Investigan a más excongresistas por irregularidades en el caso de barguil

La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia encontró mérito probatorio para continuar la investigación contra la exsenadora Sandra Helena Villadiego y el exrepresentante Raymundo Elías Méndez Bechara por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio.

Estos hechos objeto de investigación están relacionados con su supuesta influencia ante el Gobierno Nacional para conseguir dineros de los denominados cupos indicativos durante los años 2016 y 2017, con el objetivo de que esas partidas presupuestales se destinaran a financiar proyectos del municipio de Galeras (Sucre).

«Supuestamente, esos dineros fueron gestionados de manera ilícita por los excongresistas, presuntamente a cambio de recibir una contraprestación económica acordada con el mandatario municipal», expresó el alto tribunal.

Igualmente, la Corte no consideró necesaria la imposición de medida de aseguramiento, por lo cual se abstuvo de ordenar su detención, pero sí encontró elementos suficientes para seguir la investigación en su contra.

Aunque estos casos llevan su investigación de manera independiente, están relacionados con las investigaciones y la indagatoria realizada el pasado 8 de marzo por el exsenador y excandidato presidencial, David Barguil.

Según información suministrada por la Fiscalía, Remberto Javier Amell, en sus funciones como alcalde de Galeras, en el periodo 2016-2019, acudió presuntamente a Barguil para que mediara ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS), de modo que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial del municipio.

De acuerdo con la información del ente acusador, el Gobierno Nacional utilizó el cupo indicativo a los congresistas y le asignó más de 13.000 millones de pesos para las obras, de los cuales el 15 % habría salido para los congresistas.

La Fiscalía aseguró que hay evidencia de que se habría reducido el tiempo de la licitación para que otras empresas no pudieran participar en el proceso. Además, habrían presentado ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos.