A $ 5.000 mil millones asciende el desfalco en las Fuerzas Militares

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Como si los casos de corrupción en el Gobierno no fueran pocos, esta semana estalló un nuevo escándalo que tocó las fibras de las Fuerzas Militares. Está vez la Fuerza Pública se ve envuelta en investigaciones que adelantan los entes de control, al parecer, por hechos ocurridos al interior del Comando General durante el 2013.

En esta ocasión el Comando General de las Fuerzas Militares está en la lupa de los entes de control por el presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales y uso de información secreta.

 

Han pasado dos días desde el que Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció una serie de irregularidades que se han registrado al interior de las Fuerzas Militares, al parecer, hechos de corrupción que vinculan a varios miembros de la Fuerza Pública. En la mañana de este viernes se conoció desde el Ministerio que los actos indebidos también se registraron en la Agencia de Logística de las FF.MM, la cual se dedica a suministrar la alimentación a los soldados en el territorio nacional.

En medio de una rueda de prensa presidida por el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, el viceministro de Defensa para el Grupo Social y Empresarial del Estado, Javier Pérez, y el coronel Óscar Jaramillo, director de la Agencia Logística, anunciaron que desde el año pasado reportaron anomalías en el dinero que estaba destinado para la alimentación de los uniformados.

El comandante de las Fuerzas Militares general Alberto Mejía dijo que   se ha puesto a disposición de los órganos de control toda la información que se ha solicitado para que se adelante una rigurosa investigación.

Según Pérez en este caso se hallaron algunos “actos de corrupción de algunos funcionarios de la Agencia de Logística”, por lo que aseguró que todo el proceso de investigación está documentado bajo los análisis que descubrieron desde el interior de la entidad, y añadió que por estos hechos ya varias personas están detenidas, y otros fueron llevados a estrados judiciales.

“Ellos tienen que pagar por lo que han hecho, nosotros hemos sido parte de las investigaciones y hemos sido los acusadores de estas personas inescrupulosas que han querido hacer mal uso de la Agencia Logística (…) y no vamos a permitir que cualquier acto de corrupción quede impune”, afirmó Pérez.

 

A su turno, el director de la Agencia, general Jaramillo anunció que han sido 29 procesos de investigación los que se han adelantado por estos hechos, y que han dejado 19 personas vinculadas a la indagación. Jaramillo precisó que cuatro personas fueron capturadas tras ser sorprendidas cometiendo actos ilícitos.

“Se trata de Luisa Parafor Pájaro, tesorera de la entidad; Luis Martínez, contratista y quien además llegó a un acuerdo con las autoridades para denunciar el ilícito. Otro de los capturados fue Víctor Orozco quien fungió como auxiliar contable, y una cuarta persona que está por establecer”, dijo Jaramillo y señaló que los procesos de investigación donde se evidencie autoría o participación de uniformados se remiten a la Procuraduría General de la Nación para que inicien las acciones disciplinarias correspondientes. Por otro lado, señaló que hasta el momento tienen 30 procesos internos.

 

Pese a que los oficiales habían denunciado los hechos desde el año pasado, hasta este viernes se conocieron cifras exactas del desfalco a la Agencia Logística. Estos fueron referenciados por los funcionarios así:

 “En lo que tiene que ver con la regional Atlántico, el faltante de dinero asciende a los 4872 millones de pesos. De los demás 28 procesos se han establecido faltantes por 4736 millones de pesos, esto en el modus operandi de faltante de material por robo, faltante de material por no entrega a las unidades llámense unidades ranchos de tropa o centros de almacenamiento, y la última establecida por un valor de 1708 millones de pesos que son contratos elaborados sin los requisitos plenos”, afirmó Jaramillo.

 

Según el oficial, la Fiscalía logró establecer que en el 90% de los contratos, los miembros de la Agencia Logística (algunos de ellos ya detenidos) le pedían al proveedor coimas entre el 7 y 10%.

Por último, señaló el general Mejía que están poniendo la cara ante el pueblo colombiano para registrar los actos de corrupción que se suscitaron al interior de las Fuerzas Militares, “nos ponemos colorados un momento, esto no se disfruta; pero el mensaje es claro estas fuerzas son diferentes, estamos dispuestos a dar la lucha por la transparencia”.

 

ESTAS FUERON LAS IRREGULARIDADES

Pese a que las irregularidades salieron a la luz pública el pasado mes de abril, Colprensa conoció el reporte de denuncias hechas ante los entes de control. Los hechos que enredan la contratación al interior de la entidad han venido siendo rastreados desde 2011.

 

El primero de ellos se realizó en enero de 2011 en el que se denunció ante la Fiscalía Seccional de la Dorada (Caldas) inconsistencias en la venta de un ganado en la regional centro por un valor de 88 millones de pesos.

En mayo de 2013 se instauró una denuncia ante la Fiscalía Tercera seccional de Girardot por el presunto delito de peculado por apropiación por más 96 millones de pesos. Posteriormente, en agosto de 2014, las autoridades instauraron dos denuncias ante la Fiscalía 18 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cali, por los presuntos delitos de peculado por apropiación por las sumas de 713 millones de pesos, y en otro caso por 32 millones de pesos.

 

En marzo de 2015 se denunció ante la Fiscalía de Girardot, el posible delito de hurto a la servitienda ´Zulia´ por sumas que llegan a los 24 y 75 millones de pesos. En octubre de 2016 se instauró una denuncia ante la Fiscalía 37 local de Cartagena por el presunto delito de hurto en el almacén de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – regional Atlántico por la suma de 988.184 pesos.

 

Posteriormente, en febrero de 2017, se denunciaron ante la Fiscalía 379 de la Administración Pública de Bogotá, los presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica por valor de 40 millones de pesos.

 

Hace poco más de un año, en febrero de 2017, las autoridades instauraron una denuncia ante la Fiscalía 69 Seccional de la Fe Pública de Bogotá, por los presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica en documento público por un valor que superó los 250 millones de pesos.

En abril de 2017 una acción similar se llevó ante la Fiscalía Dos de Girardot, los presuntos delitos de hurto agravado y peculado por la suma de 70 millones de pesos. Durante julio del mismo año, las autoridades llevaron otro caso ante la Fiscalía 46 de la Administración contra la Corrupción de Bogotá, por los presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica por la suma de 16 millones de pesos.

 

Se conoció también que en agosto interpusieron tres denuncias por sumas que ascenderían los 80 millones de pesos, por los delitos de hurto agravado y peculado por apropiación.

Por otro lado, también se conoció que en noviembre fueron instauradas denuncias por peculado por apropiación, el cual se habría concretado por más de 25 millones de pesos.

Por último, el ministerio reveló la suma que preocupó a las autoridades y por la que se instauró una denuncia en febrero de 2018  ante la Fiscalía 216 de la Fe Pública de Bogotá por los presuntos delitos de peculado y falsedad en documento público. En este caso se habla de 1061 millones de pesos en irregularidades relacionadas con un contrato de subasta para la compra de azúcar y avena.

 

Conocida esta serie de irregularidades el Ministro de Defensa determinó investigar los principales aspectos administrativos, financieros, de tesorería y contractuales relacionados con la gestión de bienes y servicios para abastecimiento de las tropas ubicadas en el territorio nacional.

A su turno, la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa “visitó las oficinas Principales de Bogotá, y las regionales con sede en Cali, Tolemaida, Villavicencio, Barranquilla y Cartagena y presentó el informe 11 de diciembre de 2017, en el que evidenciaron 194 hallazgos y alertó la exposición de los recursos públicos a posibles riesgos de fraude y corrupción”.

 

EL PRESUPUESTO

Pese a que el Ministro de Defensa no entregó detalles sobre el monto de las eventuales irregularidades al interior de su institución, sí confirmó que entre los años 2009 y 2018, los gastos reservados del Comando General de las Fuerzas Militares que han sido destinados a operaciones de inteligencia militar y pagos de información se encuentran en un rango de 8.900 millones de pesos, parte de los mismos están vinculados en las investigaciones que hoy se adelantan.

 

Villegas aseguró que, “independiente del monto es muy grave esa situación”, y añadió: “defenderé la presunción de inocencia y el debido proceso de los implicados a cualquier nivel jerárquico y la pulcritud de la seguridad nacional; y no ahorraré ningún esfuerzo de colaboración con los órganos de control para establecer responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales de personas de cualquier nivel jerárquico, que resulten implicadas en las investigaciones que el mismo Ministerio de Defensa Nacional ha pedido con base en la información conocida”.

 

En relación a los implicados, Villegas prefirió no entregar detalles aunque dijo que quienes deben entregar la información son los entes de control. En cuanto a sus competencias  el ministro indicó que tiene conocimiento de las personas vinculadas a la investigación y de las cuales dijo ya fueron separadas de sus responsabilidades y se encuentran en distintas guarniciones del país a la espera de decisiones.

Actuación de la Procuraduría

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, anunció que la entidad realizará una nueva inspección en el Comando General de las Fuerzas Militares, en busca de nueva evidencia por el presunto caso de corrupción por el desvío de recursos del fondo de gastos reservados que utiliza la entidad para recopilar información de inteligencia.

El jefe del Ministerio Público explicó que el pasado 5 de abril se realizó una inspección especial en la sede de la institución, en desarrollo de una indagación abierta el 11 de diciembre de 2017, por presunto desvío de recursos, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley.

Como consecuencia de esas indagaciones se solicitó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, suspender por 30 días la ejecución del uso de los recursos asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC), adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares.

Carrillo explicó que en dicho periodo espera se adopten las medidas necesarias para garantizar el uso eficiente de dichos recursos, de acuerdo a lo estipulado por la ley.

Por otra parte, el procurador manifestó que aplicó el poder preferente para que su despacho asuma las investigaciones disciplinarias en contra de 12 militares, siete oficiales y cinco suboficiales que estarían relacionados con los hechos.

Así mismo, Carrillo solicitó “requerir al Comandante General de las Fuerzas Militares que designe un oficial del más alto nivel que asuma la responsabilidad de preservar todos los medios probatorios que requiera la investigación”.

 

Por último, el procurador aseguró que dispondrá de un equipo especial para que examine lo relacionado con la presunta adquisición de equipos para la interceptación de comunicaciones, el uso que se le habría dado a los mismos y si se afectó con ello a personalidades de la vida nacional.

Si bien el Ministro de Defensa no entregó detalles de las personas relacionadas en este entramado la Revista Semana dio a conocer en una de sus publicaciones el nombre del general Juan Pablo Rodríguez, excomandante de las Fuerzas Militares.

El oficial en retiro, una vez conoció estos señalamientos el domingo, 15 de abril, emitió un comunicado en el que rechaza dicho relacionamiento. “La Revista Semana, fue asaltada en su buena fe por las fuentes consultadas, las cuales suministraron información absolutamente contraria a la verdad, (…) rechazo enfáticamente las afirmaciones mentirosas y calumniosas que allí se exponen y con mis abogados estaremos prestos a colaborar en todas las actuaciones que los organismos de investigación consideren pertinentes”, se lee en una comunicación emitida por Rodríguez, quien dijo tener la conciencia tranquila en cuanto a sus actuaciones dentro de la institución: “Mis actuaciones estuvieron enmarcadas dentro de la legalidad y transparencia, siempre orientadas al cumplimiento de la misión para el beneficio de los intereses patrios”.

 

 

 

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