Con el objetivo de identificar señales de peligro antes de que la violencia escale a niveles letales y evitar que las mujeres sigan repitiendo su historia de dolor ante múltiples entidades, el Ministerio de Justicia presentó una nueva guía técnica de valoración de riesgo de feminicidio que obligará a las autoridades a analizar factores de amenaza en el entorno familiar de mujeres mayores de catorce años mediante herramientas estructuradas compartidas.

La adopción oficial de este mecanismo se formalizó a través de la Resolución 0362 del 5 de marzo de 2026, en respuesta a un panorama crítico que dejó 1.373 feminicidios y 3.056 tentativas en el país entre los años 2016 y 2025. La gravedad del fenómeno se vio especialmente durante 2024, considerado el año con el mayor número de crímenes letales contra las mujeres, cuando el territorio nacional registró en promedio un feminicidio cada 24 horas.

Frente a esta escalada sostenida, los expertos que diseñaron la herramienta explicaron que el desenlace fatal rara vez ocurre de manera repentina, pues la agresión se construye progresivamente.

"Esta violencia no surge de forma aislada, sino en contextos de opresión sistemática, donde confluyen agresiones físicas, sexuales, psicológicas y económicas que, en muchos casos, preceden la muerte de la víctima", precisaron los analistas institucionales.

Tres frentes de evaluación técnica

El Ministerio de Justicia detalló que la nueva guía abandonó las evaluaciones genéricas y ordenó la aplicación de tres instrumentos actuariales específicos, adaptados al tipo de victimario y a la relación con la víctima. Esta segmentación garantizó una medición precisa del riesgo a través de los formatos FIR-R, DA-R y C2.

Para los casos de violencia en parejas o exparejas heterosexuales, los profesionales aplicaron el Formato de Identificación de Riesgos Revisado o FIR-R. El documento precisó que esta herramienta clasifica el peligro en niveles bajo, moderado o alto mediante veintidós preguntas. El sistema determinó que la presencia de factores críticos, como intentos previos de asfixia o agresiones con armas, remite el caso al "nivel de riesgo alto" de manera inmediata.

La guía también incorporó el instrumento DA-R, diseñado exclusivamente para predecir el riesgo en parejas conformadas por mujeres. Los expertos aclararon que este cuestionario reconoce particularidades propias de estas relaciones, como "el impacto del estigma social, el temor a reforzar estereotipos negativos y las barreras particulares que enfrentan al buscar ayuda". El análisis midió factores específicos como la amenaza de revelar la orientación sexual, los cuales operan como facilitadores de la agresión.

Por último, la entidad presentó el formato C2 para valorar el peligro en relaciones de cohabitación y cuidado. El ministerio explicó que este instrumento llenó un "vacío crítico en la literatura internacional", ya que identifica violencias ejercidas por familiares que comparten techo o personas encargadas del cuidado de la mujer. La evaluación rastreó agresiones silenciosas, y concluyó que en estos contextos operan dinámicas de "aislamiento social, la dependencia económica o funcional, la limitación de opciones de escape, y la normalización de relaciones de poder asimétricas".

Uno de los mayores obstáculos para la protección oportuna radicaba en la fragmentación de la información estatal, un problema que este protocolo solucionó al articular directamente a las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Esta integración unificó los criterios de alerta y garantizó que los datos del riesgo circulen entre las dependencias, evitando que las denunciantes enfrenten un sistema que las revictimiza obligándolas a narrar sus traumas en cada ventanilla judicial.

Las autoridades concluyeron que la percepción de seguridad es un factor de vida o muerte, ya que cuando las ciudadanas perciben ineficiencia o sesgos burocráticos se debilita la cultura de la denuncia y el peligro de violencia letal aumenta silenciosamente en la impunidad de los hogares.

/Colprensa.