Exsecretario de la JEP prende el ‘ventilador’ y acusa a 9 magistrados

Néstor Raúl Correa exsecretario ejecutivo de la JEP dijo que 9 magistrados de ese tribunal encabezados por su presidenta Patricia Linares, querían el control burocrático de esa jurisdicción.

Lo que le faltaba a la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ocurrió ayer cuando en una virulenta carta el exsecretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, dio a conocer las razones por las que salió de esa justicia transicional.

 

Correa no dejó títere con cabeza. Acusó desde la Presidenta del Tribunal, Patricia Linares, como a 8 magistrados más, a quienes señala con nombres y apellidos de pretender ´asaltar´ burocráticamente esa jurisdicción-

De acuerdo con la versión de Correa,  una vez se posesionaron los 38 magistrados de la JEP, un grupo de nueve magistrados cambiaron el esquema con el que venía funcionando la Secretaría Ejecutiva para quitarle funciones y peso, y poder tomar decisiones burocráticas dentro de esa justicia.

Dijo además en su carta que el Acuerdo de Paz había establecido que la Secretaría Ejecutiva debía ser «robusta y autónoma, como en los tribunales internacionales», lo que a su juicio era lo «más coherente con un sistema de justicia transicional, con los derechos de las víctimas y con el interés general».  Esas funciones eran, según Correa, prestar asesoría jurídica, apoyo psicosocial, representación judicial y seguridad a las víctimas, prestar a los procesados el servicio de defensa y representación judicial, garantizar la presencia y seguridad de testigos, asegurar la vigilancia electrónica de los liberados, administrar la JEP, llevar la secretaría de la Sala Plena y del órgano de Gobierno.

Sin embargo, dijo que ese grupo de nueve magistrados que se llamó Comité Estratégico  estimó que «ese esquema no llenaba sus expectativas y que era necesario modificarlo» para quitarle funciones al cargo que él desempeñaba.

 

EL ASALTO

De acuerdo con el exsecretario ejecutivo de la JEP, los magistrados, liderados por Patricia Linares (presidenta de la JEP) y Danilo Rojas (exmagistrado del Consejo de Estado) «diseñó una estrategia para quitarle funciones a la Secretaría Ejecutiva y tomarlas para sí». 

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Asimismo, el exsecretario ejecutivo de la JEP comentó que ese grupo de nueve magistrados fue creado por Linares el 6 de octubre del año pasado en un desayuno en el restaurante ‘El Comedor’ en el que «convocó a quienes consideraba sus amigos».

Según Correa, allí estaban Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes.

«Los 29 magistrados restantes de la JEP no tienen nada que ver con este Comité. El objetivo del Comité Estratégico fue incidir y hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al Secretario Ejecutivo en el Acuerdo de Paz, en el Acuerdo Especial de la Secretaría, en el Acto Legislativo y en el proyecto de ley estatutaria de la JEP», dijo Correa.

El objetivo del Comité Estratégico fue incidir y hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al Secretario Ejecutivo en el Acuerdo de Paz

Según Néstor Raúl Correa lo que buscaban esos magistrados era «quitarle esas funciones a la Secretaría Ejecutiva, pasárselas a los magistrados, apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al Secretario Ejecutivo del órgano de gobierno, para que no tuviera voto».

Correa dice que ese Comité «funcionó a la perfección, pues ese resultado se logró. Para ello el Comité Estratégico diseñó una estrategia conjunta de trabajo con el fin de armar una propuesta para modificar la distribución de poderes al interior de la JEP».

También dijo que en la segunda semana de octubre del 2017 le presentó a Patricia Linares una propuesta sobre cómo debía ser el organigrama y planta de personal de la JEP en el que se contemplaba una planta «minimalista de 440 personas en total (una magistratura con 152 cargos y el resto para grupos comunes y para la Unidad de Investigación y Acusación y para la Secretaría Ejecutiva), cuyo número evolucionaría hacia arriba y hacia abajo a lo largo de los 10 años de la JEP».

Asegura Correa, en ese organigrama no se contemplaba la figura de magistrados auxiliares para los magistrados de la JEP, sino un equipo de asesores de tres personas por despacho.

En la Carta el exsecretario dice que esa planta era de «más alto costo, por la presencia de magistrados auxiliares».

En febrero de este año el Gobierno expidió un decreto que reguló el régimen salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la JEP, con el que los magistrados quedaron, según Correa, «con tres de los cinco magistrados auxiliares que habían solicitado y en todo caso las plantas de cada despacho quedaron de 10 personas de libre nombramiento y remoción por parte de los magistrados».

Así, dice Correa, la JEP quedó con 873 cargos de los cuales «los magistrados nombrar directamente 479 personas».

«Por ejemplo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, asume la función de conceder las licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, comisiones, viajes, etc., de todo el personal de la JEP. Ni siquiera en la rama judicial los magistrados se inmiscuyen en estos asuntos propios de un jefe de personal. Y algunos magistrados se dedicaron a la micro-gerencia (edificio, contratos, computadores, etc.), repitiendo errores de la rama judicial», aseguró.

Los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al Secretario Ejecutivo del órgano de gobierno

Con esos argumentos Correa asegura que «los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al Secretario Ejecutivo del órgano de gobierno, incluso antes de conocerse el fallo de la Corte. Ambas cosas las lograron».