Las ‘demoledoras’ pruebas de EE.UU. contra ‘Santrich’

La cúpula de las FARC ha rechazado el pedido de extradición de ´Jesús Santrich´ y  han pedido que la cuestionada JEP sea la que decida si el pedido de la justicia norteamericana es procedente o no. Lo peor de todo, es que también hay en camino otra extradición: la del jefe negociador Iván Márquez.

El Gobierno a través del Ministerio de Justicia envió la documentación de la extradición del líder de las Farc a la JEP

 

Para expertos juristas las ´demoledoras´ pruebas que reunió la justicia de los Estados Unidos contra ´Jesús Santrich´ conocido en el mundo del narcotráfico como ´Trichi´, le tienen asegurada su extradición hacía ese país.

El abundante material probatorio que incluyen decenas de minutos y video donde ´Trichi´ acuerda enviar 10 toneladas de cocaína a Norteamérica, lo deja contra la espada y la pared.

En el expediente se habla sobre agentes del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), que contactaron personas que estaban negociando la exportación de miles de kilos de cocaína con Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez), quien hoy es testigo protegido de las autoridades estadounidenses; Armando Gómez España (padre de la exreina de Colombia, Carolina Gómez), y Fabio Younes, ambos detenidos y solicitados en extradición.

Los agentes habrían supervisado y grabaron reuniones en las que estos hombres se identificaron como personas con influencia dentro de la organización de las Farc, mientras que los otros como representantes de un cartel mexicano.

Entre los acuerdos a los que llegaron habría estado la entrega de 5 kilos de cocaína de alta pureza como muestra de la calidad del producto y posteriormente se habría pagado un adelanto de 5 millones de dólares, en billetes falsos, por las 10 toneladas de cocaína.

Sin embargo, a pesar de todos estos elementos, la defensa de ‘Santrich’ explicó que no le teme a la extradición y que por lo menos a partir de ahora puede conocer parte de las pruebas que dice tener el gobierno estadounidense para empezar a trabajar en la forma de desvirtuar todos estos argumentos para conseguir la libertad de su defendido.

 

A ESTUDIO DE LA JEP

Mientras tanto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, informó que su cartera concluyó el estudio que le corresponde hacer a la solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos para que Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como ‘Jesús Santrich’, sea extraditado para que responda por el presunto delito de narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Gil Botero explicó que luego de un intenso trabajo que duró toda la noche del jueves y la mañana de este viernes se logró realizar, en uno solo de los cinco días que tenía su cartera, el trámite y se procedió a enviar la documentación al tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El ministro aclaró que la JEP tiene 120 días para emitir un concepto sobre la fecha en la que habría sido cometida la conducta delictiva por la que es acusado ‘Santrich’, si fue antes o después de la firma del proceso de paz. Si es posterior, como lo afirma la justicia estadounidense, el proceso deberá continuar en la justicia ordinaria, es decir, en la Corte Suprema de Justicia.

«La Corte tiene 10 días para admitir la solicitud, otros 10 para practicar pruebas, y cinco días para presentar conclusiones. Si hay consenso en que el proceso debe seguir, nos entregarán la resolución y tenemos 15 días para pasarla a la Presidencia», dijo Gil Botero.

Por su parte, Jorge Aníbal Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, le expresó a Colprensa, que el trámite que sigue es exclusivamente administrativo y que la Corte solo tiene potestad para revisar la plena identidad del acusado, que la conducta que se le imputa también sea delito en Colombia y que la pena que pueda pagar sea mayor a cuatro años de prisión, si cumple con todos los requisitos, el alto tribunal remitirá el proceso a la Presidencia, en donde el jefe de Estado tiene la facultad de rechazar la extradición, así el alto tribunal hubiera emitido un concepto favorable.

Así mismo, Gómez recalcó que la JEP debe seguir el trámite normal sin recurrir al polémico tema de la suspensión de la extradición, como lo comunicó hace varias semanas.

«Eso no tiene ni pies ni cabeza, ahí no hay ninguna suspensión, primero que todo no tiene competencia para eso y, segundo, cuando emitió esa decisión ni siquiera había empezado el trámite, no se puede suspender lo que no ha empezado. Su competencia es única y exclusivamente para determinar la fecha de los hechos delictivos que se le imputan al acusado», dijo el exmagistrado.

Entre tanto, Ernesto Lucena, decano de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, enfatizó que la JEP no debe estudiar el caso ni pedir pruebas, solo limitarse a determinar la fecha y que lo más recomendable sería que el trámite concluya según la intención de las autoridades estadounidenses. 

«En el ánimo de la colaboración que siempre se ha tenido frente al flagelo del narcotráfico es evidente que esa extradición se debería dar. Desde el punto de vista no solo jurídico sino moral, el Presidente de la República está en el deber de firmar la extradición del señor Jesús Santrich», declaró Lucena.

El decano, al contrario de lo que considera el ministro, estima que este procedimiento debería desarrollarse de forma expedita, en el tiempo mínimo establecido, que son dos meses.

En la solicitud de extradición que la embajada de Estados Unidos en Colombia hizo llegar al Ministerio de Justicia está incluido un expediente de 244 folios en los que se narra cómo una organización narcotraficante, que se identifica como ‘La Familia’, conspiró, en el 2017, después de la firma del proceso de paz, para intentar exportar 10 toneladas de cocaína al extranjero. 

 

PREGUNTAS CLAVE SOBRE LA EXTRADICIÓN

 

¿Plazo para decidir?

Dentro del trámite establecido por la normativa vigente el Ministerio de Justicia procederá a revisar los 244 folios que sustentan el pedido formal de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos y en los cinco días hábiles siguientes, término establecido por ley, dicha documentación se enviará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que determine a más tardar en 120 días (a mediados de octubre), la fecha  en que Santrich supuestamente participó de una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína al país del norte.

Si la JEP encuentra que el delito fue cometido por Santrich antes del 1 de diciembre de 2016, fecha establecida en el Acuerdo de Paz como límite para cualquier delito cometido por los desmovilizados de las Farc, asumirá la investigación y el pedido de extradición queda archivado.

En caso contrario el expediente corresponde a la justicia ordinaria y sigue el proceso de extradición, que según explicó el ministro de Justicia, Enrique Gil, podría tomar entre 4 y seis meses, el cual finaliza con la firma del presidente de la República.

 

¿A qué gobierno corresponde decisión?

El presidente Santos dijo hace unas semanas que de comprobarse que el exguerrillero delinquió después de la firma del acuerdo de paz, “no me temblará la mano para extraditar a Santrich”.

No obstante ello no estaría en sus manos porque si la Sección de Revisión de la JEP se toma los 120 días que tiene para determinar la fecha de ocurrencia del presunto delito, una vez la Fiscalía entregué el material probatorio, y si el expediente pasara a la justicia ordinaria, la decisión sobre extraditar a Santrich corresponderá al nuevo presidente de la República: Iván Duque o Gustavo Petro.

Precisamente los candidatos ya han fijado su postura en caso de que les toque tomar esta decisión. Duque aseguró que si comprueba que Jesús Santrich incurrió en narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz será extraditado.

“Si el señor Santrich, como lo ha dicho el Fiscal y como lo han validado las autoridades con las que tenemos cooperación, cometió el delito establecido con posterioridad a la firma del acuerdo, será extraditado”, dijo Duque.

 

¿Qué pasa si lo extraditan?

La captura de Santrich produjo el remezón más fuerte en el proceso de paz tras la firma del acuerdo porque la dirigencia de Farc calificó como un montaje y además criticó el hecho que el caso fuera asumido por la justicia ordinaria y ni por la JEP.

Bajo estas consideraciones Luciano Marín, alias Iván Márquez, salió de Bogotá rumbo a la zona de capacitación de Miravalle en Caquetá y amenazó con no regresar y no ocupar una de las 10 curules en el próximo Congreso a que tiene derecho el partido Farc hasta que, según, él les den garantías jurídicas.

Si bien el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, censuró la captura de Santrich, también hizo un llamado a seguir cumpliendo el acuerdo. “En el momento en que firmamos el acuerdo aceptamos la Constitución y las leyes y es nuestro deber actuar ajustados a ellas”, indicó.

Una eventual extradición de Santrich impactará seguramente en el proceso de paz, incluso podría hacer que muchos excombatientes, no se descarta excomandantes, abandonen la ruta de reincorporación aduciendo falta de garantías. Más teniendo en cuenta información de medios norteamericanos, los cuales aseguran que la DEA tiene también pruebas de que Márquez participó en narcotráfico tras el acuerdo.

No obstante estaría descartado que las Farc se salgan del proceso de paz y retomen las armas, según lo han señalado Londoño y otros dirigentes como Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, pero una eventual extradición de Santrich sí generaría un clima de desconfianza  y de recriminaciones de esta organización al entrante gobierno.

 

¿Qué pasa si no lo extraditan?

La polarización en el país que ha generado el acuerdo de paz con las Farc se ha notado también en la forma como se observa la JEP, pues mientras que los defensores del proceso ven natural su existencia para aplicar justicia transicional por los delitos más graves cometidos en el conflicto por los distintos actores; los opositores del acuerdo consideran que no ofrece ninguna garantía para que se aplique justicia y, por el contrario, han afirmado que otorgará impunidad a los integrantes de las Farc.

Incluso el Centro Democrático y otros opositores  del proceso de paz han puesto en discusión la forma como se escogieron los magistrados de la JEP y la imparcialidad de éstos en la toma de decisiones.

En ese sentido si la JEP determina que el presunto delito fue cometido antes de la firma del acuerdo de paz, Santrich no será extraditado, a pesar de que según la DEA fue todo lo contrario.

 

¿Relación con Eln?

Si para la época de la eventual extradición de Santrich, aproximadamente en marzo de 2018, está en pie la mesa de negociación con el Eln, seguramente este hecho será censurado por esta guerrilla.

Vale recordar que tras la captura de Santrich el Eln señaló en un comunicado que es “una bofetada a los acuerdos y demuestra la nula voluntad del régimen para facilitar un verdadero proceso de paz”.

No obstante este antecedente es previsible que por la eventual extradición de Santrich el Eln no pase de algunos pronunciamientos y críticas. Impensable sería que se levante de la mesa, más teniendo en cuenta que estas dos guerrillas lo único que las unió fue levantarse en armas contra el Estado, pero en muchas ocasiones se enfrentaron, incluso militarmente.

Incluso si este hecho fuera tratado de aprovechar por el Eln para que sus integrantes ya desmovilizados quedaran blindados contra la extradición en un eventual acuerdo, seguramente el nuevo gobierno no les daría más de lo que obtuvieron las Farc, es decir, que no serán entregados a la justicia de otro país si no cometen delitos tras la firma de un pacto de paz.

Bogotá Colprensa.