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HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

EDITORIAL

La Procuraduría y la Defensoría, parte de la torta

El Ejecutivo, las altas Cortes y el Congreso, tienen por delante un suculento plato burocrático para este segundo semestre. La agenda estará marcada por la elección de Procurador General de la Nación y, poco más tarde, del Defensor del Pueblo, hechos que mueven las pretensiones de muchos de los que aspiran a ocupar altos cargos en el organigrama del Estado colombiano y de quienes esperan conservar las parcelas de poder que actualmente tienen.

Tras bambalinas se están moviendo partidos y movimientos políticos, expresidentes, aquellos que pretenden ser candidatos a la Presidencia de la República y todos los que consideran tener papel protagónico e influencia en el espectro político nacional.

Pero primero que todo dos de las altas Cortes, la Suprema y el Consejo de Estado, tienen toda la expectativa en la escogencia de sus candidatos para postular ante el Congreso al cargo de Procurador General. Últimamente ha sido el Consejo de Estado el que ha ganado la partida ya que su candidato en los últimos 12 años es el que finalmente ha resultado elegido por parte del Senado. Y ello como consecuencia de las facultades electoreras que las dotó a manera de ´pastel envenenado´ el Constituyente del 91, el cual jamás imaginó que tan loable procedimiento terminara embadurnado con el pago de favores, con el nombramiento de familiares de los magistrados en esos altos cargos, ni con la barahúnda de triquiñuelas que a lo largo de casi 30 años han quedado al descubierto.

No hay dudas que en la selección de los próximos Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo, habrá intensa puja política, lo que puede llevar a que resulten elegidos no quienes más merecimientos, sensatez y conocimiento tengan, sino celosos guardianes de una determinada parcela de poder, y la historia señala que cada vez que ello ocurre, son los valores y la institucionalidad los que resultan letalmente heridos.

Es decir, en las elecciones tanto de Procurador como de Defensor del Pueblo, que son las cabezas del Ministerio Público del país, está en juego buena parte de nuestra democracia y si logran primar los intereses personales, retrocederán la estructura del Estado, muchos de los más caros valores republicanos y la división misma de los poderes públicos, esos que con sacrificio se han ido edificando a lo largo del tiempo que como Estado Nación llevamos en el panorama internacional.

Así, lo que está en juego no es quién o quiénes son más hábiles para imponer los nombres del Procurador General de la Nación y, poco después, del Defensor del Pueblo, sino el presente y el futuro del Ministerio Público, del control de los órganos del Estado y de la administración, es decir, de quienes vigilan y controlan a quienes administran el Estado, a quienes hacen las Leyes, a quienes desempeñan funciones públicas, de quienes investigan a los funcionarios públicos y les imponen sanciones por violar la Ley y los bienes jurídicos.

Ojalá se elija a los más honestos, ponderados, de juicio más equilibrado e imparciales, personas que no deban nada a nadie más que a sus propias capacidades el haber sido elegidos. Si ello no se logra, se causará gran daño a la República y regresamos a lo mismo de antes.