‘Informe de León Valencia y Ariel Ávila es irrespetuoso y mentiroso’

El registrador Juan Carlos Galindo rechazó el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que acusó a la entidad de vender ´paquetes electorales´

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, calificó como una falta de respeto contra el Estado y los ciudadanos un informe publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, donde se habla de una supuesta red dentro de la Registraduría que vendió paquetes electorales para favorecer algunos candidatos en las elecciones al Congreso de la República.

 

“Es una falta de respeto que la Fundación Paz y Reconciliación, liderada por importantes analistas políticos, entreguen a la opinión pública una investigación basada en indicios y supuestos. No deja de generar suspicacias que este informe se haga público dos semanas antes de las elecciones presidenciales, pero tampoco deja de ser suspicaz el hecho que haya sido lanzado respecto de las elecciones del Congreso de la República, que a la fecha no ha terminado el escrutinio en el CNE”, enfatizó Galindo.

El registrador agregó que es inoportuno hacer este informe cuando no ha culminado el proceso de escrutinio para las elecciones a  Congreso de la República, a dos semanas  de elecciones Presidenciales. “No desconozco la necesidad de realizar reformas electorales respecto del sistema político colombiano, pero hay que buscar el momento oportuno, cuando hayan transcurrido los procesos electorales, que además son procesos de Estado”.

Según Galindo, en el informe se hace referencia a circunstancias equivocadas y otras de  desconocimiento de la ley electoral, que en sí misma no significan un fraude electoral. “Recordemos  que el proceso electoral es un proceso en el que intervienen muchas personas y por eso puede haber  errores. Por eso se hacen los escrutinios”, dijo.

El registrador fue enfático en que este tipo de informes no se pueden presentar en condicionales, como lo hizo la fundación y añadió que quien tiene este tipo de indicios lo primero que debe hacer es ir a la Fiscalía para instaurar la denuncia del caso. “Seamos responsables. Yo no soy ajeno a que se puedan presentar casos de fraude, pero en ese caso hay que colocar las denuncia con la información que se tenga”, agregó.

El funcionario señaló que en el proceso electoral participan cerca de 750.000 personas entre la institucionalidad y los ciudadanos que apoyan la jornada electoral. “Es un trabajo de mucha gente para que a través de un informe basado en indicios se venga a desconocer el trabajo institucional que adelantan todas las instituciones que preparan el proceso electoral”.

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación, titulado ‘Así se roban las elecciones en Colombia’,  afirma que hubo supuestas irregularidades en las elecciones del 11 de marzo que involucra a funcionarios de la institución y que pudo haber modificado la composición del Congreso en un 10 % o 20 %.

La Fundación afirmó que numerosos empleados cambiaron la información electoral al momento de digitalizar los escrutinios en el sistema de la Registraduría, práctica conocida como el ‘salto del canguro’.

 “Se trataría de una extensa red conformada por funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría, abogados y jurados de votación, quienes cuentan con acceso privilegiado al sistema electoral o han encontrado baches en el mismo y habrían ofrecido servicios con ocasión de las elecciones del 11 de marzo de 2018 para acomodar los votos de candidatos que quedaron en el filo de la curul”, subrayó el documento publicado por la Fundación Paz y Reconciliación.

En ese sentido, el subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, dijo que, además del ‘salto del canguro’, también se ofertó la denominada ‘estrategia del anillo’.

Esta última consiste en intervenir directamente los formularios de registro de votantes. Por ejemplo, un candidato tiene un voto (redactado con el número 1), a esa cifra se le pone una línea transversal para que quede como un siete (7) y, de esa manera, en la Comisión Escrutadora se garantiza el número final.

«Ese paquete de fraude se ofrece antes de elecciones y puede costar, por candidato, entre 1.600 hasta 2.500 millones de pesos. Esta práctica lo que hace es garantizarle un número mínimo de votos a un aspirante parlamentario para acceder a una curul», explicó Ávila.

Si el candidato tiene una diferencia de 2.000 votos -o más- para acceder a la curul, el costo ascendería a los 2.000 y 3.000 millones de pesos, detalló el informe.

En cuanto a las elecciones presidenciales, Ávila dijo que no tiene conocimiento de que estos paquetes electorales hayan sido ofrecidos a determinada campaña, pero resaltó que hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la Registraduría no han realizado acciones de prevención para evitar los actos fraudulentos de los comicios presidenciales.

Para reducir la posibilidad de fraude, Pares le sugirió a las campañas que “llenen de testigos electorales el conteo de los votos con el objetivo de blindar las elecciones”.

En el entramado de corrupción expuesto por la Fundación Paz y Reconciliación también se puntualizó la confusa manera con la que se define la aleatoriedad de jurados electorales.

BOGOTÁ COLPRENSA