‘Cinco personas se repartieron USD$ 5.4 millones’

Diego García Arias, quien por muchos años fue representantes del Grupo Inassa para America Latina, filial del Canal de Isabel II de Madrid  y directivo de Metroagua S.A. E.S.P., que por 27 años operó los sistemas de acueducto y alcantarillado de Santa Marta, comenzó a ‘cantar’ ante la justicia española.

Justicia colombiana también le pedirá que revele nombres de alcaldes y políticos con los cuales se hicieron negocios turbios para apropiarse de las concesiones y contratos.

 

Diego García Arias representante legal del Grupo Inassa, para América Latina, filial del Canal de Isabel II de Madrid, España, quien estuvo vinculado con Metroagua S.A. E.S.P., empresa que durante 27 años operó los sistemas de acueducto y alcantarillado de Santa Marta, ante la justicia española se despachó de todo lo que sabía de la denominada ‘Operación Lezo’.

Ante un juez de esa Nación que lo requirió y según Europapress diario español,  le dijo que Ignacio González cobró 1,8 millones de dólares de una comisión de 5,4 que se repartieron entre 5 personas, incluido el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, por la compra de una empresa Emissao en Brasil en el año 2013.

En su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el colombiano García Arias dio detalles de la compra  de dicha empresa por la que el Canal pagó, por medio del Grupo Inassa, 30 millones de dólares y que después se desvalorizó.

Según el diario español, se trató de una compra por la que cinco personas cobraron una comisión total de 5,4 millones de dólares. Aparte del propio García, el expresidente madrileño y Moro, también recibieron dinero el representante legal de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, y Ramón Navarro. Quien fue gerente de la Triple A, propiedad de Inassa, empresa que aún opera los sistema de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla.

El informe conocido a través de Europapress, el cual fue reproducido por diarios colombianos, de esa cantidad, García Arias explicó que todos obtuvieron 900.000 dólares menos González, que se quedó con 1,8 millones, si bien fue Rodríguez Sobrino quien custodió este dinero ante las sospechas del expresidente madrileño de que le pudieran descubrir ya que estaba siendo investigado por el asunto de su ático en Estepona en Málaga.

“La parte de Moro la recibieron él y Ramón Navarro, exgerente de la Triple A, propiedad del grupo Inassa, que después él se la dio en efectivo al ex delegado del Gobierno en Ceuta pero no sabe si Navarro hizo lo mismo”, revela en uno de sus apartes el informe de las declaraciones de Diego García Arias a la justicia española.

Señala la fuente española que García Arias, también investigado en la causa que se sigue en Colombia por operaciones presuntamente fraudulentas del Canal y que continuará declarando el próximo hoy, ha explicado que él fue quien repartió el dinero entre los cinco y que ya ha devuelto su parte a la Justicia.

“García Arias ha defendido la operación de compra por 73 millones de dólares del Grupo  Inassa, la filial colombiana que adquirió el Canal en 2001 y que se investiga en otra pieza del caso Lezo, en la que declarará como investigado el expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón el 7 de junio.

LOS IMPLICADOS EN LA OPERACIÓN LESO

Ante la justicia española también comparecido Pilar Cavero, cuñada de Ignacio González, socia de honor del despacho de abogados Cuatrecasas, que realizó en 2004, tres años después de la compra, un informe de la compra de Inassa a petición del expresidente madrileño.

“Cavero dijo que su cuñado,, González le llamó una noche y le preguntó si el despacho tenía capacidad para realizar un informe de la operación y ella se lo transmitió a sus subordinados pero, a partir de ahí, se desentendió y no sabe cómo se hizo el informe, que fue desfavorable a la operación, ni si finalmente se pagó a través de varias sociedades”, revela dicho diario..

Esa fue la primera vez que el Canal contrató a Cuatrecasas, según la documentación que este mismo despacho ha aportado a la causa y, a partir de entonces, pasó a ser cliente de la empresa pública y cobró en total 780.000 euros hasta 2009 por varios trabajos, según han precisado fuentes jurídicas a Efe.

El juez de la causa sospecha que pudo existir “una sobrevaloración claramente perjudicial” en la compra de Inassa ya que la operación se hizo a través de una “compleja estructura societaria”.

QUE COLABORE CON COLOMBIA

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación le pedirá a la Fiscalía que llegue a un acuerdo con Diego García Arias para que revele las relaciones que tuvo con gobernantes y políticos colombianos.

´Esa cooperación que hoy está teniendo con la justicia de España, también debiera tenerla con nosotros. Estamos convencidos que la gente de Canal Isabel II pagó mordidas, sobornó alcaldes, concejales y políticos para hacerse a las concesiones y contratos que explotó durante muchos años´, dijo un investigador judicial