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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

EDITORIAL

Espacios públicos libres de marihuana y alcohol

Respiran nuestros niños, adolescentes y adultos otro aire distinto en aquellas zonas de espacio público inundadas por el consumo de drogas.

La ´sentencia bacana´ está herida de muerte, aun sobrevive y para que muera se necesita otra iniciativa legislativa que le aseste el golpe de gracia para que por fin desaparezca y podamos recuperar a las actuales y futuras generaciones del engendro de la droga cuyo consumo fue elevado a rango constitucional por una Corte que muy seguramente ese día quienes aprobaron el fallo se la ´fumaron verde´.

En un país en donde el consumo de estupefacientes ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos años, toda medida que se tome en la dirección de evitar que las personas caigan en las garras de la drogadicción debe ser respaldada de forma decidida por todo el país.

Luego de la sanción por parte del Presidente de la República sancionó la Ley 2000 de 2019 que modifica los códigos de Policía y Convivencia Ciudadana y el de la Infancia y la Adolescencia done se establecen medidas para restringir el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en los lugares habitualmente concurridos por menores de edad, como entornos escolares y espacio público, la sociedad se siente un poco mas tranquila.

Se trata, sin duda, de la medida legal más importante de la última década para combatir el microtráfico, que según un estudio realizado tiempo atrás por Planeación Nacional ya mueve más de seis billones de pesos al año.

Para nadie es un secreto que a partir de la jurisprudencia constitucional que despenalizó el porte de la dosis personal de droga, que tuvo luego desarrollos aún más arriesgados en cuanto a lo que significa la “dosis de aprovisionamiento” y por qué no puede judicializarse, los índices de drogadicción en Colombia han venido aumentando año tras año, con el agravante no solo de que los niños caen en el vicio a edades cada vez más tempranas, sino que acceden con mayor facilidad a estupefacientes tradicionales y de nueva generación, unos y otros con un mayor poder para crear dependencia entre los consumidores.

Todo lo anterior llevó a que los parques, escuelas, colegios y universidades se convirtieran no solo en los espacios preferidos de los jíbaros para distribuir drogas, sobre todo captando a jóvenes de todos los estratos sociales, sino que los consumidores prácticamente se adueñaron de esos entornos. Si bien la Policía y demás autoridades intervenían para llamar la atención sobre el riesgo que significaba el consumo de drogas en áreas públicas, lamentablemente no podían hacer más. Esto llevó a que los uniformados y las comunidades, de forma resignada, tuvieran que empezar a alejarse de parques y polideportivos ya que no querían exponer a sus hijos al peligro de caer en este ruinoso vicio.

Contrario a la tesis del anterior gobierno, que incluso llegó a señalar la necesidad de empezar a analizar la viabilidad del sendero de la legalización de las drogas, el actual, desde la misma campaña electoral, prometió que corregiría el rumbo con el fin de proteger a las nuevas generaciones del riesgo de la drogadicción y recuperar los parques y entornos escolares para el sano disfrute y uso de las mayorías. También se puso como meta prioritaria asestarle un golpe contundente a las bandas de microtráfico, que se han convertido en los últimos años en la mayor amenaza a la seguridad y convivencia ciudadanas. Es más, desde octubre del año pasado entró en vigencia un decreto presidencial que permitía sancionar el porte de la dosis personal de droga en estos espacios públicos. La norma, pese a las demandas en su contra, mantiene su aplicación, según reciente fallo del Consejo de Estado.

A ello se suma que si bien la Corte Constitucional dejó sin piso algunos artículos del Código de Policía que buscaban sacar a los drogadictos de los parques, polideportivos y entornos estudiantiles, dejó en claro que el Estado y las autoridades tenían otras alternativas para proceder en ese sentido, de forma tal que se buscara un equilibrio entre los derechos individuales y colectivos, respetando la aplicación prevalente de los de los menores. Precisamente sobre la base de esa directriz jurisprudencial se impulsó el proyecto de ley que fue aprobado semanas atrás por el Congreso de forma mayoritaria y sancionado el viernes pasado por el Presidente de la República. Serán los alcaldes, tanto los salientes como los entrantes, los encargados de señalar las zonas en donde se aplicará preferencialmente la restricción, en tanto las autoridades de Policía y otras instituciones podrán tener máxima claridad sobre el cómo, cuándo, dónde y por qué intervenir para proteger a los menores de edad de caer en el vicio así como para asistir en la rehabilitación de quienes ya son drogadictos. También se despeja el camino para detectar y judicializar de forma más eficaz y drástica a los jíbaros. Los derechos de los consumidores consuetudinarios quedan protegidos, siempre y cuando no afecten a terceros con su proceder.

Enhorabuena, pues, la entrada en vigencia de esta nueva ley. Todo el país clamaba por una norma en ese sentido, y tanto el Congreso como el Gobierno supieron actuar en consecuencia. Ahora lo importante es recuperar lo más pronto posible parques, entornos escolares y demás espacios públicos de alto impacto que los alcaldes consideren vitales para que los niños y jóvenes puedan crecer sin estar expuestos al infierno de las drogas. Un paso clave en una larga y muy difícil batalla.