400 defensores de DD.HH. pidieron medidas cautelares

Los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe acompañaron a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a organizaciones políticas y sociales para interponer medidas cautelares de protección para 400 defensores de derechos humanos que son víctimas de amenazas.

Las organizaciones que denunciaron dicha situación son: el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Unión Patriotica (UP), la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular (CACEP), la Marcha Patriótica (MAPA), y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

Estas asociaciones solicitaron además de que se les respete la vida a sus miembros, que se adelanten con eficiencia las investigaciones penales y disciplinarias por los asesinatos que han tenido los líderes sociales en Colombia.

“Resulta preocupante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en febrero de este año, que evidencia como los altos niveles de impunidad persisten sin avances significativos en materia de identificación de los responsables materiales e intelectuales”, aseguró Iván Cepeda quien además manifestó que desde la firma del proceso de paz han sido asesinado 222 líderes sociales o de derechos humanos.

Por su parte, Alirio Uribe Muñoz, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, explicó que es evidente la sistematicidad de los homicidios de los defensores de derechos humanos.

“En su mayoría han sido perpetrados con arma de fuego y cometidos en inmediaciones a la vivienda de las víctimas, lo que evidencia, no solo el seguimiento que precede al hecho, sino que muchos de los casos fueron precedidos de amenazas y ofrecimiento de recompensas económicas por acabar con la vida de los mismos”, expresó el representante a la Cámara.

Las agrupaciones sociales también le solicitaron a la CIDH el nombramiento de un relator especial para que garantice el cumplimiento de la protección de la vida de campesinos, cultivadores y recolectores de propuestas para la sustitución de cultivos ilícitos, quienes han sido las principales víctimas de estos atentados.

BOGOTÁ COLPRENSA