Cronología: Así ha sido el proceso judicial contra Alvaro Uribe Vélez

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El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez completa ya casi 9 años de una historia marcada por demandas, contrademandas, tutelas, recusaciones, cambios de competencia y hasta cambios de ley aplicable, que tienen hoy un nuevo episodio con la decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión de la investigación.

El proceso tuvo su génesis en el año 2012 cuando después de un debate en el Congreso, el expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda, por haber supuestamente ofrecido sumas de dinero y beneficios jurídicos a antiguos jefes paramilitares, para que estos declararan en contra del exmandatario y o señalaran de ser el presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas y autor de crímenes como la masacre del Aro.

Seis años después, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no había motivos suficientes para culpar a Cepeda de los delitos que se le acusaban, y reveló que, por el contrario, había encontrado pruebas en contra de Uribe y de cómo había, presuntamente, manipulado testigos que su abogado Diego Cadena se encargaba de contactar en las diferentes cárceles del país.

El 24 de julio del mismo año, la Corte decidió abrir la investigación formal en su contra.

A partir de ese momento inició una novela judicial que ha sido foco de la opinión pública desde su comienzo y que ha tenido varios momentos clave.
– 14 de septiembre de 2018: Se conoció que la Corte Suprema de Justicia interceptó por error el teléfono del expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo en el alto tribunal porque ese número aparecía en el expediente del excongresista chocoano Nilton Córdoba Manyoma. Esta interceptación se ordenó desde el 7 de marzo hasta el 22 del mismo mes.

– 19 de febrero de 2019: Tras la solicitud del expresidente de poner fin al proceso, con el argumento de que lo habían interceptado ilegalmente, la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal rechazó la solicitud.

– 16 de agosto del 2019: La sala de Instrucción del alto tribunal llamó a indagatoria a Álvaro Uribe para el 8 de octubre del mismo año. Una decisión que tardó un poco más de un año para ser tomada por orden de la Corte por los cargos de fraude procesal y soborno.

– 8 de octubre de 2019: El expresidente Uribe se presentó ante la Corte y rindió su declaración. Mientras afuera de la Corte Suprema se aglutinaban manifestantes a favor y en contra, el exmandatario expuso sus argumentos de defensa.

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– 4 de agosto de 2020: La Corte Suprema luego de más de dos años de investigaciones, ordenó prisión domiciliaria contra el expresidente Uribe, porque encontró evidencias de posibles riesgos de obstrucción a la justicia por parte del expresidente durante el recaudo de pruebas.

-12 de agosto de 2020: Álvaro Uribe fue reseñado como preso con el número 1087985, otorgado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para cumplir con su medida de casa por cárcel anunciada por la Corte ocho días atrás.

-18 de agosto de 2020: El expresidente Uribe envió una carta al presidente del Senado, Arturo Char, presentando su renuncia a la curul que ocupaba en el Senado de la República, desde 2014. Según Uribe, la medida de detención domiciliaria en su contra anula sus posibilidades de regresar al legislativo.

En la carta, el exmandatario también denunciaba violaciones en las garantías de su proceso, interceptaciones ilegales y filtraciones a políticos y periodistas.

Ese mismo día, la plenaria del Senado, con 82 votos a favor, 12 en contra, una abstención y un impedimento, aprobó la salida del funcionario de su puesto en el Congreso, con una clara oposición por parte de algunos senadores de la coalición opuesta al gobierno, quienes dijeron que aceptar su renuncia al Senado era una forma de burlar la justicia.

A partir de ese momento inició la discusión sobre si su proceso debía continuar en la Corte Suprema de Justicia o si debía pasar a la Fiscalía General de la Nación. Además, se presentó un debate sobre los verdaderos motivos que Uribe había tenido para salir del Senado.

-31 de agosto y 1 de septiembre de 2020 La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia  decidió enviar a la Fiscalía el expediente contra el expresidente Uribe. Esta decisión se notificó el 1 de septiembre y un día después, el senador Iván Cepeda presentó una recusación para apartar del caso al fiscal general, Francisco Barbosa, y la vicefiscal, Marta Mancera, al considerar que ambos tienen cercanía con el expresidente y con su partido político, recusación que luego fue rechazada por la Corte.

– 4 de septiembre de 2020 A partir de la decisión de la Corte el caso llegó oficialmente a la Fiscalía, donde fue asumido por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes.

En esa misma ocasión, Jaimes determinó que Uribe debía seguir cumpliendo la medida de detención domiciliaria, pues su proceso se adelantaba por medio de la ley 906, del Sistema Penal Acusatorio, que determinaba que debía ser un juez quien la revocara.

-8 de octubre y 10 de octubre de 2020 El fiscal del caso, Gabriel Jaimes, solicitó a la juez 30 de control de garantías dejar en libertad al exsenador, pues afirmó que a la luz de la ley 906, Uribe debe ser imputado antes de que se dicte una medida de aseguramiento como la que ordenó la Corte Suprema de Justicia.

Ante esta solicitud y luego de analizar los argumentos el 10 de octubre la juez 30 de control de garantías otorgó la libertad al expresidente, aceptando los argumentos de la defensa.

Esta decisión fue apelada por la defensa del senador Iván Cepeda, quien afirmó que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, ha asumido una posición parcializada en el caso, desechando las garantías de las víctimas del proceso, la cual fue rechazada tiempo después.

– 6 de noviembre de 2020 El juez Cuarto de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la decisión de que el expresidente pudiera afrontar el proceso en libertad, además tomó una decisión trascendental para el proceso pues consideró que en el proceso del exsenador Álvaro Uribe se podía equiparar la indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia, bajo el antiguo proceso que se surte bajo la Ley 600 del 2000, con la imputación de cargos, que hace parte del actual Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

Lo que significaba que todas las pruebas practicadas por la Corte Suprema de Justicia tenían validez y que no será necesario comenzar el proceso prácticamente desde cero.

En este caso lo que dijo el juez, básicamente, es que la información expuesta en medio de la indagatoria, en la que se identificó plenamente a la persona investigada, se le mencionaron los hechos investigados, se le vinculó formalmente al proceso y conoció los delitos por los que es llamado ante los estrados judicial, es una fiel muestra que es similar al proceso de imputación de cargos que realiza la Fiscalía ante un juez de garantías.

-15 de enero y 20 de enero de 2021 Por considerar que existe una clara violación al debido proceso en la decisión de equiparar la indagatoria con la imputación, los abogados del expresidente radicaron una tutela el 15 de enero, en contra del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá por la presunta violación al debido proceso.

A esta tutela se le sumó un nuevo ingrediente el 20 de enero cuando el fiscal del caso dijo que la indagatoria que en la Corte Suprema de Justicia le hicieron al jefe del Centro Democrático no puede equipararse a una imputación de cargos como lo sentenció el Juzgado Cuarto Penal de Bogotá el pasado 6 de noviembre.

– 27 de enero de 2021 El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que instauró la defensa de Álvaro Uribe Vélez, con la que buscaba que se tumbara la condición de imputado de su cliente investigado por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos, porque no son los magistrados los que deben decidir el nuevo rumbo del proceso, sino que ya es competencia de la Fiscalía. Esta decisión fue impugnada.

-5 de marzo de 2021 La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes que el fiscal a cargo del proceso contra Álvaro Uribe, Gabriel Ramón Jaimes, solicitará audiencia ante un juez de conocimiento para pedir la preclusión de la investigación contra el exmandatario.

Bogotá (Colprensa)

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