El Clan del Golfo ‘engordó’ sus finanzas en el Magdalena pensando en la entrega de las armas

La estructura narcoparamilitar se habría robustecido a través del testaferrato para que al finalizar el proceso de la Paz Total no quedar desprotegido económicamente, no obstante este proceso quedó en evidencia y por eso se reanudan las operaciones militares en su contra por orden del presidente Gustavo Petro.

Una vez se conoció la orden del presidente Gustavo Petro Urrego, de retomar las operaciones militares contras las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como el Clan del Golfo, hubo un impacto en las poblaciones donde esta estructura narcoparamilitar tiene arraigo delictivo, como es el caso del departamento del Magdalena donde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha identificado su accionar criminal.

Sin embargo, en sectores urbanos de Santa Marta y Ciénaga, los analistas del conflicto hacen sus principales estudios, sin dejar de lado a municipios como Zona Bananera, El Banco, Pivijay, Guamal, San Sebastián y Sitionuevo, donde las autoridades confirman presencia efectiva de este actor bélico.

César Barros, miembro de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada (PDHAL), señala que las AGC en todo el país se burlaron de la buena voluntad del Gobierno, manejando un doble discurso frente a sus actuaciones sicariales, el tráfico de drogas, y las extorsiones. Muy contrario a lo que esperaba la política de Paz Total, no hubo una disminución de riquezas sino un robustecimiento de sus economías ilegales.

“El Clan del Golfo en todo este tiempo lo que ha hecho es saldar cuentas en las regiones del Magdalena y el resto del Caribe, donde tiene en Barranquilla una disputa con los pequeños grupos que han sido financiados por los paras y los narcos del 90 y que han tomado mucha fuerza. Empezaron a recuperar mercados y zonas estratégicas, puertos y demás, y como son un grupo armado, no tienen un contenido político, lo que hicieron más que todo fue tomarse un espacio para recuperar rutas. Mejor dicho, ‘raspando la olla’, como dirían uno en el argot popular, para ver con qué se quedaban al final de del cierre de las negociaciones”, explica Barros.

Otro de los aspectos analizados por el experto, fue la carga ideológica-política que se atribuyó el estado mayor de estas autodefensas, casi que provocando una atmósfera de acuerdo de paz, como si se tratara de una organización de más tradición y bases transversales. Pues, no es lo mismo, en un contexto jurídico y sociológico, negociar con paramilitares, que con guerrilleros, esto según lo dicho por los entendidos en la materia.

“Ellos quisieron vender que poseían un componente político, pero no lo tienen porque no hay homogeneidad y unicidad en la estructura militar, no tienen unos liderazgos consolidados. Está obvio que cogieron más fuerza en Córdoba, en las zonas esmeralderas, donde no sólo hablamos de tráfico, sino que también hablamos de territorios ricos en temas de minería y territorios estratégicos en la posición y el paso del alcaloide. La respuesta institucional es ir a proteger a los territorios”, agregó el defensor de los derechos humamos.