Diego García y Ramón Navarro van a ‘cantar’ ante Jueces y Fiscal de España

Ramón Navarro, exdirectivo de la Triple A de Barranquilla.

 

Desde este lunes 16 de abril, Diego García Arías, representante para América Latina del Grupo Inassa, filial de la extinta empresa Metroagua S.A. E.S.P., que por 27 años operó los sistemas de acueducto y alcantarillado de Santa Marta, comenzará a ‘cantar’ ante dos jueces y un Fiscal de la justicia española, todo lo relacionado con la ‘Operación Lezo’.

 

Junto a García Arias también comparecerá Ramón Navarro, exdirectivo de la Empresa Triple A de Barranquilla que opera los sistemas de acueducto y alcantarillado de esa localidad, quienes se ofrecieron a colaborar con la justicia a cambio de lograr beneficios jurídicos.

Según el portal El Independiente de España, en su edición de la fecha destaca que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, y la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, investigadores del caso Lezo, llegarán a Colombia y Panamá en una nueva búsqueda de los fondos presuntamente evadidos por los cabecillas de dicha operación de corrupción; en concreto,  por el ex presidente madrileño Ignacio González, y el que fuera su mano derecha, el ex presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Según se conoció,  el objetivo de las autoridades españolas en este viaje es practicar nuevas diligencias de investigación, que incluye toma de declaraciones, análisis de documentación proporcionada por las autoridades de dichos países, etc,  que ayuden a localizar y repatriar el dinero oculto que presuntamente desviaron a dichos países a través del Canal de Isabel II. Las investigaciones, no obstante, se encuentran bajo secreto de sumario.

“El objetivo de este viaje es practicar nuevas diligencias de investigación que ayuden a localizar y repatriar el dinero oculto de Lezo”, anunciaron las autoridades de la referencia.

 

Es la segunda vez, la primera la realizaron en noviembre pasado, en la que el instructor de la Operación Lezo se desplazó a América Latina con el objetivo de recabar pruebas que lleven hasta el ‘botín’ que habría amasado González a través de un complejo sistema de empresas pantalla y testaferros. En aquella ocasión, la Audiencia Nacional se decomisó una fortuna de 4,6 millones de euros que pertenecía al ex presidente de la Comunidad de Madrid.

 

LOS IMPLICADO EN LA ‘OPERACIÓN LEZO’

Diego García Arias, es uno de los cerebros que el poderoso grupo Inassa  S.A. de España hizo en América Latina, pero selló una negociación secreta con un juez madrileño y ahora dice estar dispuesto a revelar algunas de las trampas que usaron sus cómplices para apropiarse de al menos 100 millones de dólares. De ese dinero, 248.000 millones de pesos (unos 82 millones de dólares) salieron desde Colombia.

Tras diez meses de rastreo, y sin que García inicie aún su colaboración en forma, la Fiscalía capturó a Ramón Navarro Rivera, exgerente general de la intocable empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A, una filial de Inassa en Colombia, cuyas arcas fueron desangradas.

Y el fiscal jefe de la unidad contra la Criminalidad Organizada, Álvaro Osorio, anunció además que se llamó a indagatoria a 11 directivos en España y Colombia, incluido Luis Fernando Arboleda, quien también se desempeñó como presidente de Findeter.

La evidencia que Colombia ha logrado recaudar es tan aplastante, que Navarro aceptó de inmediato los delitos que se le imputaron: enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y administración desleal.

Lo que sí está probado es que conductores de la Triple A recibieron propinas de hasta un millón y medio de pesos por cobrar jugosos cheques al portador.

El dinero era para pagar supuestos seminarios con universidades que nunca se realizaron. Y esa plata se movía en tulas que el capturado Navarro recibía de manos de los choferes.

También hay evidencia de al menos 54 cobros de falsos servicios a la Triple A, y de una asesoría ficticia, que suman cerca de 248.000 millones de pesos.

El contrato de asesoría se firmó el 31 de marzo de 2000 y en este quedó estipulado que se le pagaba a Inassa con el 4,5 por ciento del recaudo de la Triple A, hasta el 2033.

La llegada de estos representantes de la justicia española a Colombia y Panamá ha despertado la atención en Barranquilla y Santa Marta, por ser estas dos ciudades donde más enquistados estuvieron los brazos de la denominada ‘Operación Lezo’. 

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