Contralor dispuesto a demandar ´mico´ de la Ley de Infraestructura

El contralor Edgardo Maya Villazón anticipa uno de los resultados de un estudio sobre los cupos indicativos: en los últimos 14 años se han entregado $57 billones a los parlamentarios, para que los distribuyan en sus regiones.

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, está a dispuesto a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la Ley de Infraestructura, para evitar que en aplicación del mismo el Estado colombiano termine pagando a Odebrecht el soborno que cobró esta multinacional.

 

Maya Villazón calificó este artículo como “un sacrilegio de la mayor indignidad”, dado que ampara nulidades absolutas por objeto o causa ilícita, y puede llevar a reconocer los gastos en sobornos o pagos indebidos.

Recordó que en su momento, al inicio de trámite del proyecto, él mismo señaló por escrito la inconveniencia de esa disposición al presidente de la Cámara de Representantes.

«En el caso de Odebrecht, el Estado colombiano tiene que pagarle el soborno que cobró al contratista. Eso sale de las arcas del Estado y eso no es posible y se lo dije al ministro”, indicó.

Precisó que esta acción de inconstitucionalidad, que ya está redactada, se presentará formalmente ante la Corte Constitucional en caso de que al término de esta legislatura no se reforme el articulado cuestionado, con la absoluta certeza de que se ganará.

 “Estamos esperando. El gobierno está pendiente de presentar un proyecto a ver qué sucede. En el evento en que no haya corrección, tenemos lista la demanda para presentarla”, subrayó el Contralor en declaraciones que concedió luego de intervenir en el Panel “la Corrupción: el fin de la democracia”, que se realizó hoy en la Universidad Javeriana.

El artículo 20 de la Ley de Infraestructura establece que en casos de nulidad absoluta de un contrato se podrán hacer toda clase de reconocimientos al contratista.

CUPOS INDICATIVOS

De otro lado, Maya Villazón anunció que el estudio que realizó la Contraloría sobre los llamados cupos indicativos concluyó que en los últimos 14 años se han entregado a los parlamentarios $57 billones de pesos, un promedio de $4 billones anualmente, para que los distribuyan en sus regiones, tema del cual eventualmente podrían salir investigaciones a los involucrados.

El jefe del organismo de control reveló además que la Contraloría se apresta a intervenir en el caso de Hidroituango, para lo cual se está haciendo la forma de hacerlo por parte de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física.

Aunque los dineros de las Empresas Públicas de Medellín son auditados por la Contraloría de esa ciudad y el recurso de la Nación es mínima, la CGR tramita actualmente una solicitud para que ejerza un control excepcional.

“Vamos a estudiar esa solicitud, para proceder si se puede hacer esa auditoría sobre lo que ha sucedido y las inversiones que se han hecho en Hidroituango”, explicó.

AUDITORÍA

Cabe recordar que actualmente la CGR, a través de su Delegada de Medio Ambiente, realiza una auditoría donde evalúa el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0155 de 2009 a EPM para la construcción, llenado y operación del Proyecto Hidroeléctrico-  Pescadero Ituango.

Es así como se está evaluado la gestión realizada por las Autoridades Ambientales (ANLA y CORANTIOQUIA) en el seguimiento y control de los instrumentos de manejo ambiental de la Licencia Ambiental, como son:

– Plan de Manejo Ambiental (PMA), componentes Físico, biótico y Social.

– Plan de Compensaciones.

– Plan de Inversión Forzosa del 1%.

– Medidas Preventivas.

 Procesos Sancionatorios.

– Y modificaciones.

Esta Licencia Ambiental ha tenido 21 modificaciones.