Desviando el debate Presidenta de la JEP hace ‘quite’ al escándalo

La presidenta de la jep, Patricia Linares, salió a refutar las graves acusaciones hechas por el exsecretario ejecutivo de ese tribunal, Néstor Raúl Correa, quien develó el apetito burocrático de los magistrados y el afán de su presidenta en manejar la plata de nómina y contratos. La magistrada Linares desvió la atención del debate denunciando que Correa les averiguó los correos electrónicos de los togados.

La presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Patricia Linares, buscando desviar el debate planteado por los graves señalamientos que hizo en su contra Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, dijo ayer que dicho funcionario los espió conociendo los contenidos de sus correos electrónicos.

 

Frente a los señalamientos de interés burocrático y de querer junto a otros 8 magistrados de apoderarse de la JEP y tras haber manifestado Correa que la funcionaria habría encabezado un complot para acoger funciones burocráticas que le correspondían a la oficina a la cual renunció, no dijo nada.

La señora Linares respondió con acusaciones aún más graves por parte del funcionario, dijo que la denuncia de una reunión desarrollada el pasado 6 de octubre fue obtenida de correos personales, la cual fue obtenida ilegalmente por parte del secretario.

«Ese intercambio de opiniones y reflexiones jurídicas también lo hicimos en la mayoría de los casos, por vía electrónica, a través de nuestros correos personales, pues aún no estábamos posesionados, correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa, quien en enero del presente año le expresó a la Presidenta que si no asumíamos los diseños que tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos, pues según él poner en conocimiento del Gobierno nuestros conceptos y opiniones era irregular», expresó la presidente durante la lectura del comunicado, que además firmaron los magistrados Eduardo Cifuentes, Danilo Rojas, Catalina Díaz, Alejandro Ramelli, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Yesid Reyes e Iván González.

Ante la escandalosa carta que envió el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, tras su salida de esta jurisdicción, la presidenta Patricia Linares, dijo que “llama la atención que en lugar de rendir cuentas cómo se le ha solicitado de manera reiterada haya procedido a plantear ante la opinión pública debates que carecen de fundamento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades”.

La funcionaria agregó que «la magistratura no ha celebrado ni celebrará contrato alguno. Esa es función de la Secretaría Ejecutiva cuya estructura se mantiene intacta».

Además aseguró que Correa solo entregó cuentas de los 4.5 millones de dólares que administró desde que inició su labor cuando la Contraloría le hizo varios llamados y que su tarea durante 2017 no se ve reflejada, pues las condiciones mínimas que necesitan para funcionar no están dadas.

Según el exsecretario, los recursos para la paz no fueron un motivo de su salida. En la misiva el funcionario revela que una vez se posesionaron los 38 magistrados de la JEP, un grupo de nueve magistrados cambiaron el esquema con el que venía funcionando la Secretaría Ejecutiva para quitarle funciones y peso, y poder tomar decisiones burocráticas dentro de esa justicia.  

Correa manifestó que la presidenta de la JEP, Patricia Linares,  conformó  en un desayuno el 6 de octubre de 2017, un comité estratégico junto a otros 8 magistrados del tribunal, entre los que se encuentran Danilo Rojas, Catalina Díaz , Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y el exministro  de justicia Yesid Reyes,  con el fin de “incidir y hacer lobby para modificar las funciones que se habían conferido  al Secretario Ejecutivo (S.E) en el Acuerdo de Paz”.

Las funciones del SE, según Correa, era prestar asesoría jurídica, apoyo psicosocial, representación judicial y seguridad a las víctimas, prestar a los procesados el servicio de defensa y representación judicial, garantizar la presencia y seguridad de testigos, asegurar la vigilancia electrónica de los liberados, administrar la JEP, llevar la secretaría de la Sala Plena y del órgano de Gobierno.

Sin embargo, dijo que ese grupo de nueve magistrados que se llamó Comité Estratégico  estimó que «ese esquema no llenaba sus expectativas y que era necesario modificarlo» para quitarle funciones al cargo que él desempeñaba.

 “La idea concreta era quitarle esas funciones al S.E, pasárselas a los magistrados, apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al S.E., del organismo de gobierno del tribunal para que no tuviera voto”, se lee en la carta de Correa.

Correa concluye la carta diciendo que “los magistrados que integran el Comité Estratégico no podían incidir para beneficio propio en la redacción de los textos que los iban a regular….Uno no puede tomar la ley en sus manos.” Señala que ellos “vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al SE del órgano de gobierno”.

Linares reconoció que antes de su posesión sostuvo reuniones con magistrados de la JEP, pero que dichos encuentros se concentraron en la configuraciones de estrategias y planes para desarrollar sus funciones en la Justicia Transicional.