Dinero de gastos reservados en la mira por posible caso de corrupción

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Un nuevo escándalo de corrupción tocó las fibras de las Fuerzas Militares, está vez la Fuerza Pública se ve envuelta en investigaciones que adelantan los entes de control, al parecer, por hechos ocurridos al interior del Comando General durante el 2013. Hoy, y de manera extraoficial, se da cuenta de pesquisas que salpicarían a siete oficiales y cinco suboficiales.

Así lo aseguró el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien además confirmó que no escatimará esfuerzos para desenmascarar los presuntos hechos perpetrados por miembros de su institución.

En esta ocasión el Comando General de las Fuerzas Militares está en la lupa de los entes de control por el presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales y uso de información secreta.

El jefe de la cartera anunció que como prueba de la transparencia por parte de la institución que lidera en las últimas horas entregó documentación a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República, con el fin de ubicar a los “presuntos responsables de realizar procedimientos para cometer el ilícito”.

Indicó también que los hechos por los que hoy están en tela de juicio varios miembros de la Fuerza Pública, entre medios y altos mandos, no comprometen la seguridad nacional, sin embargo, la información es de carácter reservado.

El jefe de la cartera de Defensa fue alertado de esta situación por medio de una publicación periodística el 9 de diciembre pasado, por lo que desde el día 11 del mismo mes ordenó a altos mandos adelantar investigaciones con el fin de verificar si la información publicada era verídica. “Solicité al Comando General de las Fuerzas Militares las explicaciones de rigor y evalué los informes”, dijo Villegas.

Una vez el ministro confirmó que las investigaciones arrojaron posibles irregularidades al interior del Comando General de las Fuerzas Militares éste desarrolló un dispositivo de hombres calificados para seguir el rumbo de las mismas y de esta manera dar a conocer las inconsistencias no solo a los entes de control, sino también a la opinión pública.

 

Villegas ordenó además una serie de controles que permitieron mejorar el área de inteligencia. “Se ha extremado el cuidado para asegurar la permanencia del personal confiable y calificado, el cual debe ser re-entrenado y sometido frecuentemente a pruebas de fiabilidad y contrainteligencia”, precisó Villegas y agregó que, además de esos mecanismos, ha instruido a la Oficina de Control “a mantener permanentemente la disposición y comunicación con los entes de control para avanzar en las indagaciones competentes y así proceder con los actos administrativos. El ministerio apoyará toda averiguación que llevé a establecer si esos presuntos responsables usaron equipos de inteligencia oficial para actividades ilegales e interceptaciones y si así fuese, establecer cuáles serían los fines”.

Del mismo modo, enfatizó que con el ánimo de acatar las directrices de la Procuraduría General de la Nación, de “suspender por 30 días la ejecución, disposición, uso o entrega de recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC), remití un oficio el 16 de abril al comandante de las Fuerzas Militares, la cual ya fue acatada”.

Otras decisiones optadas por el Ministerio se relacionan con eliminar dos de sus dependencias administrativa y jurídicamente.  “En el proceso de transformación que hemos venido informando, se ha decidido que dejan de existir en el organigrama del Comando General, el Comando Conjunto de Inteligencia, así como la Regional de Inteligencia que desaparecen jurídicamente”, dijo Villegas.

De acuerdo con el Ministro, estas dependencias habrían dejado de existir administrativamente desde hace una semana y por ahora está en proceso la descalificación jurídica.

En relación con las investigaciones por estos hechos, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, le encomendó al general Jairo Salguero Casas, inspector general de la institución, la responsabilidad de preservar las pruebas que requiera la investigación adelantada por la Procuraduría y demás entes de control.

El general Salguero cuenta con, al menos, 30 días para entregar dichos informes, en los que se corrobore la información suministrada a la Fiscalía y demás entes, y estos puedan continuar el cauce de sus investigaciones. 

 

EL PRESUPUESTO

Pese a que el Ministro de Defensa no entregó detalles sobre el monto de las eventuales irregularidades al interior de su institución, sí confirmó que entre los años 2009 y 2018, los gastos reservados del Comando General de las Fuerzas Militares que han sido destinados a operaciones de inteligencia militar y pagos de información se encuentran en un rango de 8.900 millones de pesos, parte de los mismos están vinculados en las investigaciones que hoy se adelantan.

Villegas aseguró que, “independiente del monto es muy grave esa situación”, y añadió: “defenderé la presunción de inocencia y el debido proceso de los implicados a cualquier nivel jerárquico y la pulcritud de la seguridad nacional; y no ahorraré ningún esfuerzo de colaboración con los órganos de control para establecer responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales de personas de cualquier nivel jerárquico, que resulten implicadas en las investigaciones que el mismo Ministerio de Defensa Nacional ha pedido con base en la información conocida”.

En relación a los implicados, Villegas prefirió no entregar detalles aunque dijo que quienes deben entregar la información son los entes de control. En cuanto a sus competencias  el ministro indicó que tiene conocimiento de las personas vinculadas a la investigación y de las cuales dijo ya fueron separadas de sus responsabilidades y se encuentran en distintas guarniciones del país a la espera de decisiones.

 

EL LLAMADO DE LA PROCURADURÍA

En la tarde del martes la Procuraduría General de la Nación solicitó suspender, durante 30 días, el pago de gastos reservados en las Fuerzas Militares, en atención “a la gravedad de los hallazgos por parte del equipo de investigación”. Con esta suspensión se espera adoptar medidas que garanticen el manejo de dichos recursos conforme a la ley.

Desde el despacho del Procurador aseguraron que se adelantarán las investigaciones disciplinarias pertinentes para atacar este nuevo acto de corrupción que hoy tienen en entredicho a la Fuerza Pública. En esta línea se ha ido avanzando en la recolección de pruebas contra 12 miembros de las Fuerzas Armadas, 7 oficiales y 5 suboficiales. Durante los próximos días una comisión delegada por el Procurador visitará las instalaciones del Comando General para adelantar las indagaciones del caso.

 

“UNO DE LOS PRESUNTOS VINCULADOS”

Si bien el Ministro de Defensa no entregó detalles de las personas relacionadas en este entramado la Revista Semana dio a conocer en una de sus publicaciones el nombre del general Juan Pablo Rodríguez, excomandante de las Fuerzas Militares.

El oficial en retiro, una vez conoció estos señalamientos el domingo, 15 de abril, emitió un comunicado en el que rechaza dicho relacionamiento. “La Revista Semana, fue asaltada en su buena fe por las fuentes consultadas, las cuales suministraron información absolutamente contraria a la verdad, (…) rechazo enfáticamente las afirmaciones mentirosas y calumniosas que allí se exponen y con mis abogados estaremos prestos a colaborar en todas las actuaciones que los organismos de investigación consideren pertinentes”, se lee en una comunicación emitida por Rodríguez, quien dijo tener la conciencia tranquila en cuanto a sus actuaciones dentro de la institución: “Mis actuaciones estuvieron enmarcadas dentro de la legalidad y transparencia, siempre orientadas al cumplimiento de la misión para el beneficio de los intereses patrios”.

 

CONTROVERSIA LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA

Una vez se conoció la determinación del jefe de la cartera de suprimir dos dependencias de inteligencia de las Fuerzas Militares, la preocupación saltó a la luz por parte de analistas del conflicto.

Para John Marulanda, consultor internacional en temas conflicto, esta decisión no es apresurada, aunque si afirmó que desactivar dichas unidades puede generar un “vacío grande”, en la etapa preelectoral que cruza el país, así como las situaciones que se han presentado en zonas de frontera con Ecuador y Venezuela.

De acuerdo con Marulanda, una vez se desarticulen las unidades de inteligencia por parte de las Fuerzas Militares el territorio colombiano tan solo quedaría con inteligencia de la Policía Nacional que es netamente dedicada a la delincuencia.

Sin embargo, el analista no descarta que el ministro Villegas tenga un plan para reemplazar las unidades y de esta manera mantener la estrategia y vigilancia en el país.

Por otro lado, el coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez señala que la supresión de las unidades de inteligencia no tendrá afectación en los hechos que se están registrando por parte de las bandas criminales.  “Ese no es el único organismo de inteligencia, todos los batallones y Brigadas tienen su departamento o sección de inteligencia, entonces cuentan con más controles y no cuentan con tanta liberalidad exagerada para manejar esos dineros como si fuera una caja menor”, dijo el coronel.

Velásquez confirmó que el transfondo de la investigación data de los dineros mal usados al interior de las unidades hoy extintas. Por lo que confirmó que, en relación a los procesos de inteligencia que llevan contra bandas criminales no hay mayor afectación. Pese a que de pronto existan informantes pagos por esas dependencias, será la Fuerza Pública la que designe labores investigativas para que estas acciones no se vayan a pique y continúen con las operaciones en terreno. Bogotá Colprensa.

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