Población migrante  y fronteras

De acuerdo con el documento Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio, “Colombia comparte fronteras terrestres y marítimas con 11 países, los cuales limitan con 13 departamentos y 77 municipios colombianos hacen parte de las mismas. Históricamente, estas zonas han sido permeables, frágiles y con intermitencias en la presencia política, económica y social, afectando a una población de 3,9 millones de colombianos, de los que el 94,5% se concentra en las fronteras con Venezuela y Ecuador (2.759.000 y 969.000 respectivamente). Demográficamente, el 69% de la población fronteriza habita en zonas urbanas, mientras que el 21,9% pertenece a grupos étnicos (indígenas, raizales, y afrocolombianos)”.

Según DNP /2014), “la tasa de desempleo en los departamentos fronterizos es mayor cinco puntos porcentuales frente a la media nacional, y la tasa de informalidad en el empleo asciende al 80%, que representa un veinte por ciento mas que el promedio nacional.”

El documento Conpes citado agrega que “con respecto a indicadores sociales, los municipios fronterizos tienen un NBI promedio de 52.81% y los departamentos fronterizos uno de 47.75%, cuando el promedio nacional es de 27.78%. Esta situación es aún más dramática cuando se observa que el NBI rural en los departamentos fronterizos es de 65,3%, mientras el nacional es de 42,8%. Es pertinente mencionar que ese indicador alcanza valores superiores al 80% en departamentos fronterizos como la Guajira, Guañía, Vaupés y Vichada (DANE, 2005)”.

Las desigualdades y desequilibrios en las regiones y el promedio nacional se percibe con mayor intensidad en los municipios fronterizos si reconocemos como realidad que, según datos oficiales, el 90% de los mismos registran un índice de necesidades básicas insatisfechas por falta de una política  integral de atención a las comunidades que habitan los territorios de la línea fronteriza  que viven del intercambio de bienes y servicios, de la informalidad y también del contrabando que es muy difícil de controlar por las características geográficas y socioeconómicas de estas zonas. Otro caso son los carteles de la gasolina, del narcotráfico, y de otra clase de negocios ilícitos que los ha convertido en un poder de facto en estos territorios.

La corriente migratoria de venezolanos a Colombia, particularmente a los puntos fronterizos, ha agravado la capacidad de la oferta institucional en cuanto a los servicios de salud que ya era precaria para atender a la población más vulnerable de Colombia en las zonas más apartadas.

El Ministerio de Salud y Protección Social ha dictado directrices para atender a la población migrante como: i) viabilización de atención de urgencias para el caso de migrantes en situación irregular, ii) permitir el aseguramiento de esta población de acuerdo con el estatus migratorio y iii) fortalecer la gestión de la salud.

Esos lineamientos son sensatos pero el problema está en la capacidad de respuesta de las entidades territoriales y de quienes tienen a su cargo la prestación de tales servicios.

En Cúcuta, por el alto volumen de migrantes, ya hay un problema de salud pública. Así lo puede constatar en los días de Semana Santa visitando los “albergues” y los puentes internacionales.

ExDefensor del Pueblo

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