A la cárcel funcionario de la corte constitucional por presunto cohecho

La Juez 21 con función de Control envió a la cárcel a Jairo Yovanni Caicedo Rojas, funcionario de la Secretaría General del Alto Tribunal, quien presuntamente habría recibido dádivas para garantizar la selección y el direccionamiento de tutelas.

De acuerdo con la juez “existen elementos materiales probatorios que llevan a concluir con un grado de certeza que el señor Yovanni Caicedo, ostentando la función como auxiliar en grado segundo, podría destruir, modificar, dirigir, ocultar o falsificar documentos”.

 

Indicó la juez, en medio de la diligencia judicial, que pese a que el abogado de Caicedo Rojas solicitó para su defendido la detención domiciliaria, éste no la sustentó de la mejor manera.

“Esta funcionaria señala lo siguiente: señor defensor de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas arribadas por el ente fiscal en el curso de la audiencia para este despacho queda claro que el señor Jairo Yovanni Caicedo ha sido funcionario de la Corte Constitucional hace aproximadamente 23 años, pero así mismo no cabe duda sobre la probabilidad de certeza que existe frente al delito endilgado”, aseguró la Juez.

 

Añadió también que no fue concedida la detención en su domicilio, debido a que no hubo mayor información sobre el motivo por la cual la solicitaba.

“Además usted señor defensor no logró demostrar si efectivamente Jairo Yovanni ostenta la calidad de padre de familia, no señaló si existen hijos, ¿cuantos? Y de existir, si se encuentran bajo la ausencia total de la señora madre o demás familiares”, argumentó la juez.

 

En medio de su intervención la funcionaria de la rama judicial rechazó los actos cometidos por Caicedo Rojas y anunció enérgicamente que actuaciones como las provocadas por el imputado dañan el buen nombre de las personas que trabajan con transparencia por la justicia colombiana.

“Debe manifestar esta funcionaria que censura las acciones que le son atribuidas, pues como quedó demostrado usted señor Caicedo, pertenecía a un órgano con jerarquía y nombre pilar esencial de la administración de justicia y exclusivamente, debía velar por la protección de la constitución y los derechos fundamentales de cada conciudadano, por lo que un actuar como el suyo merece un completo repudio toda vez que al haber prestado sus servicios en este cuerpo, debió procesar buena ética y buen sentido de pertenencia”, dijo la juez.

 

Además, el fiscal del caso anunció que, “usted entre enero y mayo de 2016 en el trámite de la tutela que corresponde a Miguel Ángel Melchor Múnera más conocido como ‘Mellizo’ se reunió con el señor Juan Carlos Bedoya y se acordó la suma de dinero entre 50 y 100 millones de pesos a cambio de examinar y corregir el escrito de revisión para que fuera direccionada a un magistrado de la Corte Constitucional por este caso se habría acordado la suma de 2.000 millones de pesos”.

 

De acuerdo con la Fiscalía, en este caso Caicedo Rojas habría recibido entre 800.000 y un millón de pesos, debido a que Melchor Múnera consideró que la suma era elevada y no hubo un acuerdo final por lo que la tutela no fue direccionada a ningún magistrado para que se cumpliera su cometido.

 

Por otro lado, aseguró el fiscal del caso que hubo un segundo hecho en octubre 2016 en el que funcionario del alto tribunal, pactó nuevamente con el abogado Restrepo Bedoya una situación similar a la mencionada anteriormente que beneficiaría a Adriana Patricia Páez Ortega, pero esta vez Caicedo Rojas habría recibido una suma de dinero más grande.

“Usted el día nueve de noviembre alcanzó a recibir en la ciudad de Bogotá y en las instalaciones de un café Oma en el centro de la ciudad, una suma aproximada de cinco millones de pesos, no obstante no existió un acuerdo final por lo que la tutela no llegó a feliz terminó”.

 

Aunque el funcionario del alto tribunal se declaró inocente, la juez determinó enviar a un centro carcelario a Caicedo Rojas y será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario el que indique a cuál deberá ser remitido.

Al funcionario de la Corte Constitucional, la Fiscalía General le endilgó el delito de cohecho, por los actos ocurridos en la ciudad de Bogotá, durante el año 2016.

Bogotá Colprensa.