Todo por la plata y los puestos

La magistrada presidenta de la JEP Patricia Linares, y el exsecretario ejecutivo del mismo tribunal, Néstor Raúl Correa dejaron ver esta semana ante el país, la voracidad y el apetito burocrático por controlar el tribunal. Y lo peor, después de las graves acusaciones que se conocieron es que no pasará nada. Y no pasará porque el sistema está diseñado para eso, para la impunidad en las altas cortes y la JEP es una de ellas.

Los expresidentes de las altas cortes les pidieron a los magistrados de la Justicia Especial de Paz superar las peleas y dar soluciones que el país espera

 

En la semana que concluye se han dado los más duros enfrentamientos entre la presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares y varios magistrados, en contra de su saliente secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, en un proceso de paz ampliamente cuestionado por la oposición, pero del que nadie esperaba tanta polémica desde el interior de la misma Justicia Transicional.

Los problemas venían de tiempo atrás pero salieron a la luz pública a principios de abril cuando Correa presentó su renuncia, algo a lo que le quiso bajar el tono argumentando que su misión estaba cumplida porque el Tribunal ya estaba en funcionamiento y operativo, sin embargo, no demoraron en escucharse las críticas.

Después la controversia giró en torno al presupuesto del Tribunal de la JEP, a lo que el funcionario respondió que dicha tarea le correspondía a la Fundación Colombia en Paz.

Acto seguido, las críticas a su gestión se enfocaron a las condiciones en las que se encontraba la estructura física del tribunal de la JEP, sin líneas telefónicas, internet, computadores, entre otros, cuestión a la que respondió así: “Esta secretaría solo contó con un mes para tener las oficinas adecuadas y disponer de los medios tecnológicos necesarios”, expresó Correa.

Desde este punto el funcionario pasó de señalado a denunciar un ‘complot’ en contra de su oficina para que la presidencia de la JEP asumiera funciones burocráticas.

«En materia de cargos primó el criterio de los magistrados, que desequilibra el funcionamiento de la JEP y le abre paso a sus apetitos burocráticos. Si se contaran los cargos que se le establecieron luego a las otras dependencias, en esta propuesta maximalista del Comité Estratégico los magistrados la JEP tendrían 831 cargos», expresó Correa.

La respuesta no fue menos dura por parte de la presidente de la JEP, quien expresó que la información sobre las reuniones que sostuvo con magistrados, antes de posesionados, fue obtenida de forma ilegal puesto que corresponde a datos consignados en correos electrónicos personales.

«Ese intercambio de opiniones y reflexiones jurídicas también lo hicimos en la mayoría de los casos, por vía electrónica, a través de nuestros correos personales, pues aún no estábamos posesionados, correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa, quien en enero del presente año le expresó a la Presidenta que si no asumíamos los diseños que tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos», expresó la presidente en rueda de prensa.

 

A MOSTRAR RESULTADOS

Todos estos pronunciamientos expresados por el saliente secretario y la presidente de la JEP, preocuparon a algunos exmagistrados que en durante su ejercicio estuvieron al frente de las altas cortes del país.

Por ejemplo, para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (2010 – 2012), considera que dicha polémica es un espectáculo bochornoso y que dichos señalamientos de parte y parte deberían ser investigados por organismos competentes, la Fiscalía en el caso del secretario ejecutivo, y la Comisión de Acusaciones en el caso de los magistrados.

«Esta justicia paralela no debió crearse, fue una conseción que se le dio a las FARC para que dejaran las armas, el mecanismo que debió emplearse es la justicia ordinaria como ocurrió con el proceso de justicia y paz», advirtió Arrubla.

Sin embargo, como la JEP ya fue creada, Arrubla considera que el Gobierno y el Congreso deben apresurar el paso para aprobar los proyectos de implementación de los acuerdos de paz que están pendientes, para con ello que el tribunal de la JEP conozca exactamente cuáles son sus funciones.

En cuanto a la burocracia de la que se está discutiendo, el expresidente de la Corte asegura que «la JEP no necesita tantos funcionarios porque la mayoría de acusados (guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública) fueron amnistiados de sus crímenes y en su mayoría queda el juzgamiento de crímenes de guerra».

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, también se declaró desconcertado por los enfrentamientos, algo que no tuvo que vivir cuando participó como uno de los miembros pioneros de esa corte, época en la que sus colegas estuvieron a la altura de las circunstancias y sacaron el alto tribunal adelante.

«Con independencia de quien tenga la razón, preocupa a la ciudadanía que esta jurisdicción especial, que ni siquiera ha comenzado a administrar justicia, y que es transcendental para el cumplimento del acuerdo de paz, no ofrezca desde el principio las garantías de integridad y respetabilidad que debería ofrecer», expresó.

Hernández no es tan drástico en solicitar la intervención de la justicia en esta polémica, pero considera que cada uno de los señalamientos debe ser aclarado a la opinión pública.

«Los magistrados de la JEP y el propio secretario le deben al país muchas explicaciones y con esa cantidad enorme de procesos que ya tienen en conocimiento lo que deberían hacer es comenzar a trabajar de inmediato», manifestó Hernández.

Entre tanto, Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, también se mostró preocupado por las diferencias, porque los magistrados no se han dedicado por completo al estudio y decisión de los graves crímenes que se cometieron durante el conflicto y que este tipo de problemas solo nublan y oscurecen la labor de un tribunal creado darle fin a los 50 años de guerra que padeció el país.

«Yo llamaría a la cordura, porque lo que se le da a entender al público es que en Colombia no contamos con una formula civilizada para resolver conflictos, yo creo que mejor debería llamárseles la atención, a la prudencia y a la cordura, dichas discusiones deberían estar en segundo orden y concentrarse mejor en solucionar el caso de Jesús Sántrich o como sacar sentencias en forma ágil y ponderada», dijo Ibáñez./Colprensa