Reforma sí, pero no así

Que Colombia necesita ajustar su sistema pensional es una realidad incuestionable. El modelo creado por la Ley 100 no logró su propósito de garantizar que la mayoría de la población colombiana pueda asegurar unas mínimas condiciones materiales para llevar una vida digna en la etapa de la vejez. Hoy, solo una de cada cuatro personas en edad de retiro laboral logra acceder a una pensión.

Así las cosas, la necesidad de una reforma pensional no está en discusión. Pero lo que sí genera grandes dudas es el tipo de reforma que el Senado de la República acaba de aprobar, en un debate en el que la negociación política se impuso sobre el rigor técnico.

Las alarmas que se han encendido desde diferentes sectores sobre lo aprobado están plenamente justificadas. En primer lugar, porque todas las estimaciones, incluso las del Gobierno, evidencian que la plata del sistema no alcanzará en el futuro para pagar el pasivo pensional.

Y esto obedece a un hecho simple, pero contundente, que no es posible alterar: en el país hay cada vez menos jóvenes y cada vez más viejos. Por ello, el Estado tendrá que asumir en el futuro una carga económica cada vez más pesada para cumplirles a quienes se vayan pensionando. ¿De dónde saldrá ese dinero? La actual reforma no lo resuelve. Por ello la Ministra de Trabajo debió admitir que será necesario tramitar otra, en aproximadamente 15 años. Lo cual ya expone una debilidad estructural del proyecto que se aprobó en el Senado.

En realidad, ello obedece a que el Gobierno, en una clara actitud populista, no incluyó en la reforma un asunto de fondo que todos los técnicos señalan como imprescindible para asegurar la sostenibilidad económica del sistema a largo plazo: el aumento de la edad de pensión. En vez de ello optó por proponer que una porción muy alta del salario de cada trabajador vaya al pilar contributivo, que es el que hoy maneja Colpensiones. Es el famoso umbral, que el Gobierno pedía dejar en 3 salarios mínimos, pero que el Senado logró bajar a 2,3.

Ya con esta última cifra, el impacto para las finanzas públicas del país será de una magnitud enorme: se estima que el pasivo pensional llegará a ser un 179,3% del valor del Producto Interno Bruto. Pero eso no es lo más grave. Pocas horas después de la votación en el Senado, el presidente Petro, sin ningún escrúpulo, rompió el acuerdo que había hecho con sus aliados y anunció que propondrá a la Cámara de Representantes subir el umbral a 4 salarios mínimos. Todos los economistas coinciden en que ello tendría un efecto catastrófico.

A lo anterior se suma otro conjunto de medidas, aparentemente bien intencionadas, pero en las que es imposible no notar un ‘tufo’ de conveniente populismo para un gobierno cada vez más impopular: se disfrazan de mesada pensional lo que, en realidad, son exiguos subsidios para miles de personas que están en condición de vejez y pobreza y no están cobijados por el sistema.

Así las cosas, se crea un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica muy grave en donde cada trabajador no sabe si lo que cotiza mensualmente junto a su empleador es un aporte que será respetado por los gobiernos de turno y cumplirá el propósito único al que está dirigido. Esto afectará necesariamente la ampliación de cobertura.

Como si todo lo anterior fuera poco, resulta evidente que los estimados que hacen Gobierno y sus bases parlamentarias se basan en que haya un sistema productivo dinámico, con un pie de fuerza laboral sólido y creciente. El problema de fondo aquí es que durante esta Administración la economía se ha descolgado hasta los límites recesivos, el desempleo está volviendo a crecer y se prevé que este año el PIB a duras penas llegue al 1%.

Como se ve, el proyecto de reforma pensional que llega a la Cámara, en donde el Gobierno tiene mayor margen de acción política y es más efectivo ofreciendo canonjías presupuestales y burocráticas, puede que sea aprobado, pero allí a que sea la solución que todo el país estaba esperando al sistema de jubilación hay mucho trecho.

Estos, y otros asuntos, son los que la Cámara de Representantes deberá abordar con enorme sentido de responsabilidad al momento de discutir y votar la reforma. Porque el futuro del país está en juego.