La Corte Suprema de Justicia retomó este martes el juicio penal contra Camilo Romero y Mario Fernando Benavides, exgobernadores de Nariño, por el presunto manejo irregular del contrato con el que el departamento vendió 80.000 cajas de aguardiente en 2016. El proceso llega a esta etapa después de más de cuatro años de audiencias trabadas por aplazamientos y choques entre Romero y la Sala.

El caso se remonta a agosto de 2016, cuando la Gobernación de Nariño autorizó la venta de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño por más de 18.000 millones de pesos. Según la Fiscalía General de la Nación, ese negocio se adjudicó a una sola empresa, sin considerar otras propuestas ni verificar que cumpliera los requisitos. El ente acusador sostiene que las condiciones se fijaron por decreto entre el 24 y el 26 de agosto de ese año.

En esos días Romero estaba fuera del país y la Gobernación quedó en manos de Benavides, entonces secretario de Hacienda y gobernador encargado. La Fiscalía señala que fue Benavides quien fijó precios y autorizó la compraventa con la empresa Organización de Licores de Nariño. A Romero lo acusa de no haber vigilado esa operación, pese al peso que tenía en las finanzas del departamento.

Por estos hechos, la Fiscalía llevó a juicio a los dos exfuncionarios por presuntos delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, entre otros. Ninguno tiene condena en firme. Romero ha defendido que no hubo un contrato sino una venta, y que todo el dinero entró a las arcas de la Gobernación.

El juicio oral arrancó en enero de 2022 y desde entonces avanzó a tropezones. En septiembre de 2025, Romero se retiró de una audiencia en protesta porque la Sala le asignó una defensora suplente mientras su abogado, Miguel Ángel del Río, estaba incapacitado. El magistrado Ariel Augusto Torres Rojas decidió continuar y le advirtió que no permitiría más maniobras dilatorias.

Romero recusó a Torres y lo acusó de tener animadversión en su contra. La Sala rechazó la recusación el 3 de diciembre de 2025 y la declaró infundada, sin que procedieran recursos. El exgobernador calificó todo el proceso como una retaliación política.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación investigó el caso por la vía disciplinaria. Lo halló responsable de una falta grave a título de culpa grave y le impuso una multa cercana a los 32 millones de pesos. Romero anunció que apelaría esa sanción.

El proceso acompañó a Romero durante toda su fallida aspiración presidencial. El exembajador en Argentina anunció que buscaría la candidatura de la izquierda, pero finalmente no participó en la consulta del Frente por la Vida de marzo de 2026 y quedó fuera de la carrera. Hoy el juicio sigue, pero ya sin el foco de una campaña encima.

Por ahora el juicio continúa su curso en la Sala de Primera Instancia, sin una fecha pública para el fallo.

/ COLPRENSA