Sobre la extradición

Cambiar las reglas de la extradición, so pretexto de la seguridad nacional,  para evitar la debacle que se avecina  con relación al proceso de paz,  ante el pedido de extradición de los Estados Unidos de América  por el Sr. Santrich del partido político  Farc,  configura un verdadero despropósito. El sistema jurídico no se puede seguir acomodando a los caprichos de los exguerrilleros;   ya tenemos bastante con el exabrupto de la JEP.

El procedimiento actual es muy simple. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia dar su concepto sobre la viabilidad de la extradición. Según la Constitución Nacional, el trámite que ella surte es administrativo más que judicial; para la confrontación de una viabilidad formal; se limita a establecer que el delito  haya sido cometido en el extranjero y que  también sea delito en Colombia la conducta por la cual se le reclama. Si la Corte da un concepto negativo, éste obliga al Presidente de la República; pero  si es  positivo, queda  a discreción de éste, conceder o no la extradición  o sujetarla a alguna condición,  como sería que primero declare el reclamado  en los procesos que se adelantan en Colombia, que ya ha sucedido en algunos casos.

Ha surgido la idea de que la Corte Suprema debería analizar las pruebas que puedan existir en la Corte extranjera, para establecer si hay fundamento  en la petición de extradición. Semejante cambio, además, de contrario a la Carta Política y que por lo tanto implicaría una reforma, equivaldría a dejar la extradición de nacionales vacía de contenido. Sería establecer un doble juicio y poner en tela de duda la actuación del Tribunal extranjero que la solicita. El instrumento internacional para combatir la delincuencia organizada y transnacional perdería su eficacia.

Ahora, la atribución el Presidente de la República, cuando el concepto de la Corte Suprema es favorable, es discrecional; si  quiere extradita o no, a su libre elección, sin tener que aducir sus motivos. Por supuesto, que políticamente tiene que hacerlo, sino la opinión pública se le viene encima. Ya en el pasado observamos  como un Presidente se abstenía de extraditar invocando razones arcaicas de soberanía y muy rápidamente se vio obligado a rectificar ante el asesinato de uno de sus ministros; es que el remedio de la extradición es eficaz para debilitar  los grandes grupos delincuenciales, que prefieren lidiar con nuestro corrupto sistema carcelario, que con el de los gringos. Quisiera yo ver al próximo Presidente de la República ante un concepto favorable de la Corte, negando una extradición de un  narcotraficante guerrillero, por razones de  seguridad nacional.  Eso equivaldría a reconocer que estamos en manos de ellos,  como parece ser que efectivamente estamos.

Ya es hora de que la Corte Suprema  asuma su competencia en la extradición de Santrich, en ninguna parte dice que para  un delito cometido después del primero de diciembre de 2016, la solicitud tenga que ir  a concepto de la JEP previamente, por guerrillero que haya sido el paciente. Nada tiene que verificar la JEP, además, entretenida ahora, con la discusión sobre las competencias para administrar la estupenda burocracia que le corresponde.

ExMagistrado