Critican a Petro por sugerir que jueces presionan para cometer ´falsos positivos´ 

Congresistas de oposición consideraron que el presidente Petro, en su último pronunciamiento, irrespetó la separación de poderes y las instituciones. 

Controversia han causado las recientes afirmaciones en donde el presidente Gustavo Petro, al defender al comandante de la Policía del Caquetá, sugirió que los jueces estarían presionando para “que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos, o se masacre a los manifestantes”. Distintos sectores políticos en el Congreso lo consideraron un irrespeto hacia la rama del poder judicial.

“La conducta del presidente frente a los jueces y la independencia de ellos y su función es bastante preocupante, y es una alerta que tiene que evidenciarse. No es solamente cuando le niegan la libertad a los miembros de la Primera Línea, sino en este tipo de casos, cuando operan de manera autónoma, que sugiere que estan presionando bombardeos o falsos positivos. Es una vergüenza. No entiende de equilibrio de poderes ni de respeto institucional”, dijo el congresista uribista Hernán Cadavid.

También fue objeto de críticas por parte del representante de Cambio Radical Julio César Triana, quien afirmó que “es muy grave y resulta hasta preocupante que el presidente de los colombianos quiera ahora regañar a nuestros jueces. Ellos no están para ser complacientes con actos de barbárie, pero tampoco para estar siempre dispuestos a atender los caprichos de los gobiernos de turno. Ahora más que nunca necesitamos una rama judicial independiente”.

En otro tono, el senador liberal Alejandro Carlos Chácon consideró que es “bueno que el presidente dé un respaldo judicial contratando y apoyando abogados y expertos, para los policías y militares que puedan ser investigados en su actuar. Lo que sí está muy mal es que pretenda interferir en las decisiones judiciales; eso sí es distinto a su labor como presidente, no puede estar interfiriendo en las otras ramas de poder público”.

Desde el Pacto Histórico, en cambio, el representante Alfredo Mondragón respaldó al mandatario. “El llamado tiene que ver con superar esa historia que le han impuesto a los militares y policías para que vean al pueblo como enemigo cuando presenta sus reclamaciones. Comparto lo que ha dicho el presidente de disponer de los mejores juristas internacionales para proteger a aquellos comandantes que se enrutan en una senda distinta”.

Y es que si bien el presidente se pronuncia ahora que un juez penal militar decide imponer una orden de captura contra el comandante del Caquetá, su comentario, al mencionar a los manifestantes y los bombardeos de menores, va más allá. Desde su llegada al cargo, Petro ha tenido desencuentros con jueces igualmente por, como decía Cadavid, no permitir la liberación de integrantes de la Primera Línea y del Clan del Golfo, además de los líos jurídicos en torno a la no utilización del glifosato para erradicar cultivos ilícitos.

JUEZ PREVARICADOR

La orden de captura emitida este 23 de marzo contra el comandante de Policía del Caquetá, Javier Antonio Castro, para que explicara ante la justicia el papel que desarrolló durante el secuestro de más de 70 integrantes de la Policía Nacional en el sector Los Pozos de San Vicente del Caguán, fue revocada.

Apenas 24 horas después de que emitieran orden de captura contra el comandante de policía de Caquetá por supuesta “inacción”, el juez 181 de la Justicia Penal Militar revocó la medida tras explicaciones del coronel y el Ministerio de Defensa. La decisión fue notificada por la Unidad Administrativa Especial de Justicia de la Justicia Penal Militar y Policial, a través de un comunicado en el que señaló que se “resolvió revocar la orden de captura librada contra Antonio Castro Ortega, cuya finalidad consistió en vincularlo formalmente a la investigación mediante indagatoria”.

Previo a esta decisión, el Ministerio de Defensa informó que el comandante no ha podido asistir a los requerimientos de la Justicia Penal Militar debido a “una situación de calamidad familiar por cuenta de la muerte de su señor padre, además de encontrarse excusado del servicio por afección de salud”, dice.

La cartera de Defensa señaló que el coronel fue notificado de la citación a indagatoria en la noche del miércoles 22 de marzo de 2023, a las 20:14 horas, con el propósito de que se presentara al despacho judicial con su abogado al siguiente día, jueves 23 de marzo, a las 8:30 horas.

Sin embargo, el uniformado había tenido que ingresar en la noche del miércoles 22 de marzo al Hospital Central de la Policía Nacional, lugar del que se retiró el jueves 23 a las 5:32 horas, con una incapacidad médica por cefalea. “Esa misma mañana se excusó ante la justicia justificando su inasistencia; no obstante, le fue emitida una orden de captura”, precisó el Ministerio de Defensa.

Este caso tiene múltiples antecedentes políticos y judiciales por lo que implicó que más de 70 policías permanecieran bajo el secuestro de comunidades indígenas que protestaban en esa zona de Caquetá. Este jueves se conoció que el ministro del Interior, Alfonso Prada, también estuvo en una especie de “retención ilegal” mientras negociaba con la guardia campesina que protestaba en el lugar.

La decisión de revocar la orden de captura del comandante se tomó horas después de que el presidente Gustavo Petro asumiera públicamente y a través de redes sociales la responsabilidad “como comandante en jefe de la Fuerzas Militares”, por los hechos en los que 78 policías fueron retenidos.

“Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en Los Pozos, Caquetá”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.