Esa entidad señaló que ha ejecutado cientos de salidas de extranjeros por irregularidades y razones de seguridad.

Migración Colombia ha registrado 310 casos de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros en lo corrido de este 2026, como parte de acciones administrativas para garantizar el orden público, la seguridad nacional y el cumplimiento de las normas migratorias.

Según la entidad, las principales causales de las medidas incluyen la presentación de documentación fraudulenta, la permanencia irregular en el país, el desarrollo de actividades no autorizadas con permisos de ingreso, y requerimientos de autoridades judiciales, al igual que notificaciones internacionales o solicitudes de Interpol.

De los casos reportados, 157 corresponden a deportaciones, en su mayoría por irregularidades en el ingreso o permanencia en Colombia. Estas situaciones se concentraron principalmente en regiones como Nariño, con 51 casos; el oriente, con 24; Atlántico, con 19; el Eje Cafetero, con 17 y Antioquia, con 16.

Las expulsiones ocupan casi la mitad de los casos

La Regional Andina, que cubre Bogotá y otros departamentos, registró 14 casos.

En cuanto a expulsiones —una medida más restrictiva— se contabilizan 153 casos, liderados por la regional Oriente, que ejecutó 57, seguida de la Andina, con 23; Antioquia, con 19 y Nariño, con 12, las mismas del Aeropuerto El dorado.

Las decisiones obedecen a conductas que, según la autoridad, afectan la seguridad, la salubridad o la convivencia ciudadana, o responden a órdenes judiciales.

¿Qué diferencia hay entre expulsión y deportación?

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que las actuaciones se realizan bajo el marco de la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso de los ciudadanos extranjeros.

Aunque la expulsión y la deportación implican la salida forzosa del país, tienen diferencias clave: la deportación conlleva una prohibición de ingreso que puede ir de seis meses a diez años, mientras que la expulsión impone un veto mínimo de cinco años sin posibilidad de recurso, además de exigir visa para un eventual retorno.

Los datos mantienen la tendencia observada en 2025, cuando se registraron 1.652 casos a nivel nacional.

Solo en la Regional Andina, con énfasis en Bogotá, se ejecutaron más de 150 órdenes de salida, muchas de ellas con traslado a zonas de frontera o retorno aéreo a los países de origen.