Por una política pública eficaz

El Catatumbo sigue siendo un corredor de movilidad entre las serranías de San Lucas, el Perijá y los Motilones, lo mismo que con la Sierra Nevada de Santa Marta  y los Estados Táchira y El Zulia, en la hermana república de Venezuela. Del mismo modo, hay presencia de recursos minerales y lo atraviesa el oleoducto Caño limón- Coveñas. Esto nos demuestra la importancia de la condición geoestratégica que ocupa esta región que comprende casi la mitad de todo el territorio de Norte de Santander.

Esas características singulares históricamente atrajeron la presencia de los grupos armados ilegales, que, por obra de los cultivos ilícitos, convirtieron esta zona geográfica en escenario de confrontación. La intensificación de la violencia en la primera década del siglo XXI produjo cerca 5.000 homicidios, más de 1.000 desaparecidos y aproximadamente 3000 desplazados, según estadísticas conocidas.  

La desmovilización de las Farc no se ha traducido en paz para El Catatumbo. El Eln y el último reducto del antiguo Epl hoy se disputan los territorios que ocupaban las Farc. Antes el jefe de los cultivos ilícitos era “Megateo”, y por esta circunstancia ejercía un poder de facto que lo situaba por encima de todas las estructuras armadas ilegales que han operado en este territorio.  Después que lo dieron de baja han continuado las acciones violentas, las amenazas, la extorsión, el desplazamiento y los hostigamientos; los trasportadores dejan los vehículos de carga en la vía pública y las ambulancias realizan trasbordos para llegar hasta los centros asistenciales. Por ello las comunidades  claman por un cese de las hostilidades que han alterado de nuevo la seguridad en esta región.

Unido al panorama de orden público hay que reconocer que no ha habido una estrategia de desarrollo para El Catatumbo y que su problemática hace mucho tiempo desbordó la capacidad de las autoridades locales, regionales y del nivel nacional para afrontarla. En los diagnósticos que se han elaborado se ha dicho que su redención pasa por el desarrollo del campo y la productividad local y, también, por la necesidad de garantizar de manera efectiva el derecho a la educación a sus habitantes. Para tal efecto, la ESAP, la UFPS y la Universidad de Pamplona firmaron un convenio para la puesta en marcha de un complejo universitario en El Catatumbo con el fin de implementar programas de formación continuada y el desarrollo de proyectos productivos. Se plantea que la oferta académica contenga carreras técnicas en el área agropecuaria, mientras se consolida el proyecto académico para luego impulsar carreras profesionales.

Este proyecto debe apoyarlo el gobierno nacional y también se debe buscar el apoyo de la cooperación internacional para garantizar su puesta en marcha y efectividad.

Como estamos en plena campaña presidencial, es oportuno que los aspirantes presidenciales vuelquen su atención sobre esta problemática tan sensible que involucra temas de vecindad con la hermana república de Venezuela, para cuya atención se debe formular una política pública por el Estado colombiano; hay que asumir compromisos que resulten eficaces, porque, hasta ahora, el mayor peso lo han soportado las autoridades regionales.

*ExDefensor del Pueblo