El fin no justifica los medios

Es lamentable que en la sociedad colombiana se haya abierto paso, imperceptiblemente, la perniciosa teoría según la cual, en cuanto se pueda mostrar que los objetivos de una acción eran loables o deseables, no importa si fueron válidos o no los medios usados para alcanzarlos.

Es la doctrina del “todo vale”. No hay límites, restricciones ni resortes éticos con tal de conseguir ciertos propósitos individuales o colectivos. Expresado de otra manera, “el fin justifica los medios”.

Expresión atribuida a Nicolás Maquiavelo, debido a los consejos dados a los monarcas en “El Príncipe” -aunque algunos sostienen que el florentino jamás dio a sus recomendaciones el alcance que hoy tiene ese criterio sobre el ejercicio del poder-, lo cierto es que implicó una ruptura con el concepto ético que predominó en la filosofía desde la época de Platón y Aristóteles.

La tesis de Maquiavelo concluye en dar validez al comportamiento del gobernante, quien, para lograr el beneficio, el bienestar o la felicidad de sus gobernados, puede tomar cualquier tipo de decisión –inclusive la más extrema- u obrar de cualquier manera, no importa cuál, si con ello logra esos objetivos. Esto significa: todo le es lícito, sin parar mientes en principios éticos o jurídicos mientras las finalidades perseguidas sean buenas.

Es verdad que todo ser humano –en especial si goza de poder, y con mayor razón si tiene a cargo el gobierno o el cuidado de una comunidad, o si le corresponde tomar decisiones- enfrenta con frecuencia desafíos respecto a sus determinaciones; se encuentra ante disyuntivas, a dilemas, de suerte que se ve precisado a escoger entre dos o más alternativas. Es posible que se presente la hipótesis del conflicto insalvable, que en situaciones extraordinarias puede llevar a la desesperada única opción de tener que sacrificar algo, para obtener una finalidad más valiosa o deseable. Es el caso del estado de necesidad, aceptado en el Derecho Penal como eximente de responsabilidad, en que, por no existir materialmente alternativa lícita –porque si existe, no cabe la figura-, una persona lesiona un bien jurídico, ocasiona un perjuicio o incurre en una abstención perjudicial, ante la inminencia de un daño mayor o para evitar un mal para sí misma o para otra.

La jurisprudencia más extendida en muchos países ha sostenido que, en tratándose de asuntos de interés público, el gobernante ha de procurar -aun en circunstancias difíciles- el equilibrio, la mesura y el respeto, de modo que optará por aquello que mejor encaje en el beneficio y el interés colectivos, sin violentar la ética y sin atropellar la libertad ni sacrificar derechos. En eso consiste el buen gobierno.

Pero las alternativas en mención, que son extremas y excepcionales, no parten de un dilema entre la bondad del fin y la justificación del medio, o de una situación específica en que la bondad del fin que se persigue exima del comportamiento ético, moral o lícito. La tesis sobre el fin que justifica los medios tiene que ver, no con un caso específico sino con una actitud general; con un modelo de comportamiento que legitima todo cuanto se haga si hay un propósito benéfico.

Como se comprenderá, es una tesis inaceptable desde el punto de vista ético, y rechazada también desde una perspectiva jurídica, pues en el seno de la sociedad hay principios y valores que deben ser respetados. No todo vale.

ExMagistrado