En el Parque Taykú no hubo robo, un embargo del Congreso lo frustró

El fallido Parque Taykú fue producto del convenio No. 1377, suscrito el 12 de octubre de 2.006 entre el Ministerio de la Cultura, el Departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta cuyo principal objetivo era realizar obras para la recuperación del Centro Histórico de la ciudad de Santa Marta.

Las incapacidades médicas del Fiscal que lleva el proceso han impedido la audiencia de juzgamiento final.

 

Las ruinas del proyecto denominado ´Parque Taykú´ es otro de los tantos ´elefantes blanco´ que ha dejado la administración pública en este departamento. Curiosamente su fracaso no es atribuible al robo de los recursos ni a la malversación de los mismos. A diferencia de otros proyectos,  en el ´Taykú´ todos los caminos del fracaso de la obra conducen a un responsable: El Estado colombiano representado en esta ocasión por un ente autónomo, con personería y patrimonio independiente, pero al fin y al cabo perteneciente a la estructura del Estado, como lo es el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, fue el que se ´tragó´ la plata que tenía el departamento para sacar adelante la obra. ¿Y cómo lo impidió? Mediante un embargo ejecutivo de carácter laboral contra la Gobernación del Magdalena a la que se le ´secuestró´ una millonaria suma de dinero, donde estaban asignados los recursos del Taykú, que paradójicamente tenían la condición de partidas específicas y por lo tanto inembargables.

Pero fue el propio Estado colombiano el que se la inventó para embargar y coger la plata, recursos que fueron a parar luego al pago de las pensiones de un grupo de congresistas, entre ellos varios del departamento.

En los anteriores términos está resumida la tragedia del Parque Taykú y de quienes aparecen involucrados en el escándalo judicial, en el que de paso, la misma Fiscalía General de la Nación ha dicho, que en el proyecto no hubo sobrecostos, ni detrimento patrimonial con cargo a quienes tuvieron la responsabilidad de dirigirlo.

 

LOS ENCARTADOS

Sandra Rubiano Layton, Frank Noble Olivero, Omar Guerrero Orozco y Pedro Bonilla Barreto, fueron vinculados a la investigación por la Fiscalía desde diciembre 16 de 2.014 en una providencia en la cual se le precluyó investigación al contratista y al interventor.

Posteriormente fueron llamados a rendir indagatoria en la que expusieron sus aclaraciones del caso, pero sorpresivamente, sin habérseles efectuado ampliación de indagatoria, el 17 de noviembre de 2.016, fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en virtud de una orden de captura expedida por el Fiscal Jairo Martínez López, permaneciendo durante 4 meses en la Cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.

Luego de este  ‘encierro’,  el 14 de marzo del 2017, el Juez de la causa, les sustituyó la detención intramural por la domiciliaria, permaneciendo en esa situación, hasta octubre de ese año, cuando se les otorgó la libertad provisional, precisamente por la inasistencia del Fiscal a las audiencias, lo que provocó un vencimiento de términos

 

EL CASO DEL FISCAL

El fiscal Óscar Hernández Peña, asignado en la etapa de juzgamiento ha tenido una serie de impedimentos de carácter personal relacionados con su estado de salud, razón por la que no ha podido asistir a las audiencias en las fechas en las que el Juez la convoca

 

AUDIENCIAS FALLIDAS

En cumplimiento de este proceso,  el despacho judicial ha programado unas 6 audiencias públicas las cuales han fracasado todas con certificación de excusa médica o incapacidad presentadas por el Señor Fiscal

 

La primera de las audiencias fracasadas fue la preparatoria programada para el 28 de marzo de 2.017. Allí presentó excusa por afectaciones cardiacas; en la segunda inasistencia fue en la audiencia de pruebas y saneamiento de nulidades que se debía realizar el del 4 de julio de ese mismo año.

“Luego de estas 2 primeras audiencias fallidas ha faltado sucesivamente a las audiencias programadas para el 5 y 6 de septiembre y 25 de octubre de 2.017 y las del 24 de enero y 4 de abril de este año, en esta última presentó una incapacidad médica por 2 días, expedida por el médico Ramiro Pallares Campo de la Clínica El Prado, por estar padeciendo una diarrea funcional, tal como aparece en la incapacidad expedida por la Clínica del Prado de fecha 3 de abril de 2018”, sostuvieron los encartados Rubiano, Bonilla, Noble y Guerrero

 

HISTORIA Y CONTEXTO

El contrato del Parque Taykú fue producto del convenio No. 1377, suscrito el 12 de octubre de 2.006 entre el Ministerio de la Cultura, el Departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta cuyo principal objetivo era realizar obras para la recuperación del Centro Histórico de la ciudad de Santa Marta.

Se suscribió por la suma de 4 mil 466 millones 723 millones 719 pesos. El anterior valor constaba de uno inicial por 3 mil 200 millones de pesos y un valor condicionado a la gestión del Departamento ante el Ministerio de Cultura por la suma de un mil 266 millones 723 mil 719 pesos.

Sin embargo, el valor inicial del contrato era por 3 mil 200 millones de pesos, conformado por un mil 900 millones de pesos del Presupuesto del Departamento del Magdalena y 1.300 millones de pesos de aporte hecho por el Ministerio de Cultura, el cual estuvo siempre garantizado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP No. 428 de 31 de diciembre de 2.007, soportado por la certificación del plan de compra y por la constancia que el proyecto hacia parte del plan de gobierno actual.

La misma Fiscalía dejó expresa constancia que en el presente contrato no hubo sobrecostos, por lo que se entiende como un contrato bien tramitado y lejos que los funcionarios que lo suscribieron hubieran incurrido en delito alguno.

 

“El 21 de marzo de 2.007 se pagó el 50% del valor inicial correspondiente a la suma de 1.600 millones de pesos mediante órdenes de pagos No. 653 por 720millones de pesos y 654 por 880 millones de pesos, con lo cual se dio inicio a la obra y fue el único valor que se giró durante el gobierno saliente del cual hicimos parte; los demás pagos fueron efectuados por el siguiente gobierno en cabeza de Francisco Infante Vergara”, manifestaron Bonilla, Rubiano, Noble y Guerrero.

Advirtieron en términos generales que el Contrato No. 081 de 2.007 que contenía a su vez el contrato de construcción del Parque Taykú tuvo un trámite ajustado a derecho, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos esenciales en todas sus etapas, con los principios previstos en el artículo 209 constitucional y del régimen de contratación.

“Fue suficientemente planificado y contó con todos los estudios y licencias para asegurarse que la obra comenzara sin ningún contratiempo hasta terminarse en su totalidad y, con esto, cumpliera la función pública objeto de su estructuración, sin embargo, este parque no se pudo terminar, ya que por causas ajenas a su estructuración y absolutamente inimputables a los implicados en la investigación fracasó, sobre esto, entre planos, licencias y estudios los funcionarios investigados aportaron al expediente más de 3.000 documentos útiles para su evaluación que la Fiscalía extrañamente no incorporó”, sostuvo a su turno Sandra Rubiano, exgobernadora del Magdalena.

 

CAUSAS DEL FRACASO DEL CIERRE DE LA OBRA.

El 27 de junio de 2007, fecha en que los funcionarios procesados entregaron la administración al nuevo gobierno, la construcción quedó activa, hasta cuando en el mes de septiembre de 2.007 fue ilegalmente suspendida por no tener Licencia de Construcción, suspensión a todas luces irregular puesto que ella, no era un requisito exigible, por ser una obra a construirse en espacio público e incluida en el plan parcial del Distrito de Santa Marta, y en el programa de Gobierno Departamental, según se desprende de los decretos presidenciales 564 y 2181 de 2.006 y la Resolución 1.800 también de 2.006, expedida por el Ministerio de la Cultura.

 

EMBARGO DE LOS FONDOS.

 Luego de la suspensión de la obra, en el mes de octubre de 2007, se suscitó la ola de embargos más grande en contra del Departamento del Magdalena en toda su historia fueron 43 mil 616 millones 510 mil 463pesos, los que se llevaron los acreedores de las arcas del departamento, entre ellos, la plata con la que se debía terminar el Parque Taykú.

 

Los dineros correspondiente al parque fueron embargados por el Fondo de Previsión del Congreso de la República, Fonprecon, sin que al respecto, el equipo jurídico del gobierno del Departamento del Magdalena de la fecha, hiciera una defensa técnica jurídica eficiente, con lo cual se siniestró definitivamente el proyecto.

“Con todo esto feneció el proyecto y no le quedó al gobierno de turno, es decir, del 2008,  más remedio, sino que liquidar el contrato. Es esto lo que la justicia debe aclarar, pues se está en mora de dar a conocer las verdaderas causas del fracaso de esta obra, que hubiera servido de gran manera a Santa Marta pues descongestionaba el centro histórico, generado  empleos directos e indirectos con una afectación positiva en el renglón macroeconómico local”, explicó Bonilla Barreto.

Los encartados dentro del proceso, Rubiano, Bonilla, Robles y Orozco, expresaron que al final de cuentas lo que quiere la sociedad samaria es que se esclarezcan los hechos y que se juzgue, si todavía hay tiempo, a los verdaderos responsables, pero en nada ayuda la Fiscalía a que ello suceda.

“En ese sentido esperamos que la Fiscalía asuma la responsabilidad que le corresponde, que el Director Seccional tome cartas, afronte directamente el asunto, que en consecuencia, el Fiscal asignado asista por fin a las próximas fechas programadas para las audiencias a llevarse a cabo los días 21 y 22 de junio de 2.018, cumpla con la obligación pública debida y de esta forma, se dé por terminado uno de los casos de corrupción pública más sonado en los últimos tiempos”, precisaron quienes han padecido el viacrucis del Parque Taykú