios en Colombia. Buscando así un Estado centralizado, pesado y burocrático”, afirmó el representante.

Riesgos de la pensional

Para Julio César Iglesias, escritor y analista político, el proyecto de reforma pensional no termina con dos de los problemas del sistema actual como son la cobertura y la sostenibilidad. “Creo que se agudiza el riesgo financiero. Los 7 millones de afiliados a Colpensiones aportan $16 billones, pero el Estado paga $48 billones en mesadas a 1,6 millones de jubilados.

Ahora recibirán millones de afiliados de los fondos y se calcula que todas las cotizaciones (lo que aporta el trabajador a Colpensiones y en el régimen privado) suma $34 billones, es decir que ese dinero no cubriría ni si quiera los pensionados del régimen público hoy. Este es a todas luces un modelo ruinoso”.

Frente a la ampliación de cobertura hay un incremento en la protección de los adultos mayores con los $223.000 que recibirán, pero “eso no es una pensión. Otro elemento es que para jubilarse en Colpensiones se necesitan 1300 semanas, mientras que en el sistema privado son 1150 semanas, es decir que con la reforma aumentan las exigencias y todos tendrán que tener 1300 semanas, es un factor que reducirá la cobertura”.

Pero las mujeres tendrían un beneficio con la propuesta del bono pensional que les daría 50 semanas de cotización por cada hijo con un límite de tres, lo que haría que algunas obtengan el derecho

/COLPRENSA