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‘Existe contra Drummond un cartel de falsos testigos’
José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional, llamados a juicio por su presunto apoyo financiero a grupos paramilitares.
El presidente y expresidente de la multinacional deberán responder en juicio como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir.
La compañía Drummond Ltd. se pronunció sobre la acusación de la Fiscalía contra sus directivos, José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional.
“Drummond Ltd. fue informada de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de confirmar sus acusaciones en contra de Augusto Jiménez, ex presidente de Drummond Ltd., y de José Miguel Linares, actual presidente de Drummond Ltd. Estas acusaciones no están sustentadas en pruebas creíbles y se basan, principalmente, en declaraciones falsas de delincuentes convictos, que recibieron pagos por su testimonio”, afirmó la compañía en un comunicado oficial.
Cabe recordar que un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en su totalidad la acusación presentada por un fiscal del Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional, donde se resalta la existencia de material de prueba que sugiere la presunta responsabilidad de los dos directivos en el delito de concierto para delinquir agravado, específicamente en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley, una conducta calificada como de lesa humanidad.
Asimismo, el comunicado oficial de la compañía afirmó que: “Lo que existe contra Drummond es un cartel de falsos testigos, promovido por un abogado norteamericano y abogados colombianos, que demandaron a la empresa en Estados Unidos, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, lo que han logrado es que estos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía y ante la JEP”.
Por ello, Drummond reafirma su apoyo y confianza en José Miguel Linares y Augusto Jiménez, y continuará apoyándolos plenamente en la fase de juicio de este asunto. El proceso judicial se está llevando a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 600 de 2000, que corresponde al antiguo Sistema Penal colombiano.
“Drummond confía en que cuando se presenten todas las pruebas se demostrará la inocencia de sus ejecutivos ante los tribunales judiciales correspondientes”, finalizó el comunicado.
De hecho, el fiscal a cargo del caso, perteneciente a la Dirección de Justicia Transicional, determinó que Linares Martínez y Jiménez Mejía, durante el periodo comprendido entre 1996 y 2001, la filial de Drummond en Colombia se habría beneficiado del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las autodefensas.
Según las autoridades, los acusados, supuestamente, recibieron financiación para tomar control de municipios del Cesar como El Paso, Becerril, Chiriguaná La Jagüa Ibirico y Agustín Codazzi. Los altos mandos de la empresa, según la teoría de las autoridades, contactaron al grupo armado para que les brindara “seguridad”, pues los paramilitares incursionaban y hacían presencia en las mismas minas, así como en la vía férrea que transportaba el carbón a sus respectivos puertos.
Bajo esta premisa, estos hechos presuntamente les habría asegurado la protección de sus activos y les permitió llevar a cabo sus operaciones mineras de carbón, en el departamento del Cesar, sin obstáculos.
La reconocida compañía Drummond, el pasado mes de abril de este año, respondió a la declaración del exparamilitar Jairo de Jesús Charris, conocido también con el alias de Viejo Miguel. Este le hablo con la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los hechos que rodearon el asesinato de tres sindicalistas de la Drummond, hace ya más de 20 años, tuvo como protagonista y ordenador a la multinacional.
De manera reiterada, alias Viejo Miguel, señaló que “estos asesinatos fueron ordenados directamente por Gary Drummond, dueño de la multinacional; así como por el presidente de la empresa en Colombia, Augusto Jiménez Mejía, y el expresidente mundial de la misma, Mike Tracy. Estos crímenes fueron ejecutados por el Bloque Norte de las AUC, con los que la Drummond tenía una relación desde hace varios años”.
En un comunicado de tres páginas, la compañía desmintió los señalamientos advirtiendo: “Lo que hay contra Drummond Ltd. es un cartel de falsos testigos, promovido por abogados estadounidenses y colombianos, que pretendían enriquecerse demandando a la compañía en Estados Unidos, pero no lo lograron. Lo que sí han logrado es que esos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía y, ahora, ante la JEP”.
Y señaló que Jairo de Jesús Charris “miente al señalar a Drummond Ltd. y a sus directivos de tener relación con homicidios perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Miente para beneficiarse a sí mismo. Primero, recibió pagos sustanciales de abogados que intentaban ganar dinero en una demanda en los Estados Unidos”.
Fiscalía dejó en firme la acusación
Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia, en su integridad, la resolución de acusación proferida por un fiscal del Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional, en contra de José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional Drummond, respectivamente.
La decisión judicial destaca que hay abundante material de prueba que da cuenta de la presunta responsabilidad de los dos directivos en el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley, conducta que fue declarada de lesa humanidad.
El fiscal del caso, adscrito a la Dirección de Justicia Transicional, estableció que Linares Martínez y Jiménez Mejía, entre 1996 a 2001, habrían aumentado el valor de un contrato suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De esta manera, al parecer, garantizaron la protección de sus bienes y ejercieron con libertad la operación minera de carbón en el departamento del Cesar. El proceso se sigue en atención a los lineamientos definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
