Ley de regiones: una deuda histórica

Hablar de regiones no es nuevo. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, varios ponentes defendieron el reconocimiento constitucional de las regiones dado que eran un anhelo y realidad nacional. Sin embargo, Colombia no logra descentralizarse, acabar con la monarquía presidencial que nos caracteriza y definirse por un modelo de ordenamiento territorial que le otorgue a las regiones la capacidad de planear y definir su destino con instituciones fuertes y presupuesto.

Aunque se propuso que las regiones tuvieran órganos legislativos propios y no solo administrativos, esto no quedó plasmado en la nueva Constitución. El gran avance fue que nuestra carta magna, le dio facultades a los departamentos para que se constituyan en Regiones Administrativas de Planeación Administrativa (RAP) y las facultó para que se convirtieran en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP y RET son el vehículo para consolidar alianzas regionales que permitan generar sinergias y formular macro proyectos de alto impacto social y económico.

A pesar de la viabilidad que le dio el marco constitucional, el proceso de conversión de las RAP y las RET estuvo frenado durante mucho tiempo, porque la Ley Orgánica que la reglamentó fue expedida 20 años después de promulgada la Constitución. Sin embargo, cuando se expidió, el legislador omitió otorgarles viabilidad financiera sin que estos nuevos esquemas de asociación territorial pudieran participar del Presupuesto General de la Nación o de cualquier otra forma de financiación por parte del Estado.

Esa situación ha limitado y desincentivado la asociatividad en el territorio, pues su presupuesto se limita a lo que aporten los departamentos que opten por integrarse como región. Es evidente entonces, que a pesar de que en nuestro país se consagran diferentes maneras de descentralización, hacen falta incentivos para promoverlas.

El Congreso de la República, consciente de esta realidad, se ha unido para avanzar en una propuesta legislativa que permita ampliar los recursos de inversión de las RAP e incluir aportes de recursos provenientes del crédito público y posibilidades de cofinanciación dentro del Presupuesto General de la Nación. Promover las RAP y las RET, se convierte así en una manera de incentivar también el desarrollo regional que muchas veces está contaminado por una alta concentración de las decisiones de interés general en pocas manos.

Además, los mecanismos de participación ciudadana son ineficientes, situación que aprovechan algunos mandatarios corruptos con intereses particulares que priman sobre su función pública. Todas esas razones validan esta iniciativa legislativa que espera promover la descentralización y garantizar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones a través de veedurías ciudadanas y el acompañamiento y vigilancia de todos los organismos de control. Sin descentralización real, Colombia no tendrá paz.

Senador