Una nueva denuncia involucra al empresario del entretenimiento Ricardo Leyva Páez y a su sobrino Juan Camilo Velásquez Leyva en una presunta transferencia no autorizada de 996 millones de pesos provenientes de un contrato suscrito en 2019 para la producción de las ceremonias de los Juegos Nacionales en Cartagena.

De acuerdo con la versión de la denunciante, la productora Raquel Sofía Amaya, conocida actriz y empresaria del sector audiovisual, el dinero habría salido de la cuenta de la Unión Temporal Erreconerre Creativos, creada para ejecutar el contrato con el Comité Olímpico Colombiano, sin su conocimiento ni consentimiento.

Los hechos se encuentran hoy bajo revisión de la Fiscalía General de la Nación, que recientemente habría mostrado un renovado interés en esclarecer lo ocurrido.

La transferencia bajo sospecha

Según la ampliación de denuncia radicada este año y la denuncia formal presentada ante la Fiscalía , el 8 de noviembre de 2019 Juan Camilo Velásquez, quien figuraba como representante legal suplente de la Unión Temporal, habría ordenado la transferencia de 996.007.136 pesos a la empresa Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., cuyo representante legal es Ricardo Leyva Páez.

La denunciante sostiene que la tarjeta de firmas autorizadas no estaba formalizada, que ella no estaba ausente y que Velásquez solo podía actuar en suplencia. El banco Davivienda reconoció posteriormente que la legalización de las firmas ocurrió al día siguiente de la transferencia, lo que para la denunciante demostraría un posible abuso en el manejo de los recursos públicos del contrato.

La Fiscalía estudia si estos hechos podrían adecuarse a los delitos de abuso de confianza calificado y administración desleal, en tanto la operación habría comprometido dinero de origen público.

El contrato con el Comité Olímpico, que ascendía a 2.984 millones de pesos, contemplaba un anticipo del 60% para iniciar la producción de la ceremonia inaugural y de clausura de los Juegos Nacionales realizados en noviembre de 2019. Ese anticipo fue consignado en la cuenta de la Unión Temporal días antes de la transferencia cuestionada.

Amaya asegura que, tras la salida del dinero, se habría visto obligada a aceptar la participación de Ave Fénix en la ejecución del contrato para evitar incumplimientos, generando un sobrecosto que calcula en 1.091 millones de pesos frente a otras cotizaciones recibidas para la misma operación.

Otra alerta: una declaración tributaria que apareció firmada por el sobrino

En agosto de 2024, la DIAN emitió un oficio informando de un pasivo penalizable a la Unión Temporal. En ese documento figura una declaración de retención en la fuente presentada en enero de 2020 y firmada por Juan Camilo Velásquez, algo que la denunciante también afirma no haber autorizado.

Este elemento habría reforzado la hipótesis de un manejo irregular reiterado sobre información y decisiones tributarias de la sociedad.

El pasado jueves, durante una reunión en el Búnker, la fiscal Isis Carolina Rojas habría expresado interés en el expediente. Según supo La FM, la funcionaria consideraría que el caso presenta características que podrían sugerir un patrón, especialmente por los vínculos recurrentes entre Leyva y su sobrino en varias sociedades del sector de entretenimiento.

Fuentes cercanas al proceso señalan que la Fiscalía analiza indagar si Juan Camilo Velásquez continúa operando en el mercado a través de una empresa denominada Juan Velásquez Entretenimiento, lo que podría aportar información sobre nuevas estructuras societarias relacionadas.

Los antecedentes recientes de Ricardo Leyva

La nueva denuncia aparece en un contexto complejo para Leyva Páez, mencionado recientemente en otros hechos, incluyendo las denuncias de maltrato que involucran a la periodista Karen Santos, quien afirmó haber sido víctima de agresión y amenazas.

Aunque estos hechos corresponden a procesos separados, la denunciante en el caso de la Unión Temporal sostiene que existe un patrón de comportamiento y advierte que la Fiscalía debería revisar posibles conexiones.

En qué va el caso

El proceso penal lleva varios años en indagación. En un derecho de petición enviado este año, la denunciante pidió explicaciones por los cambios de procedimiento y por la poca actividad procesal registrada desde 2021.

Tras la reunión con la fiscal Rojas, el caso podría retomar impulso investigativo con cruces bancarios, inspecciones judiciales y nuevas declaraciones.

/LaFM