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Advierten que fin de cese al fuego a Clan del Golfo es ultimátum a otros grupos
El defensor del pueblo Carlos Camargo Asís dijo que “Si los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios´.
Tras la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, consideró que esto es un ultimátum a las demás organizaciones ilegales para que den muestras reales de paz.
“Si los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios. El Estado no puede omitir su deber de proteger y garantizar los derechos de las personas”, señaló el defensor.
Consideró que el levantamiento del cese debe venir acompañado de una mayor presencia del Estado, que brinde seguridad y protección a las comunidades, porque esos grupos están amedrentando a los más vulnerables.
Recordó que el monitoreo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo, desde sus Sistema de Alertas Tempranas (SAT), muestra que las AGC-Clan del Golfo han venido cometiendo acciones que no son señales de respeto a un cese el fuego bilateral.
También precisó que en la subregión del Sur de Bolívar, donde las AGC-Clan del Golfo tienen presencia en gran parte del territorio, ejercen presiones sobre la población civil, particularmente contra líderes, lideresas, personas defensoras de DDHH, líderes comunales, funcionarios públicos, mineros, campesinos, población civil en general.
En regiones como el Bajo Cauca, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, particularmente, organizaciones como el ELN, las AGC-Clan del Golfo, las Facciones Disidentes de las FARC y grupos de crimen organizado, siguen siendo grandes generadores de riesgos de homicidios, torturas, retenciones, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos e infracciones al DIH, siendo la población civil la más afectada, y en especial, los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
“Los grupos armados no están demostrando gestos genuinos de paz ni han expresado pruebas fehacientes de respetar a la población civil, pues se mantienen las acciones hostiles contra la población civil, particularmente contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”, sostuvo.
