37 organismos de tránsito del país están siendo investigados por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos popularmente como fotomultas.

Las investigaciones de los entes de control permitieron identificar posibles irregularidades especialmente relacionadas con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.

Durante la investigación se identificó que 12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño, 7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros, y 18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación son Cali: 2,7 millones de comparendos, Medellín: más de 717 mil comparendos, Bogotá: cerca de 294 mil comparendos, Barranquilla: más de 131 mil comparendos

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, indicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La Superintendencia de Transporte identificó además que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.

La investigación podría producir que las autoridades investigadas devuelvan estos recursos y podría enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado.

“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, concluyó el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros.

/Colprensa.