La corporación encontró que no es competente para indagar a un ministro, pese a haber tenido funciones delegatarias presidenciales.

Tal y como lo había anticipado La FM, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes canceló la diligencia a la que había citado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dentro de una investigación previa que le abrió de manera inédita.

Fuentes confirmaron a La Fm que tras la revisión de una sentencia de la Corte Constitucional, en la Comisión de Acusación encontraron que no son competentes para indagar a un ministro, pese a haber tenido funciones delegatarias, razón por la cual el proceso será enviado a la Fiscalía General de la Nación.

En la sentencia que se revisó, encontraron que el hecho de que un funcionario haya tenido funciones delegatarias, eso no le da fuero presidencial.

¿Por qué le abrieron investigación a Minsalud?

La investigación que le abrieron al ministro Jaramillo se da por presuntas irregularidades que se habrían presentado en la posesión de Bernardo Camacho como superintendente de Salud, en hechos ocurridos en octubre del año pasado.

La indagación se sustenta en el hecho de que esta posesión se habría adelantado pese a que Camacho estaba presuntamente inhabilitado para asumir ese cargo, tras haberse desempeñado como interventor de la Nueva EPS.

Además, en la copia de la denuncia que llegó a la Comisión de Investigación y Acusación, se pide determinar si es cierto que se habrían utilizado recursos de dicha entidad de salud para pagar millonarias sanciones de multas que se habían impuesto contra Bernardo Camacho, por incumplimiento de tutelas.

Citación a Minsalud

El ministro de Salud había sido citado a la Comisión el pasado martes 21 de abril, pero Jaramillo no acudió a la citación y la misma se reprogramó para este viernes 24 de abril, pero la diligencia se canceló precisamente por falta de competencia en este caso y por la decisión de remitir el proceso al organismo correspondiente.

Será la Fiscalía General de la Nación la que continúe adelante con esta investigación para determinar si el funcionario del Gobierno incurrió o no en algún delito, como posible prevaricato, entre otros.