El ‘embeleco’ cuesta $ 350 mil millones

El senador de la U, Roy Barreras, quien se opuso a la consulta, afirma que costaría $350.000 millones.

El ´embeleco´ de la llamada consulta anticorrupción de llevarse a cabo le costaría al país la bicoca de 350 mil millones de pesos.

 

Mientras tanto, ayer el Gobierno nacional le salió al paso a la polémica que ha venido despertando la consulta anticorrupción aprobada en las últimas horas en el Senado de la República, respecto del costo que tendría si se convoca, y que propone hacer sustanciales reformas para hacerle frente a dicho fenómeno en el país. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, salió en defensa de la iniciativa, tras afirmar que se trataría de una inversión a favor de la democracia.

“Más allá del costo de la misma, el gobierno piensa que la realización de la consulta significa el fortalecimiento de nuestra democracia y, en ese sentido, no estima que esto sea un gasto sino una inversión en el desarrollo democrático de la sociedad colombiana”, dijo Rivera. Lo anterior, en respuesta a las críticas provenientes de distintos sectores, principalmente, del senador de la U, Roy Barreras, quien afirmó que la consulta le costaría al Estado unos $350.000 millones.

Cifra que ha sido desconocida por la congresista López quien afirmó que los costos serían menores (entre $40.000 millones y $100.000 millones) y que, en todo caso, buscan frenar la corrupción en Colombia. “Los temas sobre los cuales los colombianos estarían llamados a pronunciarse son temas que el gobierno comparte porque tienen que ver con una mayor transparencia en la administración pública”, defendió el jefe de la cartera política.

En ese sentido, confirmó que ya viene hablando con el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, para contar con toda la logística que permita convocar a los colombianos a las urnas máximo el 2 de septiembre de este año. Fecha que se conocerá en las próximas horas de parte del presidente Juan Manuel Santos, cuando llegue a sus manos el acta de aprobación de la iniciativa que fue avalada por unanimidad la noche del martes, en el Senado de la República.

“Los colombianos están en su derecho de pronunciarse y si en su mayoría los colombianos que acudan votan favorablemente esos siete aspectos, el próximo gobierno y el próximo Congreso tendrán la obligación de darle curso a esas iniciativas”,, resaltó Rivera. Es de recordar que para que los siete puntos propuestos sean llevados a la realidad, deben salir a votar, al menos, 12’000.000 de colombianos. Uno de esos puntos es, por ejemplo, reducir el salario de los congresistas y obligarlos a rendir cuentas; y eliminar los beneficios que tienen los condenados por actos de corrupción.

NO ANTES DE 2020

Lo alcanzado el martes en la plenaria del Senado, al haber sido aprobada la consulta anticorrupción, es apenas el comienzo de un largo camino que comprenderá al menos dos años más para ver la implementación de las siete propuestas que justificaron la convocatoria de la misma, la cual, según dijo el gobierno, sería por tarde el 2 de septiembre próximo.

Lo que le viene a la consulta son dos pasos fundamentales: Luego de que el presidente Juan Manuel Santos la convoque, tal y como ya lo anunció el propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, la realización de la misma muy seguramente la deberá hacer el próximo presidente de la República.

Bien sea Iván Duque o Gustavo Petro, deberán esperar a que la consulta logre el umbral requerido, es decir, que en la misma haya al menos una tercera parte del censo electoral, que en promedio serían 12 millones de votos, de ellos, la mitad más uno deberá refrendar la validez de cada uno de los puntos.

La senadora y promotora de la consulta, Claudia López, aseguró que el paso más importante ahora será el “más duro, debemos lograr que 12 millones de ciudadanos vayan a las urnas para ir a votar, la mitad más uno debe votar sí a cada una de las preguntas. Será un esfuerzo pedagógico enorme”.

Esa pedagogía de la que habla la senadora se hará por medio de la Registraduría Nacional y del comité promotor de la consulta, labor en la que tendrán que explicar cada una de las normas y resaltar la importancia del porqué los electores deben salir a acompañarla con su voto.

Si se logran cumplir los umbrales de ley, la consulta da un plazo de un año al Congreso para que tramite y apruebe las normas o la obligación al presidente de la República para que al año, en caso que el Congreso no las tramite, la expida por decreto.

Es decir en términos de tiempo, de cumplirse como se calcula que se vote en septiembre próximo, los primeros proyectos de ley y las reformas constitucionales deberán llegar a las sesiones del primer semestre del año 2019 y de ahí iniciar su trámite.

Las leyes, si tienen las mayorías, se podrían votar en una misma legislatura, pero las reformas constitucionales, como por ejemplo para bajar el salario a los congresistas, deberá tener un trámite en dos legislaturas, es decir se haría efectiva, si se aprueba, hasta 2021.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, asegura que “lo que dispone la ley es que luego de esta decisión del Senado, el Gobierno cuenta con ocho días para hacer la convocatoria a esta consulta, que debe hacerse durante los tres meses siguientes, con lo cual, la fecha límite sería el 2 de septiembre”.

Precisó que una vez el Senado de la República remita el acta de la decisión, empezarán a correr los ocho días que tiene el Gobierno para convocar esa consulta.

“Aún no tenemos oficialmente la estimación de los costos de esa consulta. Yo hablé anoche y esta mañana con el señor registrador, quien nos expresó que ellos ya vienen adelantando las evaluaciones para establecer a cuánto puede ascender el costo. Sin embargo, más allá de la misma, al Gobierno Nacional le parece que la realización de esta consulta significa un fortalecimiento de nuestra democracia y, en ese sentido, no estima que esto sea un gasto, sino más bien una inversión en el desarrollo democrático de la sociedad colombiana”, dijo el ministro del Interior.

Finalmente, indicó que el Gobierno Nacional “le parece que los temas sobre los cuales los colombianos estarían llamados a la consulta, son temas que el Gobierno comparte, porque tienen que ver con una mayor transparencia en la administración pública y este Gobierno siempre ha estado comprometido con la lucha anticorrupción y en las iniciativas que vayan con el propósito de garantizar mayor transparencia”.