Gobierno estudia aplicar el indulto por protesta social

El ministro de Justicia, Enrique Gil, señaló que en las conversaciones con el ELN se acordó explorar este camino.

El Gobierno Nacional se encuentra evaluando la posibilidad de otorgar amnistías o indultos a personas que estén privadas de la libertad por conductas cometidas en el ejercicio del derecho a la protesta social o disturbios internos. Se trata de un compromiso al que se llegó en el marco del diálogo que avanza con la guerrilla del Eln, según confirmó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.

Por eso, en primer lugar, se expidió el decreto 753 de mayo de 2018, que permite a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Justicia intercambiar información con el Consejo Superior de la Judicatura sobre la aplicación de la Ley de Amnistía (acordada en el proceso de paz con las Farc) sobre las personas detenidas por estas conductas. El decreto de tres páginas reseña entre sus consideraciones la instalación de la mesa de negociación con el Eln en febrero de 2017 y la firma del primer cese al fuego conseguido en septiembre pasado.

 “Se hace necesario el apoyo y la colaboración de la judicatura para obtener la información que permita al Gobierno Nacional promover, impulsar o gestionar los correctivos legislativos, administrativos o de otro tipo, para hacer cumplir de la mejor manera posible y, al interior del espíritu del Acuerdo Final de Paz y dentro de los compromisos derivados del cese al fuego y de hostilidades con el ELN, las disposiciones sobre la libertad condicionada para personas privadas la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos”, dice el decreto.

Preguntado sobre el decreto, el ministro Gil Botero aseguró este lunes que esas conductas sí tienen relación con el delito político. “Es mirar la posibilidad de establecer cuántas personas están detenidos por estas dos conductas para mirar la eventualidad hipotética de aplicar amnistía o indulto. Esas conductas tienen cierto entorno de delito político y por eso en las conversaciones con el ELN se determinó explorar esa posibilidad y hacer el diagnóstico. Y el Gobierno está cumpliendo al ELN y a lo acordado”, señaló.