La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de Cartagena condenó a 25 años y 6 meses de prisión los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos por participar en la planeación y financiación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en una playa de Barú el 10 de mayo de 2022. Según la información oficial, los condenados sostuvieron varias reuniones y entregaron dinero a las personas que realizaron el homicidio. Una de las pruebas fue el hallazgo de una camioneta Toyota que, de acuerdo a la investigación, se habrían movilizado los condenados para sostener las reuniones con las personas que realizarían el crimen. Los condenados habían sido capturados en Rionegro (Antioquia) y en Bogotá. Al momento de la legalización de su captura, los detenidos aceptaron los cargos. Los hermanos Pérez Hoyos fueron señalados en la investigación por Francisco Luis Correa Galeano, el supuesto cerebro detrás del crimen, quien se encuentra negociando con la Fiscalía por colaboración. Este hombre aseguró que fueron ellos quienes lo contrataron para planear el asesinato. Según la investigación, los condenados habrían destinado 1.500 millones de pesos para financiar el asesinato. Durante la audiencia de condena, los hermanos pidieron perdón a la familia del fiscal Pecci. “Quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci,con pedirles perdón el señor no va (…), pero sí me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí y de corazón les pido que me perdonen a todos los de la sala, al señor y la señora Pecci y a la familia", manifestó Ramón Emilio Péres Hoyos durante la diligencia judicial. Los condenados tendrían vínculos con la organización criminal denominada "Los Paisas". Además de ellos, por este caso están siendo procesados otras cuatro personas identificadas como Cristian Camilo Monsalve, Marisol Londoño, Wendre Still Scott y Eiverson Adrián Zabaleta, así como Gabriel Carlos Luis Salinas quien permanece detenido en Venezuela. Los hermanos Pérez Hoyos deberán pagar su condena por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. COLPRENSA