CIDH destaca medidas de Colombia para disminuir la detención preventiva

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La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaboró un informe sobre las medidas orientadas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, en el que se destacan las medidas adoptadas por Colombia para racionalizar dicha medida preventiva. 

Los datos recolectados por la organización, con financiamiento del Fondo Español para la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobado el 3 de julio de 2017, presenta como conclusión que el uso excesivo de este mecanismo es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los estados miembros de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad por lo que hizo una serie de recomendaciones a los Estados. 

Las sugerencias fueron adoptadas para prevenir acciones como: La celeridad en los procesos y la corrección del retardo procesal, la erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada o herramienta de control social, la defensa pública y las medidas de carácter general relativas a políticas estatales. 

“Los Estados deben hacer seguimiento a estas recomendaciones, ya que así podrán tener un mejor y mayor entendimiento de esta materia, y a la vez, contar con herramientas adicionales para adoptar políticas estatales dirigidas a la reducción de la prisión preventiva”, expresó la CIDH mediante comunicación dirigida al Ministerio de Justicia. 

El documento destaca de forma particular la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la aplicación de medidas alternativas a la población femenina, considerando los patrones socioculturales discriminatorios y los estereotipos que las exponen de forma particular a violaciones de sus Derechos Humanos. 

De igual forma, busca avanzar en la aplicación de un enfoque diferenciado para atender las necesidades particulares de respeto y garantía de una variedad de personas pertenecientes a grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad en el contexto de privación de la libertad, incluyendo a la población afrodescendiente, con discapacidad, indígena, LGTBI y adulta mayor. 

Bogotá (Colprensa).

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