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Interceptaciones duraron 10 días
El Fiscal General Francisco Barbosa señaló que la Dijín mantuvo la interceptación de las líneas telefónicas de las dos empleadas de Laura Sarabia durante 10 días.
En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación desmintió a la Dijín, que había afirmado que los teléfonos de la ex niñera y la empleada de servicio de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, habían sido ‘chuzadas’ antes de que ocurriera el incidente por el robo de 4 mil dólares de la funcionaria.
La entidad aseguró que no es cierto que la orden de interceptar los teléfonos de las dos mujeres se haya dado el 26 de enero, como afirmó la Dijín, sino que en realidad se produjo el 30 de enero, cuando ya había ocurrido esa situación.
De acuerdo con la Fiscalía, el 26 de enero sí fue solicitada la interceptación de dos personas, pero eran distintas a las dos mujeres. Solo hasta el 30 de enero fue cuando «un uniformado de la Policía elaboró un formato en el que indicó que una fuente anónima aseguraba que las líneas de celular de la exniñera y la otra persona pertenecían a alias La Cocinera y alias La Madrina, dos presuntas integrantes del ‘Clan del Golfo'» y pidió intervenir esos números telefónicos.
Según la Fiscalía, las lineas permanecieron ‘chuzadas’ durante 10 días hasta el 9 de febrero, cuando un investigador de la Dijín pidió suspender la interceptación porque «no arrojaba información sobre el ‘Clan del Golfo’ y se escuchaban conversaciones personales».
El presidente de la República, Gustavo Petro, calificó anoche como una irresponsabilidad que se señale a su gobierno de ‘chuzadas’ y aseguró que ningún miembro de su gabinete ha ordenado interceptaciones ilegales.
El escándalo estalló a raíz de la denuncia hecha por la niñera, Marelbys Meza, en la Revista Semana, según la cual fue conducida a un sótano cerca a la Casa de Nariño, donde sufrió malos tratos y fue sometida a pruebas de polígrafo.
El presidente Petro aseguró que hoy anunciará las decisiones que tomó al respecto, luego de la reunión que sostuvo con la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien es señalado por personas dentro del Gobierno de haber chantajeado a Sarabia para que no se conociera el escándalo.
