Cargos contra jueces y abogados que defraudaron a Ecopetrol en $137 mil millones

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La Fiscalía General de la Nación entregó los resultados de la segunda fase de la investigación por caso de corrupción conocido como el ‘Pozo de la Dicha’. Se trata de caso que se presentó en Norte de Santander donde Ecopetrol debió pagar más de 137 mil millones de pesos en razón a varias tutelas, al parecer, falladas de manera irregular por varios funcionarios judiciales.

Como resultado de las indagaciones se radicó la imputación de cargos en contra de los jueces del Distrito Judicial de Cúcuta Samuel Darío Rodríguez Duarte y Amparo Disney Vega Mendoza, a quienes el próximo 23 de abril se les imputarán cargos por prevaricato por acción en concurso homogéneo, peculado en favor de terceros en calidad de intervinientes y concierto para delinquir. 

Actualmente, los dos funcionarios judiciales se encuentran en juicio por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo en razón a procesos que fallaron en segunda instancia contra Ecopetrol.

Los casos por los que son investigados los togados tienen que ver con acciones judiciales que fueron emitidas entre 2010 y 2011, algunas de las cuales fueron anuladas en 2012 por la Corte Constitucional, aunque otras sí alcanzaron a ser canceladas por parte de la estatal petrolera.

Entre tanto, los abogados José Trinidad Minota Quintero, José Luis Horta Orozco, Iván Landínez Vargas, Asael Arguello Cortés, Andris Jonathan Barreto Rodríguez, Catia Del Carmen Joly Villareal también fueron relacionados al proceso como determinadores, por lo que se les imputuarán cargos por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo, peculado en favor de terceros en calidad de intervinientes y concierto para delinquir.

En este caso de corrupción la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó el pasado 27 de febrero, a los exmagistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, Fernando Castañeda Cantillo y Félix María Galvis Ramírez, quienes deberán purgar cerca de 22 años de cárcel cada uno luego de ser hallados culpables de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.

Bogotá Colprensa.

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