Capturado empleado de la Corte Constitucional

Jairo Yovanni Caicedo Rojas, funcionario de la Secretaría General de la Corte Constitucional, quien al parecer estaría implicado en la selección y direccionamiento de tutelas en el alto tribunal, entre las que se encontraba la de alias “Mellizo”.

 

En las últimas horas fue capturado por agentes del CTI Jairo Yovanni Caicedo Rojas, auxiliar judicial que haría parte de la Secretaría General de la Corte Constitucional, por pedir millonarias sumas de dinero a cambio de tramitar tutelas en el alto tribunal. De acuerdo con las investigaciones, Caicedo concertó entregas entre $500 y $2.000 millones para interceder en el curso de las acciones judiciales. Entre las pruebas recaudadas por la Fiscalía se encuentran evidencia física y fotografías en las que se evidencia el pago del soborno al funcionario del alto tribunal.

 

Uno de los casos en los que habría influido el funcionario judicial es en el de Miguel Ángel Mejía Múnera alias El Mellizo, quien presentó una tutela relacionada con su proceso ante Justicia y Paz en febrero de 2016. Jairo Yovanni Caicedo Rojas contactó al abogado defensor del accionante y habría pedido entre $50 y $100 millones para garantizar que la tutela entrara en reparto y llegara a un despacho específico. El monto aumentó a $2.000 millones con el ofrecimiento de un fallo que favoreciera a alias el Mellizo”, aseguró el ente acusador. Caicedo alcanzó a recibir un adelanto de $800.000 pesos.

El otro caso tiene que ver con una tutela presentada por Adriana Patricia Páez Ortega, esposa de un narcotraficante del sur oriente del país vinculado a la organización de Carlos Ledher. Caicedo intervendría para que la tutela fuera decidida a favor de la mujer, con lo que podría recuperar uno de los bienes de su esposo que había entrado a extinción de dominio. “Las evidencias recopiladas indicarían que, por este caso, el auxiliar judicial de la Corte Constitucional hablaba de $50 y $70 millones para que la acción fuera revisada; y solicitó $700 millones más por un fallo favorable”, aseguró el ente investigador. Para este caso, Caicedo recibió un adelanto de $5’000.000.

 

El funcionario será investigado por el delito de cohecho propio y en las próximas horas será puesto ante un juez con función de garantías para que se defina su situación jurídica. Caicedo era funcionario del alto tribunal desde 1995 y, según explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez, hasta el momento no se ha encontrado una conexión con los magistrados de este alto tribunal.

 

Presentan balance sobre la transparencia de JEP

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Gabriel Cifuentes, y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, se reunieron con el fin de hacer seguimiento al plan de acción para implementar estándares de transparencia en el tribunal.

El proceso que se inició a principios de este año se ha cumplido en un 50 por ciento. De sus cuatro componentes se ha avanzado significativamente en dos: implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública (1712 de 2014) y elaboración del mapa de riesgos de corrupción.

“Tal y como está señalado en el Acuerdo de Paz, lo pactado se debe implementar bajo el principio de transparencia. Garantizar el acceso a la información pública, por ejemplo, es prevenir prácticas negativas de otros procesos de justicia transicional, como la falta de comunicación asertiva con la ciudadanía”, declaró el secretario de Transparencia.

Por su parte, la magistrada Linares aseguró que “la JEP se apoyará en la amplia experiencia de la Secretaría de Transparencia para la adopción de su Código de Ética, la selección de funcionarios de Control Interno y la adopción de políticas de justicia abierta, transparencia y buenas prácticas”, con lo que se pondrán en marcha los otros componentes del plan de acción.

El proceso entre la Secretaría de Transparencia y la JEP busca, entre otras metas, generar legitimidad y confianza en el tribunal, mejorar el acceso y la calidad de la información pública para prevenir la corrupción y elevar los estándares de reputación y percepción del sistema ante los ciudadanos.