Responsabilidad fiscal por megapérdida en Reficar

La Contraloría evidenció que los exmiembros de la junta de la refinería incurrieron en un daño fiscal por un monto de más de 2.400 millones de dólares.

La Contraloría General de la República expidió auto de imputación de Responsabilidad Fiscal en el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar) por un monto de más de US$2.400 millones, equivalentes a más de $5 billones, luego de haber comprobado la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena durante los años 2011 a 2015. 

 

El Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Eduardo Noguera Rodríguez, mediante Auto 773 del 5 de junio de 2018, imputó responsabilidad fiscal a los siguientes miembros de la Junta Directiva de Reficar: al expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, al exvicepresidente de Downstream de Ecopetrol, Pedro Alonso Rosales, a la exjefe de la Unidad Corporativa de Filiales de Ecopetrol, Diana Calixto, al miembro independiente y exdirector de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, a Henry Medina, Uriel Salazar Duque, Natalia Gutiérrez Jaramillo, Astrid Martínez y al exProcurador, Carlos Gustavo Arrieta.

MÁS RESPONSABLES

También se imputó responsabilidad fiscal solidaria por contribuir a la pérdida de las inversiones en el proyecto a los expresidentes de la Reficar, Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yanes, a la exvicepresidenta Administrativa y Financiera Magda Manosalva, a los exvicepresidentes de proyecto Carlos Bustillo Lacayo y Andrés Virgilio Riera y al director  Corporativo de Proyectos de Ecopetrol, César Luis Barco García.

El Contralor Delegado Noguera Rodríguez también imputó responsabilidad fiscal solidaria por la totalidad de los US$2.433 millones de inversiones menoscabadas, a las multinacionales contratistas del proyecto: CBI Americas Ltda, Chicago Bridge&Iron Company (CB&I) UK Limited, CBI Colombiana S.A., Foster Wheeler Usa Corporation y Process Consultans.

Según la CGR, se demostró que se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, que ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario.

PROCESO

La Refinería inicialmente planeada por un valor de US$3.777 millones, terminó costando US$8.326 millones, descontando financiamiento e intereses.

La Contraloría General de la República pudo determinar que de los US$4.500 millones adicionales, por lo menos US$3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas.

En la investigación se lograron identificar hechos irregulares como haber aprobado una póliza irrisoria de US$1 millón para asegurar el cumplimiento del contrato con el grupo de empresas CB&I, para realizar una obra con costos de esa magnitud.

Se determinó que se suscribieron los acuerdos MOA y PIP en 2014 para pagarle a CB&I las facturas sin restricciones ni controles. Por medidas como ésta se reembolsaron a CB&I costos no razonables por baja productividad, demoras y re-trabajos por defectos en diseños e ingeniería detallada, y sobrecostos en materiales de construcción.

Señala la Contraloría que “la Nación terminará pagando por la modernización de la Refinería de Cartagena no solo más del doble de lo que se presupuestó inicialmente (US$3.777 millones), o sea US$8.326 millones, sino más de US$4 mil millones en intereses por la deuda adquirida para financiar el proyecto.

El Despacho del Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción también ordenó investigar en proceso separado el lucro cesante ocasionado por la entrada tardía en operación por los problemas en la construcción de la refinería, por una cuantía de US$1.936 millones.

EQUIPO INVESTIGADOR

Indicó la CGR que en esta investigación participó de tiempo completo, por año y medio, un equipo interdisciplinario de quince funcionarios de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, incluyendo economistas, contadores, ingenieros y abogados, que realizaron más de seis visitas a la sede de Reficar en Bogotá y a la planta en Cartagena.

También se recibieron versiones libres de las empresas implicadas en la ciudad de Houston (Texas).

La apertura del proceso fue ordenada mediante Auto Número 382 del 10 de marzo de 2017, lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó decisión en un proceso tan complejo y de ésta magnitud.

ARCHIVO DE DILIGENCIAS

En el Auto 773 también se dispuso el archivo de las diligencias frente a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol por no configurarse el elemento culpa grave exigido por la ley, pues al cumplir con su misión como Casa Matriz, aseguraron la financiación del proyecto hasta su terminación. Porque la responsabilidad fiscal así como el control en la ejecución de las inversiones le correspondía a la junta directiva de Reficar.

Los nombres de los funcionarios a quienes se les archiva el proceso son el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry, a Carlos Rodado Noriega, Fabio Echeverry Correa, Federico Rengifo Vélez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Santamaría, Tomás González Estrada, Jorge Pinzón Sánchez, Horacio Ferreira, Roberto Steiner Sampedro y Luis Fernando Ramírez, Amilkar Acosta, Luis Carlos Villegas Echeverri, Ana Fernanda Maiguashca y Gonzalo Restrepo.

 EL NUEVO SIGLO.