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Ocupan bienes por $ 156 mil millones a exalcaldesa de Armenia

Fiscalía adelanta proceso por coimas en direccionamiento de contratos de infraestructura.

Dos días antes de que Luz Piedad Valencia, exalcaldesa de Armenia, y su esposo Francisco Javier Valencia fueran capturados el pasado 7 de abril, constituyeron la empresa Valencia Otálvaro & Cía. con la cual, según la Fiscalía, habían empezado a ocultar los bienes y desviar el dinero conseguido gracias al direccionamiento de contratos de infraestructura de la ciudad entre el 2012 y el 2015.

 

Esos bienes y los de las empresas contratistas que se beneficiaron con las decisiones de la alcaldesa fueron incautados esta semana por la dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía.

Se trata de 23 propiedades avaluadas en 156.000 millones de pesos: 18 inmuebles, tres sociedades y dos establecimientos comerciales que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Las propiedades incautadas con fines de extinción de dominio están en Girardot (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), Medellín, Sabaneta y La Ceja (Antioquia) y Armenia, Pijao y Quimbaya (Quindío).

 

 

El ente investigador calificó como un “festín de dádivas” lo ocurrido en el periodo de Valencia en el cargo mayor de Armenia, pues además de lograr que el Concejo municipal le autorizara realizar cobros de valorización para financiar obras viales, Valencia expidió un acuerdo con el que facultó a las distintas secretarías del despacho para realizar contrataciones directas o procesos contractuales con independencia.

 

Ese marco normativo sirvió para que el constructor Fernando Díez Cardona y el esposo de Valencia pactaran “que toda la contratación de las obras por valorización en Armenia, que ascendía a 111.262 millones de pesos, quedara en manos de dos uniones temporales, en las cuales figuraban las empresas de Díez Cardona y algunos de sus socios”, señaló la Fiscalía.

 

PROCURADURÍA DESTITUYÓ A LA EXALCALDESA

Por exceder en más de 26 mil millones de pesos el tope de las vigencias futuras de la ciudad, autorizado por el concejo municipal para los años 2015, 2016 y 2017, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años a la exalcaldesa Valencia.

«El Ministerio Público también halló responsable disciplinariamente a la exfuncionaria por extralimitarse en la reglamentación de un acuerdo municipal que implementó el cobro de valorización, al introducir un plazo que no estaba previsto para la terminación de las obras, sin tener la certeza de que se recaudarían los recursos por valorización necesarios para su financiación», señaló el órgano de control.

 

Por la violación del tope de las vigencias futuras el Ministerio Público calificó la conducta de Valencia como una falta gravísima a título de culpa gravísima, mientras que la extralimitación en sus funciones fue considerada una falta grave con culpa grave.

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